El informe preliminar sobre el conteo de muertes a raíz del huracán María, elaborado por la Universidad George Washington, no contiene un número estimado de los fallecimientos y habla sobre insuficiencia de fondos para proveer datos más certeros, pero tuvo un costo para el Gobierno de $125,000.

El documento, con fecha del 22 de mayo pero hecho público el miercoles, se dedica a explicar las tareas realizadas o por realizarse desde el mes de contratación hasta la fecha de entrega del informe --o sea, desde los meses de febrero a mayo del año en curso--, sin entrar en tangibles.

A esos fines, incluye información sobre el desarrollo de la base de datos para la investigación, los metodos a ser empleados, el interes por evaluar las comunicaciones del Gobierno durante el período de emergencia, los próximos pasos y las documentos consultados como referencias.

El contrato entre las partes fue firmado por la institución educativa y la subcomisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Mónica Menendez Larrauri, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera.

Ahí se fijó la suma de $125,000 como la cantidad máxima a pagarse por esos esfuerzos iniciales, mientras que el informe final que aún no ha sido entregado consistirá de una monto límite de $180,368.

Ambas cantidades representan el total por el cual la Universidad George Washington fue contratada: $305,368.

En ninguna parte de las 27 páginas del informe preliminar se presenta un solo número respecto a las muertes registradas entre el 20 de septiembre y el 28 de febrero de 2018, período que comprende el estudio.

Un estimado de esa cifra supone formar parte del informe final, cuya entrega está atrasada. En el contrato original, la finalización estaba pautada para el 23 de julio.

A finales de junio, el contrato fue enmendado para extender su vigencia hasta el 18 de septiembre. Esto quiere decir que el informe final sobre las muertes ocasionadas por el huracán María se daría a conocer a solo días del primer aniversario del evento catastrófico, que tambien provocó el colapso de la red de energía electrica y que dejó al Gobierno sin infraestructura operacional.

La contratación de la universidad tiene su base en la desconfianza que rodea la 'cifra oficial' de muertes divulgada por el DSP y el resto del Gobierno, que insisten es 64, así como su renuencia a hacer públicos los datos relacionados a este tema.

Un estudio de la Universidad de Harvard, estimó la cantidad más alta posible de fallecimientos en 4,600.

Se sabía por lo que se pagaba

El informe preliminar enfatiza en que la institución carece de los fondos necesarios para realizar una investigación profunda sobre las muertes y que el número a ser entregado no será más que un estimado. Sin embargo, el Gobierno tenía conocimiento de estos detalles, ya que están esbozados en el contrato.

En febrero, cuando se anunció la contratación de la universidad, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo mención de la insuficiencia de fondos y su efecto en la calidad del informe.

'Lo que se está viendo es posterior a ello si se puede hacer un análisis mucho más profundo que es lo que le interesa a la comunidad científica y el mundo entero, y que a base de lo que se está trabajando ahora se puedan recibir más fondos para hacerlo más robusto', declaró el Primer Ejecutivo en conferencia de prensa.

Según el contrato, los servicios a ser rendidos por la universidad incluyen y no se limitan a:

Realizar una evaluación de daños estimados sobre el exceso de mortalidad asociado al huracán María.

Evaluar la implementación de los procedimientos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) por el Gobierno para el registro de muertes en las secuelas de los huracanes.

Establecer un Almacen de Datos para facilitar el almacenaje, procesamiento y análisis de todos los datos del proyecto.

Establecer un esfuerzo de colaboración y crear un panel de expertos para comentar sobre metodos, resultados preliminares y hallazgos de este estudio sobre mortalidad.

Diseñar metodos para un análisis a profundidad futuro y detallar sobre la comprobación del exceso de mortalidad debido a los huracanes, catalogado por edad, genero, municipalidad y proximidad.

Es decir, con más dinero la universidad podría adentrarse en la causa de las muertes, el tiempo en que ocurrieron y el lugar, pero esa información se mantendrá desconocida hasta tanto el Gobierno encuentre la manera de subvencionarlo.

En el informe tampoco se habla de estimado de costos respecto a ese estudio a profundidad.