La Ley 85 de 2018, o Reforma Educativa, abre la puerta a cambios en la filosofía academica a ser adoptada por el Departamento de Educación, y dispone mayor transparencia en el manejo de las "charter".

Sin embargo, algunas ideas quedan abiertas a interpretación porque requieren reglamentación o informes posteriores de la autoría de la secretaria de la agencia, Julia Keleher, los cuales suponen fomentarán la transparencia.

El estatuto de unas 125 páginas establece, entre otras cosas, las Escuelas Alianza, o "charter". Tras ser presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, experimentó un centenar de enmiendas en la Asamblea Legislativa a raíz de su discusión en vistas públicas.

En múltiples páginas se hace alusión sin mayores detalles, a que la Secretaria sentará las bases para un sistema de incentivos para la retención de maestros, la planificación del uso y manejo de asuntos presupuestarios de los planteles, entre otros.

Las particularidades deberán ser por escrito y cuentan con fechas límites tras la firma de la medida.

Para incentivar la permanencia de los maestros en áreas de difícil reclutamiento, por ejemplo, el texto sugiere "licencias para estudios en estas áreas, bonificaciones y otras distinciones que destaquen la valía del maestro y la labor docente".

Tambien, Keleher deberá someter ante la Cámara de Representantes, el Senado y al gobernador una serie de informes anuales que esbocen el progreso del Departamento de Educación en áreas como la implementación de las "charter" y los logros de la agencia.

Sumado a eso deberá divulgar cuánto dinero es destinado a la nómina y cuánto va dirigido a las escuelas.

Estos pedidos se suman a otras responsabilidades y deberes que caracterizan el puesto.

Otra de las tareas de Keleher será crear unos ocho programas de enseñanza que aborden temas de igualdad, derechos civiles, finanzas y salud en coordinación con entidades gubernamentales y otras no especificadas.

Uno de ellos consiste en una colaboración con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, con el propósito de promover "la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflicto o control de ira y la prevención de violencia domestica", de acuerdo al texto. Este inciso sirvió de sustituto y punto de consenso para los representantes que, a la hora de debatir las enmiendas del Senado, se opusieron a la enseñanza de educación sexual en las escuelas.

En una de las versiones anteriores de la medida, las escuelas podían llevar a cabo programas de educación sexual para los estudiantes del sistema público con el consentimiento de los padres, tutores o personal encargado.

No obstante, en la versión final se eliminó ese artículo y su reemplazo pasa la batuta a los padres desde el inicio: "Los padres, tutores o encargados de los estudiantes del Sistema de Educación Pública, tendrán derecho a seleccionar, de forma exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad", señala la página 93.

Esta declaración se ubica justo debajo del derecho de los padres a, "al menos una vez al mes y en ocasiones de emergencia o crisis" expresar sus opiniones "oportunamente en forma ordenada y respetuosa, manteniendo autocontrol, mientras que no interfiera con los procesos de enseñanza de la escuela".

En temas relacionados, el Departamento de Educación deberá establecer vínculos con entidades del tercer sector e instrumentalidades del Estado para el desarrollo de talleres y campañas educativas sobre estilos de vida saludables, buenas prácticas nutricionales, condiciones de depresión y de prevención de enfermedades contagiosas y del suicidio.

A eso se añaden cursos sobre derechos humanos, civiles y constitucionales, así como orientaciones sobre condiciones de salud o trastornos del desarrollo que afectan el aprendizaje de los estudiantes de educación especial, y temas orientados a la planificación y el manejo de las finanzas.

Este último puede incluir el manejo de deudas, ahorro, manejo e importancia del credito, compra de hogar, prevención de fraude y planificación del retiro.

Tambien en el tintero queda la puesta en marcha de la Ley 56-2018 que establece como requisito la enseñanza de lenguaje de señas para el nivel elemental, intermedio y superior.

Los maestros preservan derechos

Uno de los grandes cambios que enfrentó la medida reside en que los docentes del sistema de instrucción pública retendrán los derechos adquiridos previo a la aprobación del estatuto.

Las disposiciones fueron incluidas a petición de la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz de Rodríguez, quien se reunió con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Mientras por un lado la portavoz magisterial agradeció la apertura al diálogo por parte del legislador, condenó la medida en terminos generales pues se opuso a los "vales" educativos y a las escuelas "charter".

Estos derechos incluyen las disposiciones sobre la permanencia, las aportaciones al Sistema de Retiro, y la acumulación de licencia por vacaciones vigente.

Por otra parte, todo personal docente que decida transferirse a una "charter" recibirá una licencia sin sueldo del Departamento de Educación por dos años.

"La Entidad Educativa Certificada garantizará la escala salarial y los beneficios marginales de los maestros y personal docente y no docente que ostentaban en el Departamento al momento de estos aceptar la oferta de empleo", según el texto.

Luego de ese plazo, el nuevo empleador podrá eliminar los beneficios marginales si no se atemperan a los ofrecimientos de esa administración.

Asimismo, todo maestro de nuevo reclutamiento en el Sistema de Educación Pública tendrá el Seguro Social federal como parte de su compensación y beneficios.

En la presentación del plan fiscal de la agencia, Keleher anunció un aumento salarial de $1,500 anual a partir del próximo año fiscal --que comienza el 1 julio--, lo cual representa $150 al mes.

Actualmente un maestro devenga alrededor de $27,000 al año.

Los tres pilares

Aunque a grandes rasgos la Ley 85 se distancia de la versión presentada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la medida conserva los tres pilares originarios del proyecto --Escuelas Alianza, vales educativos y Oficinas Regionales Educativas--, pero con un cambio de lenguaje.

Lo que en un momento se llamó "Escuela Alianza", por ejemplo, está consignado en el documento como "Escuela Pública Alianza".

Según su definición, se trata de "una escuela pública de nivel elemental y/o secundario --nueva o existente-- operada y administrada por una Entidad Educativa Certificada autorizada" por la titular de la agencia.

El debate que acompañó la implementación de este nuevo sistema señalaba a esta iniciativa como una manera de privatizar la educación, pues permite que organizaciones sin fines de lucro tomen las riendas de planteles escolares y su operación diaria.

En entrevistas previas, la Secretaria de Educación confirmó que era lo mismo llamarles "escuelas charter".

Por otro lado, los certificados, o "vales", que otorgará el Gobierno para que alumnos de escasos recursos puedan asistir a un colegio privado equivaldrán a un 3% de la cantidad de estudiantes en el sistema.

De acuerdo a las proyecciones de Keleher, para el año fiscal 2018-2019 habrán 311,835 estudiantes en el sistema público en Puerto Rico.

Para cualificar, los beneficiarios de estos certificados deberán primero cursar dos años de estudio en una escuela pública.

La medida, que contó con el rechazo de los gremios magisteriales y algunos miembros de la Legislatura, fija en 10% la cantidad de escuelas públicas a convertirse en "charter", basado en el número total de los planteles en funciones al 15 de agosto de 2018.

Para esa fecha, de acuerdo a datos de la Secretaria, el País contará con 805 escuelas, pues se vislumbra el cierre de más de 300 planteles en los próximos meses.

El modelo entraría en vigor, precisamente, durante el año fiscal 2018-2019.

Mientras, la Reforma ducativa crea las Oficinas Regionales Educativas desde donde se regirán las operaciones internas del Departamento, en aras de delegar responsabilidades administrativas y promover la descentralización.

En ese aspecto, los 28 distritos escolares se consolidan bajo siete regiones educativas en una sola estructura "para lograr mayores eficiencias, reducción de costos, eliminar la redundancia, tener una respuesta más rápida y uniforme ante las necesidades de las comunidades escolares y, en general, mejorar la educación".

Cada Oficina Regional Educativa será dirigida por un Superintendente Regional que le responderá directamente a la Secretaria de Educación.