Ya en 2021 la AEE ganó orden judicial para que un privado no pudiera secuestrar suplido de combustible, en circunstancias idénticas a las que rodean el control de NFE sobre desembarco de gas.

El gobierno pasó la semana pasada lamentándose de lo vulnerable que está el suplido de gas natural en la isla porque lo controla una empresa privada, como si nunca hubiera pasado un episodio en 2021 en el que el mismo gobierno pudo combatir exitosamente las pretensiones de un privado de secuestrar una facilidad por donde entra combustible.

A fines de 2021, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tuvo que sacar de servicio la unidad 6 de la Central San Juan porque no le llegó el diésel que necesitaba. La razón fue que el suplidor, Novum, no pudo descargar en el muelle en el que usualmente lo hacía y recurrió a un acuerdo con BEST Petroleum para hacerlo en el Cataño Oil Dock (COD) Ese muelle es una facilidad pública que la Administración de Terrenos (AT) tiene alquilada a cinco suplidores de combustible para que compartieran la infraestructura que hay allí para descargar su producto.

Se supone que, cuando una de las cinco vaya a descargar, las otras cierran sus válvulas para que funcione la operación. Pero en ese noviembre, la empresa PUMA no quiso cerrar su válvula para que BEST descargara el diésel de Novum, lo que causó que saliera de servicio la unidad 6 de la Central San Juan, creando un riesgo de apagones. De inmediato, la AEE sometió un interdicto para lograr una orden contra PUMA para que permitiera el despacho, y la consiguió.

Esto es similar a lo que se discutió la semana pasada cuando la gasífera New Fortress Energy (NFE) retiró una barcaza sin despachar gas natural como medida de presión para que el gobierno le apruebe un contrato de 15 años con valor de $20,000 millones para ser el único suplidor de gas natural licuado en la isla con términos que ya la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) señaló como leoninos.

La similitud no es solo por la amenaza de apagones que provocó la actuación de un ente privado, sino porque, igual que en 2021, NFE controla la única infraestructura de despacho de gas en la costa norte que, aunque ubica en un terreno público, está cedida con exclusividad mediante contrato a un ente privado.

Desde 2018, NFE tiene ese tipo de contrato que le cedió sin competencia la Autoridad de los Puertos (AP) y con el que tienen control exclusivo de los muelles A y B del Puerto Nuevo. Allí colocaron, sin permiso del gobierno federal, la instalación para recibir gas de barcazas y la controlan con exclusividad. La Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO) de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) citó ese hecho como una de las razones base por la que la negociación del contrato de 15 años fue unilateral y sin ningún otro suplidor que le creara competencia a NFE. En una carta en la que criticó la gestión de la 3PPO, la Junta también resaltó el control que ese contrato le da a NFE, pero se limitaron a aclarar que ellos no evaluaron el contrato de 2018 y no dieron indicio de que fueran a tomar acción ahora sobre el mismo con los poderes que le da la Ley PROMESA.

Desde que la controversia explotó el 12 de julio pasado con el retiro de la barcaza (que luego regresó y despachó), nadie en el gobierno ha dicho qué se va a hacer con el contrato de 2018 que firmó el exdirector ejecutivo de Puertos, Anthony Maceira Zayas.

Pero el caso de PUMA en 2021, que el actual zar de Energía, Josué Colón Ortiz vivió de cerca porque era el director de la AEE, provee una ruta que ya se caminó con éxito.

En 2021, tan pronto un privado actuó para evitar el despacho de combustible, la AEE sometió un interdicto y el tribunal lo concedió concluyendo que “el daño al interés público supera el posible daño privado”. En el caso del gas, esa intervención del privado podría ocurrir si NFE se rehúsa a obedecer una orden del gobierno para permitir el desembarco de gas por parte de otro suplidor en los muelles que controlan. En ambos casos, el control de parte del privado ocurre mediante un alquiler porque el terreno sigue siendo público. En 2021, como puede ocurrir ahora con NFE, había una controversia porque PUMA reclamaba titularidad sobre las tuberías y válvulas, pero la orden del tribunal fue que primero había que garantizar el suplido y después, en un proceso ordinario, se podía disputar la titularidad de la infraestructura porque estaba “en riesgo la estabilidad de todo el sistema eléctrico de Puerto Rico”.

Esa orden del Tribunal de Primera Instancia en 2021 fue avalada por el Tribunal de Apelaciones, el desembarco se realizó y, aunque la demanda sigue viva por otros aspectos, se convirtió en final la posición de que el interés público supera cualquier daño que pueda sufrir un privado en esas circunstancias.

Además, la confrontación con PUMA tuvo otra secuela que refleja, por lo menos, la negligencia del gobierno con el tema de asegurar que la isla siempre pueda recibir los combustibles que necesita su sistema eléctrico.

Independiente al proceso legal civil, el Negociado de Energía (NE) realizó una investigación administrativa en la que concluyeron que “corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo adoptar las medidas necesarias a largo plazo para garantizar la descarga de todo tipo de combustible en las plantas de generación de energía en todo Puerto Rico”. “Lo anterior, mediante todos los mecanismos que ostenta el Estado para garantizar el uso de las válvulas y los accesos necesarios a las plantas, así como la adopción de legislación para que las agencias administrativas que ostentan la titularidad de los terrenos por donde circulan las válvulas y/o tuberías garanticen el acceso cuando sea necesario”, añadieron.

Que se conozca, no se ha adoptado ninguna medida como esa por parte del Ejecutivo y Legislativo. En el informe en el que el NE emitió esta recomendación se consigna que la AEE no pudo proveer una lista completa de los contratos o titularidades que pudieran afectar que sus plantas tuvieran el suplido de combustible que necesitan. Tampoco tenía la corporación pública “un procedimiento de emergencia para aquellas instancias en las que no se puedan descargar o servir combustibles en sus plantas de energía”.

De hecho, lo que hizo la AEE fue desentenderse y decir que, como para ese momento ya habían pasado la operación de las plantas a Genera PR, era a ellos que le correspondía someter un plan de emergencia.

Y, aunque Genera PR llegó a someter al negociado algún material sobre garantía de suplido de combustible, la escaramuza con la barcaza de su matriz, NFE, dejó claro que, o no existen realmente planes o no se aplicaron. En la ristra de cartas que se han intercambiado en los últimos días, el zar llegó a exigirle a Genera que desarrollara un plan de emergencia, o contingencia, para garantizar el suplido de gas. En tanto, el operador privado le ripostó diciendo que no conoce de ningún otro suplidor de gas que no sea su matriz y que prefería que fuera la AAPP, en vez de ellos, los que pelearan con su matriz el tema de las reclamaciones que podían surgir por la suspensión del suplido de gas natural.

En el caso de 2021, el negociado dejó pasar la conducta de PUMA sin ni siquiera una multa, solo con una “censura enérgica”.

El contrato de 15 años con NFE no está descartado, sino que todavía está en negociaciones incorporando las objeciones que levantó la JSF. Pero nadie ha dicho hasta ahora cómo se va a atender la capacidad que tiene NFE de negarse a que otro suplidor de gas despache en los muelles y facilidades que ellos controlan por cesión del propio gobierno.

Para leer la resolución del Negociado de Energía, pulse aquí.

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