Mientras los derechos laborales son la pieza de tranque utilizada entre los poderes gubernamentales de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) para dilatar la aprobación de presupuestos y planes fiscales, un informe de la Oficina federal de Fiscalización (Government Accountability Office - GAO) precisó que la escasez de datos económicos confiables dificulta el análisis acertado de la situación económica de Puerto Rico y los efectos al mercado laboral local de entrar en vigor una disposición que incluye a trabajadores en cargos ejecutivos del pago de horas extra que aún se disputa en el Tribunal Apelativo federal.

Entre 2005 y 2016, la Junta de Planificación (JP) de Puerto Rico señaló el producto interno bruto (PIB) con una caída de casi 10 por ciento, tras un ajuste por inflación. La devastación causada por el huracán María en septiembre de 2017 empeoró el cuadro fiscal del territorio no incorporado.

Aunque la data de la JP coincide con la tendencia general a la baja, la GAO estimó que la agencia utiliza metodos obsoletos para calcular el PIB 'lo que da origen a datos poco confiables de un año a otro y puede dificultar la labor de los responsables de la formulación de políticas a la hora de analizar cabalmente las necesidades económicas y elaborar planes a largo plazo'. Además, el Negociado de Análisis Económico (BEA por sus siglas en ingles) no calcula el PIB para Puerto Rico como lo hace con otros territorios del país.

Asimismo, Puerto Rico cuenta con escasos datos estadísticos en materia laboral porque no está incluido en la Encuesta de Población Actual (CPS), realizada por la Oficina del Censo federal (Censo) y el Negociado de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo federal (DOL). CPS proporciona información detallada sobre el empleo, como las horas de trabajo y los ingresos.

Entre los planes de la Administración Rosselló Nevares para reorganizar agencias se propuso fusionar el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El proyecto de la Cámara 1014 está bajo la consideración de un Comite de Conferencia Legislativo para que el lenguaje del mismo coincida con enmiendas del Senado.

La medida ha sido criticada por funcionarios, congresistas, organizaciones cívicas y la academia que sostienen que la independencia del IEPR -y con ello la confiabilidad de la recopilación de datos- estaría amenazada al pasar a manos de una agencia. Aunque la Junta reclamó en un principio la independencia del Instituto, el Plan Fiscal Certificado del Gobierno Central dispone que el ente se fusionará al DDEC.

En la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), que impuso la JCF a la isla, se propuso que el Censo estudie la viabilidad de ampliar la recopilación de datos para incluir a Puerto Rico. Aunque funcionarios del Censo indicaron a la GAO que han calculado el costo del estudio, todavía no lo llevan a cabo. 'Tambien mencionaron preocupaciones con respecto a la carga de la recopilación de datos. Sin embargo, si los encargados de la formulación de políticas no cuentan con datos de la CPS relativos a Puerto Rico no podrán estimar cabalmente todas las repercusiones económicas de los diferentes cambios de políticas. Por ejemplo, el DOL no tenía los datos necesarios para incluir a Puerto Rico en la evaluación de las repercusiones económicas de su norma de horas extraordinarias de 2016', apunta el informe.

Recientemente, la comisionada residente Jenniffer González Colón, radicó ante el Congreso la medida conocida como Puerto Rico Data Collection Equality Act (H.R. 6211), con el cual busca mejorar la recopilación y publicación de estadísticas incluyendo a Puerto Rico en las estadísticas federales. El proyecto da seguimiento a las recomendaciones realizadas en el informe final del Task Force congresional bipartita creado al amparo de PROMESA de diciembre 2016.

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En 2017, un tribunal federal de distrito derogó la norma de horas extras dejando el umbral salarial para las mismas en $23,660 al año. El fallo fue apelado por el Departamento de Trabajo federal para proponer un marco regulatorio del pago de estas horas en octubre del año en curso.

Para poder analizar el efecto en Puerto Rico de la implementación de un aumento al pago de horas extra a nivel federal a $47,476 anual, la GAO utilizó la Encuesta sobre la Comunidad (ACS). Con estos datos, estimó que alrededor de 47,250 trabajadores de un total de 1,060 millones se verían afectados por esta medida, es decir, tendrían derecho a la remuneración de las horas extraordinarias. Patronos de algunos sectores en la Isla advirtieron a la GAO que podrían incrementar los sueldos de algunos trabajadores, pero recortarían las horas extras de otros y ajustarían la cantidad de personal.

Desde mayo, la GAO identificó cinco factores que contribuyeron a la situación económica de Puerto Rico: emigración de la mano de la disminución de la fuerza laboral; cambios en las regulaciones para iniciar negocios en la isla; altos costos energeticos y para la importación de productos; eliminación de la sección 936; crisis de la banca y el mercado hipotecario.

La GAO concluye este informe recomendando que la BEA incorpore a Puerto Rico en su presentación de informes sobre el PIB y que tanto la Oficina del Censo como Estadísticas Laborales estudien la posibilidad de incluirlo en su CPS.