Los componentes de fiscalización del gobierno de Puerto Rico comparecieron hoy ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA, presidida por el representante Antonio 'Tony' Soto, para defender sus respectivos presupuestos, los cuales sufrieron recortes dentro del documento presentado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Aunque las agencias fiscalizadoras enfocaron su queja en la Junta, en la primera vista de evaluación del presupuesto esta semana, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) confesó que el presupuesto sometido es el que la Junta acordó con el gobernador Ricardo Rosselló como parte de la negociación.

La contralora de Puerto Rico, CPA Yesmín Valdivieso, manifestó sentirse 'indignada' por los recortes de la JSF 'que se supone que este aquí para asegurar que los dineros se utilicen bien. Ahora vienen y recortan el presupuesto a la única entidad que tiene el poder constitucional de auditar, no solo las transacciones, sino el cumplimiento con todas las leyes y reglamentos'. Sostuvo que en el plan fiscal proyectan recortes un 24% de sus fondos.

El presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019 es de 36,461,000 millones de dólares, comparado con el vigente que es de 39,229,000 millones de dólares.

La funcionaria sostuvo que irá hasta las últimas consecuencias, incluso al Congreso para defender su presupuesto, ya que estos recortes podrían dejar 'inoperante' a su agencia, que tuvo un rol importante en los trabajos de fiscalización durante el periodo de emergencia luego del azote del huracán María.

Por su parte, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), licenciada Zulma Rosario Vega, aseguró que la merma en el presupuesto de esta entidad sería la 'muerte de la oficina', ya que junto a los recortes de años anteriores, el de este año acelera la fuga de talentos de la oficina porque el personal con más experiencia y cualificado siguen retirándose por temor a que se siga afectando su retiro y no se le pueda compensar adecuadamente sus talentos.

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La funcionaria aseveró que ese recorte presupuestario es lo que precisamente busca el corrupto. 'Es lo que quiere cualquier corrupto, que una agencia que combate la corrupción este prácticamente inoperante; ese es el sueño del corrupto, por eso nos atacan, por eso nos dicen barbaridades y entonces encontraron una manera interesante de como diezmar la oficina con el ataque a su presupuesto'.

El presupuesto recomendado es de 8,566,000 millones de dólares. Esto representaría 968,00 dólares menos que el presupuesto recomendado por el Ejecutivo.

Mientras, que el licenciado Rolando Melendez Aponte, de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), aseguró que el presupuesto radicado por la JFS que asciende a 3,018,000 millones de dólares, 'pone en riesgo la existencia de la oficina y por ende los servicios que esta ofrece a la ciudadanía'.

Explicó que bajo ese escenario el recorte a la partida de nómina es de un 27%, lo que conllevaría el cierre de oficinas regionales, las cesantías de empleados, la reducción de los beneficios laborales y la jornada laboral lo que 'contradice totalmente los esfuerzos a conducentes a que el pueblo reciba los servicios por los que paga, así como que se garanticen los derechos cobijados bajo nuestra Constitución'.

De otro lado, el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, informó que el presupuesto recomendado por la JSF para la Rama Judicial es $306.9 millones, lo que es $9 millones menos en comparación con el presupuesto recomendado por el Ejecutivo.