Juan Camacho, portavoz de la organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA), dijo el lunes que el gobierno de Alejandro García Padilla es uno de continuidad del de Luis Fortuño y que radicarán una querella contra la Policía por los incidentes ocurridos durante una manifestación en rechazo a la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM).

'Específicamente hoy vamos a radicar una querella en la Comisión de Derechos Civiles y vamos a plantear que se añada a la investigación que se hace a la Policía', dijo Camacho en entrevista radial (WAPA Radio).

'Cuando nosotros llegamos, tenían una valla puesta y tenían un escenario, que no lo puedo comprar con la administración anterior porque era superior. Además de toda la Policía que estaba en espera de nosotros, tenían los caballos también. La administración pasada colocaba los caballos en algún sitio para atemorizar. En este caso estaban frente a nosotros con los caballos', detalló.

Según el activista, los manifestantes le plantearon a los comandantes de la Uniformada que no había razón para tanto despliegue de fuerza por lo que accedieron a remover los caballos y la primera valla, por lo que las personas tomaron la instalación aeroportuaria.

Por otro lado, el lunes un diario informó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) le dio el visto bueno final a la transacción mediante la que el Aeropuerto será administrado por la empresa Aerostar Holdings, bajo una alianza público privada (APP).

Con el visto bueno de la FAA, la compañía mexicana, administrará el Aeropuerto por los próximos 40 años. La transacción fue iniciada bajo el mandato del exgobernador Luis Fortuño, como garantía por la crisis económica que enfrenta la Autoridad de los Puertos.

'Eso se llama continuidad. Este es un gobierno de continuidad. Todo lo que se criticó de la otra administración, es a lo que le están dando continuidad. A un proyecto tan malo como este (la APP del Aeropuerto), a la poca o ninguna transparencia, en la prepotencia de los gobernantes, en el uso de la fuerza para aquellas personas que protestan de forma pacífica y democrática. Esos son los estilos de continuidad que está desarrollando este gobierno', indicó Camacho.

Por su parte, Astrid Rosario, presidenta del gremio que agrupa a los empleados de la Autoridad de los Puertos, aseguró el gobernador es quien tiene en sus manos la decisión final de paralizar el contrato.

'El FAA lo que da es una opinión. Está en manos del gobernador retractarse de ese contrato que lo empezó el gobierno pasado y él sería el causante de que se finalice (la transacción). Sería la persona que por 40 años vamos a tener en nuestras memorias porque fue quien terminó de darle muerte al país en cuanto al Aeropuerto. Esto es como el Gasoducto de García Padilla', sostuvo Rosario en entrevista en la misma emisora.

La líder sindical expreso su satisfacción por la posible renuncia del director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (APP), David Álvarez, que se producirá este jueves, según se informó.

'Me alegra de todo corazón que David Álvarez no siga perteneciendo a las personas que han destruido la Autoridad de los Puertos con este contrato', dijo.