Luego de su aprobación en septiembre, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, en ingles) anunció hoy, jueves, el primer día de febrero 2018, la entrega de $1,500 millones para la reconstrucción de casas y negocios de Puerto Rico afectados por los huracanes Irma y María.

No obstante, la subvención federal llega con una serie de letras pequeñas que condicionan su recibo y empleo en las áreas para las que fue asignada.

En primer lugar, los fondos están catalogados bajo el Community Development Block Grant (CDBG), cualidad que los hace 'lo más cercano a 'cash' por parte del gobierno federal', según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

O sea, el dinero no necesariamente sería empleado en su totalidad a la reparación de hogares y comercios, sino que podría utilizarse para parear otros fondos en áreas como la infraestructura electrica o proveer liquidez al Gobierno.

'Visualicen los CDBG's, y no lo debo decir así pero lo es, la cosa más cercana a 'cash' que uno tiene del gobierno federal. Hay una serie de restricciones, pero lo que está diciendo es que cuando viene este capital, va ir dirigido hacia ayudar la comunidad, y si eso es una de las necesidades que tiene la comunidad, se establecerá dentro del plan y se podrá ejecutar', explicó Rosselló Nevares.

En ese aspecto, los $1,500 millones podrían destinarse al arreglo de centros comunitarios, puentes, y otro tipo de estructuras públicas.

En Puerto Rico hubo un estimado de 200,000 viviendas afectadas por el huracán María y, en cuanto a los negocios, miles han clausurado debido a los daños estructurales y las secuelas, como la falta de energía electrica.

El Primer Ejecutivo estuvo acompañado de la subsecretaria de HUD, Pamela Hughes Patenaude, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón durante el anuncio.

Hughes Patenaude --quien contestó cuatro preguntas de la prensa y se marchó-- destacó, precisamente, la flexibilidad y el alcance de la subvención.

'Puerto Rico diseñará el programa con estos fondos. Esa es la belleza y la flexibilidad de ellos, pues será Puerto Rico quien diseñe el programa basándose en las necesidades de vivienda, el insumo de la comunidad y si tienen pólizas de seguro', señaló la subsecretaria.

La decisión final de que elementos serán incluidos en el uso de esos fondos le corresponde al Gobierno, que lo comunicará mediante un plan de acción y ejecución, con 90 días para su entrega.

'¿Por que son los 90 días? Porque ahora el Gobierno tiene que trabajar para ver precisamente dónde es que se va a aplicar, cómo es que se va a aplicar, y cómo se puede utilizar este tipo de capital de manera más efectiva, y enviárselo al gobierno federal', ripostó Rosselló Nevares.

A preguntas de NotiCel, el Gobernador aseguró que los requerimientos de HUD para enviar el dinero no forman parte de la falta de confianza en su administración por parte del gobierno federal, sino que son requisitos básicos para cualquier otra jurisdicción.

Tras completar el plan, habrá un proceso de vistas públicas de siete días. O sea, y basado en los lapsos discutidos, esta inyección económica se vería reflejada en los próximos tres meses.

'Esto no es dinero de FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias], esto no es para la ayuda inmediata de las situaciones que se estaban generando. Esto es ya recuperación de infraestructura, desarrollo económico', subrayó, por su parte, González Colón.

La Comisionada Residente aludió a que los $1,500 millones son la primera asignación de esa magnitud que el gobierno local recibe de manos federales desde el paso de los fenómenos atmosfericos. Alegó, además, que no será la última.

La subvención forma parte de la Ley de Asignaciones para Desastres, firmada por el presidente Donald Trump el 8 de septiembre y disponía de $7,400 millones para las áreas más perjudicadas por los desastres.

Para determinar la asignación de los $1,500 millones anunciados, HUD tomó como base datos de FEMA y de la Administración de Pequeños Negocios (SBA) sobre zonas perjudicadas por los desastres.

En ese análisis, encontró miles de casos de propietarios e inquilinos de medianos y bajos ingresos con daños en sus residencias y sin pólizas de seguro adecuadas para resolverlo. Asimismo, los negocios sufrieron serios daños que no están cubiertos por las pólizas o por otros recursos.

El anuncio se dio luego de que los funcionarios estuvieran reunidos en La Fortaleza. En el cónclave, según fotografías y agradecimientos públicos tambien participaron: Hector Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública y coordinador federal; Fernando Gil Enseñat, secretario de Vivienda; y Omar Marrero, director de la nueva Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción.