El Tribunal Supremo ordenó hoy dejar sin efecto la decisión que ordenaba que algunas escuelas estuvieran abiertas, por lo que procede el cierre de las mismas tal como había planificado el Departamento de Educación (DE).

La decisión se da precisamente el mismo día en que la Comisión de Derechos Civiles concluyó que el proceso llevado a cabo por el Departamento de Educación para cerrar un gran número de escuelas 'lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público'.

El tratamiento que otorgó una mayoría de jueces del Alto Foro al tema del derecho a la educación en este caso puede ir más allá, para influenciar otras controversias que se desarrollen a raíz de políticas públicas que afecten derechos de los individuos.

'Es preciso puntualizar que si bien reconocemos que el derecho a la educación es un interes libertario protegido por la Constitución, para que se active el debido proceso de ley procesal es necesario que la actuación gubernamental incida individualmente con ese derecho. Esa actuación no debe ser generalizada, sino que debe afectar a las personas en circunstancias solo aplicable a ellas. Solo de esta forma se requiere entonces que el Estado, al actuar, tome en consideración la situación particular de ese sujeto y provea un debido proceso de ley. Al ejecutar su discreción y cerrar planteles escolares, la Secretaria lo hizo apoyada en unos criterios generales. En ningún momento los padres demandantes alegaron, ni evidenciaron, que su proceder fue en consideración a una situación particular de ellos. La decisión de la Secretaria (de Educación) sobre el cierre de las escuelas respondió mas bien a una decisión de política pública de maximizar los recursos del Departamento a la luz de la Ley 85'.

De esta forma, una mayoría del Supremo parece fomentar un estándar nuevo ya que no reconocen que un proceso como el del cierre de escuelas, que trastoca a miles de estudiantes sea uno que afecte a 'particulares'.

La mayoría compuesto por jueces nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, añade que la secretaria Julia Keleher ha actuado de forma 'razonable' en el proceso de cierre y que, al discutirse el derecho a la educación en la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado, dicho derecho se sujetó a que el Estado tuviera los recursos para garantizarlo.

De esa misma línea se agarraron dos jueces nombrados por gobernadores populares para, en una expresión separada, mostrarse de acuerdo con la mayoría.

El derecho a la educación llega 'hasta donde las facilidades del Estado lo permitan', enfatizaron los jueces Ángel Colón y Anabelle Rodríguez en su apoyo a la mayoría. Estos jueces son, respectivamente, exasesor legal de Fortaleza en la Administración García Padilla y exsecretaria de Justicia en la Administración Calderón.

'[A]l juez que suscribe le entristece que las escuelas públicas de nuestro país se esten cerrando o consolidando. La realidad, no obstante, es que la difícil situación fiscal que enfrenta puerto rico obliga a ello', dijó Colón.

En su disidente, el juez Luis Estrella Martínez atacó más la forma en que el DE ha llevado a cabo el proceso de cierre.

'El modelo gerencial de elaboración de planes centralizados conduce a grandes errores. Ese modelo es endeble y está poco fundamentado en la democracia.... Entiendo que es momento de fomentar la teoría de la democracia participativa, la cual enfatiza la importancia de la participación no sólo para influir en la toma de decisiones, sino tambien para fortalecer la capacidad cívica y el capital social', indicó.

'Esperar a que las escuelas cerradas sean vandalizadas, los records y el material educativo abandonados y que los estudiantes de educación especial vean frustradas sus garantías federales y estatales, conlleva irremediablemente no sólo el cierre de escuelas, sino tambien el cierre de la justicia. No se trata de otorgarle a los estudiantes o a los padres y madres, ni mucho menos a la Rama Judicial, un poder de veto contra el cierre de escuelas. De lo que se trata es de que el Estado ejerza su facultad dentro de los parámetros constitucionales y legales, y con el sentido común que debe imperar en una sociedad democrática', resumió.

El juez Edgardo Rivera García emitió una Opinión de Conformidad a la que se unieron los jueces Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo y Mildred Pabón Charneco. Colón Perez tambien emitió otra Opinión de Conformidad con Rodríguez. Mientras, Estrella Martínez escribió una Opinión Disidente, al tiempo que la jueza presidenta Maite Oronoz emitió una opinión disidente con expresiones. Por su parte, el juez Roberto Feliberti Cintrón se inhibió.

Reaccionan Keleher y Fortaleza

'Hoy el Tribunal Supremo validó la autorización concedida por Ley al Departamento de Educación para consolidar planteles escolares', dijo la secretaria de Educación, Julia Keleher, en declaraciones escritas.

'El proceso de consolidación de planteles no fue uno fácil, pero se hizo siguiendo las guías establecidas y garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes. Esta decisión nos permite continuar con la transformación de nuestro sistema educativo, cuyo norte es ofrecerle mayores beneficios y mejores oportunidades a nuestro estudiantado', agregó.

Del mismo modo, desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, dijo que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico valida que el proceso de consolidación de escuelas no violentó derechos constitucionales como determina de forma irregular la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico.

'El gobernador Ricardo Rosselló Nevares heredó un deficit sin precedentes y dentro de esa situación se han llevado a cabo reformas para tener un Gobierno más eficiente y menos costoso. La consolidación de escuelas se hizo velando por el mejor interes del estudiantado para que tengan los recursos necesarios en el salón de clases. Para ello, se tomó en consideración nuestra población estudiantil actual y los retos fiscales del Gobierno. De igual forma, la Reforma Educativa del gobernador mejorará nuestro sistema de educación pública que ha sido deficiente por varias decadas. Hacer más de lo mismo no es opción', indicó.

Sin embargo, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, una de los ejecutivos municipales que habían demandado al DE, dijo que el Tribunal Supremo 'acaba de emitir un fallo en contra de la educación pública de nuestros niños'.

'Es un fallo, nunca antes mejor dicho. Estos jueces han fallado en garantizarle a los pobres de este país una educación de calidad a quienes más lo necesitan. La mayoría de los jueces del Supremo han olvidado que el futuro del País está en la educación y no en caprichos administrativos del Secretario de turno. Mis respetos a los jueces que han disentido de dicho error y la historia los recordará siempre. Ahora le corresponde al Gobernador Ricardo Rosselló dar cara a todas las familias afectadas de las escuelas Carlos Alberio, Manuel A. Díaz y Segunda Unidad David Colón Vega'.

La alcaldesa Maldonado había criticado específicamente el proceder del DE en el proceso de cierre de escuelas por ser uno 'arbitrario, discriminatorio y donde el DE no pudo probarle al Tribunal de Arecibo cuál fue la metrica, si alguna, para determinar el cierre de escuelas'.

Lee la sentencia y expresión de la Jueza Presidenta:

Lee la opinión de conformidad del juez Rivera García:

Aquí la opinión de conformidad del juez Colón Perez:

Esta es la opinión disidente del juez Estrella Martínez: