Aunque el Ejecutivo, Ricardo Rosselló Nevares, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal (JCF) parecerían estar sumidos en un tira y jala por la disminución de las multas de AutoExpreso, las infracciones figuran como una fuente de ingreso en el Plan Fiscal del Gobierno desde el 2016.

Sumado a ello, y de acuerdo al plan fiscal más reciente de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), ese recaudo supone ascender a $124 millones durante el cúmulo de los próximos seis años.

La mayor parte de esa cifra correspondía a los recaudos por multas del año fiscal 2017-2018, con un total de $27.17 millones.

Esto parecería reducir la disputa entre los entes de gobernanza a una de discrepancia monetaria, ya que Rosselló Nevares y la Asamblea Legislativa favorecen una reducción de multas a $15, mientras que la JCF apoya mantenerlas en $50. No obstante, sus acciones demuestran que ambos grupos coinciden en no derogarlas.

De hecho, contar multas como un ingreso fijo supone que el aparato gubernamental tendría que de alguna manera garantizar que esas infracciones se emiten aunque una multa, distinto a algo como la tarifa por renovar el marbete, es el producto de una conducta incierta, puede que se cometan infracciones, puede que no.

En el presupuesto recomendado por agencia elaborado por el Gobierno para el año fiscal 2016-2017, se establece que las multas generadas a traves de AutoExpreso forman parte de los ingresos propios de la ACT junto al cobro de tarifas del Tren Urbano y otros recaudos misceláneos.

Los mismos documentos correspondientes a los años fiscales 2013-2014 al 2015-2016 no destacan las multas como ganancias.

Esta caracterización de las multas como un ingreso ocurre en momentos en que se ha reportado que el sistema de peajes está emitiendo infracciones hasta a autos detenidos en marquesinas y cuando el privatizador del sistema, GILA LLC, ha reiterado que no se queda con el monto de las multas sino que sólo cobra un cargo de procesamiento.

Ayer, el Senado aprobó unánimemente una resolución pidiendo la cancelación del contrato de GILA y la reducción de las multas y el Gobernador dijo que tendría una solución para el caos con las multas antes del lunes próximo.

En una carta a la Legislatura, la JCF se opuso a los Proyectos de la Cámara (PC) 1723 y 1724, medidas que buscaban reducir a $15 las multas administrativas emitidas por el sistema AutoExpreso por la falta del pago de peaje. La justificación, al igual que esbozó en el caso del Proyecto del Senado 642, se debe a la inconsistencia de las propuestas con el plan fiscal.

'Esas medidas depravan al Fondo General de ingresos que el plan fiscal asume que serán recogidos y que son la base de las proyecciones de ingresos en el plan fiscal. La Junta mantiene su posición de que cualquier legislación que reduzca las multas por violaciones a los peajes es inconsistente con el plan fiscal', subrayó la JCF en la misiva del 4 de septiembre.

No obstante, y un día despues, el representante Jose 'Quiquito' Melendez catalogó como excusa la determinación de la entidad financiera y que el problema con el AutoExpreso era el alto costo de las multas y la procedencia de las mismas.

Las infracciones de AutoExpreso han sido objeto de críticas, especialmente tras el paso del huracán María, pues varios conductores han denunciado que se les multa por viajes que no han realizado.

La primera vez que estas infracciones fueron referidas como ingresos en un plan fiscal fue en la versión de ACT entregada el 28 de abril de 2017. Ahí, el recaudo total era de $107.58 millones. Ese documento recibió la certificación de la JCF.

Tras su reunión mensual --celebrada el 28 de abril de 2017--, la JCF emitió una resolución en donde reiteraban su aprobación al plan fiscal de ACT, siempre y cuando se cumplieran con seis requerimientos. Entre ellos, solicitaron la 'exploración y cuantificación del impacto de medidas adicionales de ingresos al sistema de autopistas, como la monetización del credito de peajes'.

La referencia específica en dólares y centavos a las multas no fue retomada hasta despues del paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, que provocó la elaboración de nuevos planes fiscales del gobierno central y las dependencias.

En ese aspecto, el plan fiscal de ACT del 23 de marzo de 2018 fijó en $126.33 millones los recaudos por concepto de multas a los conductores en los peajes luego de la puesta en práctica de ciertas medidas fiscales, como la optimización de los sistemas de recolección.

El documento tambien incluía una proyección de recaudo semanal.

Un mes despues, en la versión del 5 de abril de 2018, el plan fiscal de ACT pone la cifra de $125.96 millones como el recaudo post medidas fiscales por las multas de AutoExpreso.

Según GILA, LLC --compañía que administra el AutoExpreso-- al momento existen alrededor de 1,400,000 cuentas de AutoExpreso sin registrar, o sea, cuentas anónimas. Eso representa el 46% de todas las cuentas del sistema.

'La posible desactivación de un número sustancial de estas cuentas puede generar impactos significativos adversos sobre los usuarios. Esto pudiera inducirlos a cometer multas inadvertidamente', expresó Luis Alberto Sánchez, vicepresidente de operaciones de peaje de GILA en una vista pública ante la Legislatura.

En una entrevista previa con NotiCel, Sánchez reafirmó en la precisión y validez de su compañía para registrar y cobrar infracciones, a toda vez que reiteró que las ganancias le correspondían a ACT.

Este medio cursó preguntas a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la JCF para abordar las multas y cómo aparentan representar un incentivo para que se otorguen multas a los ciudadanos, pero al momento no hemos recibido respuesta.

En esa misma vista, el secretario de ACT, Carlos Contreras Aponte, reconoció que un cambio en las leyes vigentes podrían trastocar la proyección de ingresos en el plan fiscal.

En el plan fiscal de ACT, los ingresos por multas de AutoExpreso se desglosan de la siguiente manera:

AF 2018-2019: $18,948 millones

AF 2019-2020: $19,148 millones

AF 2020-2021: $19,403 millones

AF 2022-2023: $19,968 millones

Esas ganancias se unirían a los recaudos por concepto de impuestos al cigarrillo, licencias de vehículos de motor y el impuesto a la gasolina.

A finales de agosto, un grupo de ciudadanos radicó una demanda de clase en el Tribunal Federal contra los administradores de AutoExpreso en la que se alega que las multas de $50 emitidas contra conductores que carecen de fondos al pasar los peajes son ilegales.

El pliego señala que Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico LLC, Abertis Infraestructuras, S.A., Goldman Sachs Realty Management LLC, GILA LLC y Kapsch Trafficcom USA, quienes son los administradores, han utilizado el dinero de las multas para llenar los bolsillos de sus ejecutivos.