Aunque los hallazgos que contienen los informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) no suelen resultar en acusaciones del Departamento de Justicia (DJ), ni logran trascender a la discusión pública, lo cierto es que registran irregularidades cometidas por funcionarios del estado en un momento dado.

Dentro el contexto de la debacle financiera a la que descendió el municipio de Toa Baja, los informes de la OCPR demuestran que tanto el exrepresentante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez Sifontes, como el hoy representante Pedro Julio Santiago Guzmán, formaron parte en los hallazgos identificados por la OCPR.

En el caso de Sánchez Sifontes, el informe publicado el 8 de septiembre del 2008 detalla cómo emitió pagos ilegales por acumulaciones futuras y por liquidaciones parciales de licencia por vacaciones y tiempo compensatorio no utilizado. Según el informe, Sánchez Sifontes intervino en tres casos mientras era director de recursos humanos interino entre enero del 2006 y febrero del 2007.

Uno de los hallazgos describe que Sánchez Sifontes notificó a un empleado que su solicitud para liquidar 40 horas de vacaciones fue aceptada 43 días antes que el funcionario municipal emitiera la solicitud al alcalde para autorización, la cual fue aprobada. Aunque el pago correspondiente de $7,825 se llevó a cabo en pocas semanas despues de la solicitud, la OCPR identificó que, tras la liquidación, el registro de licencias del empleado reflejaba un balance de 92 horas, el cual tambien determinaron no era confiable.

Otro caso identico ocurrió con un supervisor de saneamiento que solicitó la liquidación de 50 días de vacaciones, contando con un balance de 83 días acumulados, según los registros del municipio. El entonces director de recursos humanos interino notificó que el pago de $4,140 procedía y se efectuó un mes despues. No obstante, un examen de la OCPR reflejó que el registro del municipio no era confiable, pues una certificación del director de recursos humanos interino indicaba que previo al desembolso el empleado tenía 56 días de licencia de vacaciones acumuladas.

Un último caso similar ocurrió con un supervisor de obras públicas que solicitó un pago adelantado de 30 días de licencia por vacaciones y tiempo compensatorio. Su solicitud fue acompañada de una autorización por parte del entonces vicealcalde, Pedro Julio Santiago.

Cuarentiún días antes que se presentara la solicitud ante el entonces alcalde, Aníbal Vega Borges, un oficinista de recursos humanos notificó a Sánchez Sifontes que el reglamento municipal autorizaba tal pago, por lo que procedieron con el desembolso de $5,621, de los cual $3,321 fueron un adelanto de 30 días de licencia de vacaciones y $2,300 por tiempo compensatorio.

Aunque previo al pago el registro de licencias indicaba que el empleado tenia un balance de 70.25 días de licencia de vacaciones y 20.5 días de tiempo compensatorio, la OCPR indicó que una certificación del director de recursos humanos interino detallaba que el empleado tenía 51.25 días de licencia de vacaciones y 8 días de tiempo compensatorio.

Para estos hallazgos, la OCPR recomendó al DJ, la Oficina de Ética Gubernamental y al Comisionado de Asuntos Municipales a considerar las situaciones. Tambien recomendó recobrar los pagos a los empleados que se beneficiaron y referir el asunto a la legislatura municipal.

'Pelle' Santiago Guzmán ejerció funciones ajenas a su cargo

Además de aprobar los pagos de licencias de vacaciones, Santiago Guzmán tambien fue identificado por ese informe de la OCPR por otorgar una licencia sin sueldo a un empleado municipal que siguió cobrando su salario por un plazo de seis meses. Esto resultó en el desembolsó de $7,205.

En otro caso, el entonces vicealcalde autorizó un traslado de un empleado municipal al que continuaron pagando su sueldo por tres meses. Además de pagar $3,100 a este empleado, el municipio tambien efectuó pagos de sueldo mediante depósito directo por $3,552.

Otro hallazgo que vincula directamente a Santiago Guzmán tiene que ver con una serie de nombramientos de personal, aprobaciones y autorizaciones que no formaban parte de sus facultades. En total, Santiago Guzmán, que en ese entonces era administrador municipal, aprobó 13 nombramientos de personal, cuatro informes para otorgar aumentos de sueldo a empleados de confianza y contratos para el arrendamiento de instalaciones municipales y transporte escolar.

Luego que el municipio adoptara un nuevo plan de clasificación, Santiago Guzmán pasó a ser vicealcalde y aprobó el nombramiento de una directora de Recursos Humanos, un informe para aumentar el sueldo de la directora de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico, un informe para asignar un funcionario a otra oficina y dos contratos de servicios profesionales.

Por otra parte, el informe de la OCPR del 1 de septiembre del 2009 reveló que tanto el alcalde como el vicealcalde certificaron como correctas varias facturas de cobro sometidas por asesores legales, pese a que estos realizaron funciones que no estaban incluidas en su contrato. Esto resultó en el pago de $85,554.

Finalmente, el informe de la OCPR publicado el 23 de agosto del 2016 reveló que Santiago Guzmán era miembro de la Junta de Subastas del municipio en junio del 2011 y junio y julio del 2012, cuando debió abstenerse de participar de las mismas. En ese periodo, participó en 18 reuniones para adjudicar 28 renglones relacionados con siete subastas formales y ocho subastas informales.

Pelle Santiago refuta señalamientos

Sobre los hallazgos mencionados por la OCPR sobre el pago de sueldo a empleados que solicitaron licencias y el desembolso de liquidaciones de licencias acumuladas, el representante Santiago Guzmán rechazó que fuese el la persona a adjudicar los señalamientos y en vez apuntó a la Oficina de Recursos Humanos.

'Una cosa es que yo pueda otorgar una licencia sin sueldo y otra cosa es que haya una negligencia en el área de Recursos Humanos o Finanzas y obviaron una licencia sin sueldo y le pagaron de forma indebida a ese empleado', sostuvo Santiago Guzmán en entrevista con este medio. Para el representante -quien insistió no fue su responsabilidad velar por el cumplimiento de otras dependencias municipales- el hallazgo de la OCPR denota que no hubo comunicación entre Recursos Humanos y la Oficina de Finanzas.

Santiago Guzmán admitió que la administración municipal cometió errores, aunque añadió que se trata, en su mayoría, de irregularidades que llevaban años repitiendose. Sostuvo que intentaron remediar las irregularidades 'en la marcha' y mediante cambios constantes en la Oficina de Recursos Humanos para encontrar un recurso apropiado para dirigir esa dependencia municipal.

Cuestionado si percibe que formó parte de la debacle económica en Toa Baja, el representante manifestó: 'Para nada. Yo en el tiempo que estuve fui bien meticuloso, en lo que siempre podía economizar al municipio o siempre lo hacía, como hago aquí. Allí si veía algo mal yo rápido actuaba, pero que yo influí o contribuí por una acción u omisión de mi parte, jamás'.

Preguntado si percibe que Vega Borges tuvo un rol, Santiago Guzmán indicó que no lo percibe de esa manera y defendió las gestiones que llevo a cabo en el municipio. No obstante, reconoció que Vega Borges tuvo sus desaciertos, particularmente durante la pasada contienda electoral cuando exigió a empleados municipales a votar con papeletas abiertas por el Partido Nuevo Progresista (PNP), acto que Santiago Guzmán lamentó.

Este medio intentó obtener una reacción de Elías Sánchez, sin embargo, no respondió a nuestra petición.