Aunque las cuentas de dep贸sito que mantiene el Gobierno de Puerto Rico en los bancos privados generan intereses, son las instituciones comerciales las que m谩s podr铆an estar benefici谩ndose de esta relaci贸n, debido a los intereses acumulados y la reinversi贸n de ese dinero en formas que generan aun m谩s ganancias para los bancos, como podr铆an ser bonos de Puerto Rico.

Esa posibilidad de reinversi贸n para la banca privada ocurre en momentos en que la isla atraviesa un proceso de reestructuraci贸n de deuda. De hecho, el pasado domingo la Junta de Control Fiscal anunci贸 un acuerdo con los bonos de Obligaci贸n General (GO por sus siglas en ingles), que según indican, reduce el servicio de la deuda en un 56%, o lo mismo que de $90.4 mil millones a $39.7 mil millones.

En medio de ese proceso de mediaci贸n de quiebra, las cifras exactas de lo que genera la banca privada y sus formas de reinversi贸n respecto a las cuentas de dep贸sito del Gobierno de Puerto Rico, son desconocidas, puesto que ni el Gobierno de Puerto Rico ni la banca comercial han querido revelar estos detalles.

Para abril de 2016, 129 agencias de gobierno y municipios estaban bajo contrato con el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), entre ellas el Departamento de Hacienda, que firm贸 un pacto ascendente a $9,360,000 con la entidad financiera privada para depositar los montos de 123 cuentas.

Las cuentas detalladas en el acuerdo, firmado por el entonces secretario Juan Zaragoza G贸mez, corresponden a la n贸mina, los beneficios de desempleo, los fondos de enfermedades catastr贸ficas y la compensaci贸n a v铆ctimas, entre otras.

El banco, a su vez, cobra por los diferentes servicios que ofrece, tal como hace con individuos, como el mantenimiento de la cuenta, que en uno de los contratos alcanza $150 al mes por cada cuenta, o las transferencias electr贸nicas.

Si es el caso de las 123 cuentas, un cobro de $150 mensuales por cada una igualar铆a a una ganancia de $18,450 al mes para el banco, o lo mismo que $221,400 al a帽o.

En un contrato posterior, firmado por el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, una de las cl谩usulas estipula que el banco no le pagar谩 a la agencia los intereses correspondientes al dinero depositado.

A principios de diciembre, Hacienda anunci贸 la recaudaci贸n de $49 millones en intereses únicamente en cinco cuentas bancarias que forman el 'Treasury Single Account' (TSA, por sus siglas en ingles). Esta es la cuenta operacional principal del Secretario de Hacienda, que en la actualidad mantiene un balance aproximado de m谩s de $8,000 millones de d贸lares.

Al pregunt谩rsele cu谩nto m谩s gener贸 el banco, Hacienda indic贸 que 'eso es informaci贸n de los bancos y no podemos proveer un estimado'. Al abordar al BPPR, que ostenta tres de las cinco cuentas TSA, la instituci贸n se帽al贸 mediante su portavoz que 'toda pregunta sobre la suma de intereses devengados debe ser dirigida al Gobierno dado que las leyes y regulaciones bancarias nos exigen mantener confidencial la informaci贸n de todos nuestros clientes'.

La reinversi贸n

El BPPR es solo una de las instituciones financieras en donde el Gobierno de Puerto Rico ha depositado el dinero, transferencia que se apoy贸 en la Ley 69 del 1991, conocida como la 'Ley para Regular los Dep贸sitos de Fondos Públicos y para Proveer Sobre su Seguridad', y en el Reglamento 5327 de Hacienda, llamado 'Reglamento para establecer los valores aceptables como colateral de fondos públicos depositados en instituciones financieras'.

Bajo las estipulaciones de esos estatutos y la Corporaci贸n Federal de Seguro de Dep贸sitos (FDIC, por sus siglas en ingles), cada instituci贸n financiera que opere en la jurisdicci贸n de los Estados Unidos debe garantizar esos dep贸sitos, o 'colaterizarlos'. Esto quiere decir que, en caso de que la instituci贸n financiera falle, el dinero de esa persona o entidad estar铆a asegurado.

Hacienda, bajo el mando del actual secretario Francisco Pares Alicea, confirm贸 que el Gobierno solo recibe intereses por los dep贸sitos.

En declaraciones escritas, el BPPR afirm贸 que 'la Ley para Regular los Dep贸sitos Públicos y el Reglamento 5327 establecen los tipos de instrumentos aceptables como colateral de fondos públicos. La Ley y el Reglamento requieren que el Banco Popular provea instrumentos de bajo riesgo como colateral para garantizar la disponibilidad de los fondos públicos. Este colateral es propiedad del banco; el dep贸sito es el que le devenga intereses al gobierno como cliente'.

Cuando se desempe帽aba como director ejecutivo de la Autoridad de Asesor铆a Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega asegur贸 a NotiCel que, tras las elecciones en el 2016, Hacienda organiz贸 un proceso de licitaci贸n para estas cuentas de dep贸sito del Gobierno, con el fin de que el fisco devengara el interes m谩s alto 'y el colateral sea de mejor calidad'.

En una primera fase, se complet贸 el proceso para $1,000 millones 'y se continuar谩 haciendo para acabar de tener todas las cuentas para el periodo que tengamos esta liquidez acumulando el interes mayor posible para el Gobierno'. Aunque se le pregunt贸, en ese momento Sobrino Vega no abord贸 cu谩nto era la suma de esos intereses.

Una forma de 'colaterizar' esos fondos, según la Ley 69-1991 y el Reglamento 5327, es convirtiendolos en bonos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con vencimientos u obligaciones a corto plazo, en pagares hipotecarios asegurados por la Administraci贸n de Vivienda Federal o certificados interinos, entre otros.

Es el Secretario de Hacienda, en este caso Pares Alicea, quien decide que opci贸n se escoger谩 para efectuar la garant铆a.

'Los dep贸sitos se colaterizan por la cantidad que sobrepase el balance asegurado por la FDIC con valores o diversos instrumentos que incluyen, pero no se limitan a, los bonos del Tesoro federal. Estos valores o instrumentos son identificados en la Ley 69-1991, según enmendada, y en la reglamentaci贸n establecida por el Secretario de Hacienda, y constituyen garant铆a colateral suficiente para estos dep贸sitos', explic贸 Hacienda por escrito a traves de su portavoz.

Según los Estados financieros auditados, publicados por la administraci贸n del gobernador renunciante Ricardo Rossell贸 Nevares, es pol铆tica del Estado Libre Asociado (ELA) que un m铆nimo del diez por ciento de la cartera total se mantenga en bonos del Tesoro de la naci贸n norteamericana que sean altamente negociables o instrumentos de inversi贸n de un d铆a para otro.

Esos colaterales, por su parte, son custodiados por la instituci贸n financiera y, de su valor en el mercado sobrepasar la totalidad de los fondos depositados, 'el Secretario [de Hacienda] a petici贸n de tal depositario podr谩 devolver el colateral en exceso y ejercer谩 su discreci贸n para determinar la clase o clases de valores designados que devolver谩 al depositario designado', según la Ley 69-1991.

Los Estados financieros auditados dan cuenta de esta disposici贸n al afirmar que todos los valores comprometidos como garant铆a son mantenidos por los bancos en nombre del ELA, a modo que una parte de esos intereses ingresan al Fondo General de Puerto Rico, pero otra parte no lo hace.

Es decir, mientras que podr铆a haber un beneficio para el Gobierno, el banco comercial en el cual esten depositados los dineros de Puerto Rico tambien se beneficia a traves del cúmulo de intereses y las diversas manifestaciones de los colaterales.

'Los intereses del dep贸sito se incluyen en una ganancia del Tesoro Estatal, los ingresos de la colateral no, son del tenedor […] Una cosa que se ha hecho es que se han comenzado a diversificar los tenedores de esos dep贸sitos porque, de nuevo, cuando se hizo esa transferencia inicial, nadie esperaba que la liquidez iba a llegar a ese nivel por T铆tulo III en la medida en que ha llegado, hemos depositado en varios bancos, no solamente en Popular', explic贸 Sobrino Vega, quien tambien fung铆a como el principal oficial financiero del gobierno (CFO, en ingles).

En el caso de las cinco cuentas TSA, tres est谩n en el BPPR, una se encuentra en Citibank, N.A., y la remanente est谩 en el Banco Santander de Puerto Rico. Este diario digital suministr贸 preguntas adicionales a Sobrino Vega mientras ocupaba sus cargos en relaci贸n a las cuentas con la banca privada, los intereses y las transferencias del BGF, pero el exfuncionario no respondi贸.

Sobrino Vega renunci贸 a sus puestos el 13 de julio tras participar en un chat de Telegram con el entonces Gobernador y otros miembros del Gabinete Ejecutivo y del sector privado. El exfuncionario figuraba como el que m谩s cargos ocupaba dentro de la administraci贸n de Rossell贸 Nevares. En ese chat se discut铆an asuntos de pol铆tica pública y estrategias de campa帽a, adem谩s de que se compart铆an mofas e insultos a otros funcionarios y a periodistas.

Realmente, ¿es un problema?

Mantener su dinero en la banca comercial podr铆a representar un problema para el Gobierno de Puerto Rico si continúa la merma en la cantidad de instituciones financieras, como se ha registrado desde el principio de la decada.

No obstante, podr铆a representar una oportunidad para que el Gobierno negocie mejores terminos con las opciones disponibles, de acuerdo al economista Antonio Fern贸s.

'A lo mejor lo que pasa es que cuando hay muchos bancos, uno dice que deber铆a negociar con muchos bancos para entonces distribuir el riesgo. Yo digo que puedo distribuir el riesgo, pero si yo tengo que comprar papel de ba帽o, lo que voy a hacer es ir a un solo a decirle 'te voy a comprar a ti nada m谩s. Cu谩nto m谩s bajo tú puedes ser en el precio y yo te aseguro tanto volumen'. Eso lo hace todo el mundo, pero cuando lo hace el Gobierno est谩 mal. Yo creo que est谩 bien, que haya poquito y que vaya con el que mejor precio le de, si eso es lo que queremos en última instancia', explic贸 Fern贸s.

Según el economista, depositar el dinero en la banca privada luce como la mejor opci贸n para el Gobierno porque estas entidades cuentan con mejores herramientas e instrumentos electr贸nicos para manejar sumas millonarias y billonarias.

Las reglas de la FDIC estipulan que cada cuenta que sobrepase los $250,000 en su dep贸sito debe ser colaterizada, una cantidad 铆nfima en comparaci贸n con las sumas que se manejan en un Gobierno, incluso cuando est谩 quebrado.

'El Gobierno pudiese decir 'yo solamente voy a trabajar contigo, pero dame mejor precios y no puedo tener m谩s contigo hasta 250 mil por la cuesti贸n del seguro del FDIC'. Pero esa restricci贸n no existe, porque 250 mil para el Gobierno es media respiraci贸n', subray贸 el economista.

Al momento, las ganancias para el Gobierno de Puerto Rico en las cuentas TSA han sido consistentes en un estimado de $50 millones, según consta en declaraciones vertidas por dos Secretarios de Hacienda distintos.

En junio de 2019, el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, expres贸 a NotiCel por escrito que el Gobierno hab铆a generado alrededor de $50 millones en intereses para sus arcas a partir de estas cuentas:

'Desde noviembre de 2017, la administraci贸n de Ricardo Rossell贸 Nevares realiz贸 un inventario de las cuentas bancarias que tienen el Gobierno de Puerto Rico. Es la primera vez que el Gobierno de Puerto Rico provee una visi贸n integral de la posici贸n de efectivo, logrando mayor transparencia en la gesti贸n gubernamental. Al momento, hay m谩s de 800 cuentas en todos los bancos privados y el metodo de 'colaterizaci贸n' est谩 enmarcado según dispone la Ley 69 del 1991 según enmendada Ley para Regular los Dep贸sitos de Fondos Públicos y para Proveer sobre su Seguridad. Las cuentas reciben los intereses correspondientes a los establecidos por las instituciones bancarias. La visibilidad que tiene el Departamento de Hacienda corresponde a la principal cuenta del secretario (Treasury Single Account, o TSA), que al momento ha generado $50 millones en intereses'.

Posteriormente, en diciembre del mismo a帽o, Omar J. Marrero D铆az, en su funci贸n de director ejecutivo de AAFAF y CFO del gobierno, anunci贸 que el Gobierno de Puerto Rico hab铆a recibido $49 millones en intereses entre el periodo de del 1 de julio al 22 de noviembre de 2019, correspondiente al a帽o fiscal 2019-2020.

En sus declaraciones, Marrero D铆az indic贸 que la ganancia se debi贸 a movimientos bancarios realizados por Hacienda con el apoyo de AAFAF, 'dirigidos a obtener mejores rendimientos para la cuenta TSA'. Los fondos de esa cuenta que no est谩n comprometidos son transferidos a cuentas que generan intereses en diversos bancos autorizados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para hacer negocios en Puerto Rico.

El Gobierno comenz贸 a transferir sus cuentas bancarias de instituciones públicas a entidades privadas con mayor urgencia durante el cuatrienio del gobernador Alejandro Garc铆a Padilla, del Partido Popular Democr谩tico. En ese tiempo, se aludi贸 a que la acci贸n estaba parcialmente basada en los preparativos para el proceso similar a la quiebra por el cual atravesar铆a el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo el T铆tulo III de la Ley para la Supervisi贸n, Administraci贸n y Estabilidad Econ贸mica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

No obstante, el economista Fern贸s desmitific贸 que esa fuera la raz贸n única, ya que el BGF no era un banco depositario. 'El Banco Gubernamental de Fomento recib铆a dinero para guardarlo, pero eran certificados de deuda. Eran como un certificado de dep贸sito pero en ingles eran 'certificate of indebtedness' y eran como unos bonos a muy corto plazo, pero eran como un bono', detall贸.

El BGF fung铆a como banco intergubernamental, agente fiscal y asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico.