El Departamento de Hacienda otorgó en el 2017 un contrato por servicios profesionales a un productor de seguros que había sido incorporado el mismo día en que comenzó el proceso de recogido de propuestas.

Las irregularidades fueron reveladas en una investigación llevada a cabo por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) que detalló que al momento de la firma del contrato, no existía una resolución corporativa que facultara al representante del productor de seguros a comparecer en dicho acto, como se establecía expresamente en el contrato mencionado. La resolución corporativa contenida en el expediente, días despues de la firma del contrato.

De igual forma se reveló que Hacienda validó y certificó a la fecha de otorgamiento documentos tales como: Certificación de Radicación de Planillas, el Certificado de Existencia y la Certificación Negativa del Programa de Seguro Social para Choferes, a pesar de que estos fueron expedidos y presentados en fecha posterior a la que ya se había concretado el otorgamiento del contrato.

Se identificó además, que el Contrato y varias enmiendas fueron remitidos y registrados tardíamente en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

No obstante, en el 2018, la Oficina de Auditoría Interna del Departamento había emitido un informe de investigación en el que habían identificado y señalado algunas deficiencias en el proceso para el otorgamiento del contrato a dicho productor de seguros.

La formalización del contrato desde la fecha de abril de 2017, y sus enmiendas, provocaron el desembolso de fondos públicos por la cantidad de $182,630.38, por lo que OIG recomendó al Departamento a iniciar los trámites correspondientes para el recobro de los fondos públicos.

'La conducta anteriormente señalada, pudiese representar violaciones a diferentes leyes entre las cuales se encuentra: la Ley Núm. 146-2012, según enmendada conocida como 'Código Penal de Puerto Rico', la Ley Núm. 230 del 23 de julio del 1974, según enmendada, conocida como 'Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico', la Ley Núm. 237-2004, según enmendada, conocida como 'Ley para establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias y entidades gubernamentales', Ley Núm. 84-2002, según enmendada, vigente al momento de los hechos y conocida como 'Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas del E.L.A.' y sustituida por la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico; Ley 18 de 1975, según enmendada conocida como 'Contratos-Deber de Radicar en la Oficina del Contralor'', lee un comunicado.