Además de los jugosos salarios devengados por los funcionarios de la Junta, de las arcas públicas de Puerto Rico tambien salen millones de dólares para pagar por un andamiaje de cientos de contratistas, que en su mayoría están fuera de la Isla. Contratados para asistir a la Junta, estos ejecutivos participan directamente en la confección de planes fiscales y presupuestos, el manejo de la chequera, la reestructuración de la deuda, los casos de quiebra, y la operación y venta de la Autoridad de Energía Electrica.

Martin Bienenstock mira su tableta. Lleva traje azul marino, corbata verde, pierna derecha cruzada y está sentado en la audiencia. En medio del libreto que sigue la duodecima reunión pública de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, alza la vista, ajusta sus espejuelos, frunce el ceño y presta atención a la discusión. Aparenta que nada pasa y centra nuevamente su mirada en el aparato electrónico.

Bienenstock es un reconocido abogado en el exclusivo mundo de quiebras. Con casi 40 años de experiencia, ha estado en las principales quiebras corporativas en Estados Unidos. Jugó un papel central en la reestructuración de las compañías automotrices General Motors y Chrysler.

Tambien representó en su quiebra a la ya difunta del sector energetico, Enron. Su biografía menciona que por los pasados 10 años, ha sido un fijo en la lista de los 100 abogados de quiebra más influyentes de Estados Unidos del National Law Journal. Un 'MVP' entre los abogados de quiebra según Law 360, un medio especializado en temas legales.

Desde finales de 2016, Bienenstock y el bufete para el que trabaja, Proskauer Rose, son el principal asesor legal de la Junta de Control Fiscal, particularmente en los casos de quiebra bajo el Título III de PROMESA. Entre mayo de 2017 y junio de 2018, dedicó sobre 1,500 horasde su vida a la quiebra de Puerto Rico. Cada minuto de trabajo de Bienenstock cuesta $12.65 al erario y ya facturó más de $1.3 millones en tan solo un año. Una solicitud de reacción a Bienenstock no fue atendida al cierre de esta edición.

Bienenstock y su equipo de Proskauer son solo parte del andamiaje de cientos de contratistas

que trabajan para la Junta. Más de 200 abogados, consultores y otros profesionales -- ejecutivos de la quiebra -- constituyen la 'mano de obra' del ente impuesto por el gobierno federal a traves de la ley PROMESA, según los contratos y la facturación que examinó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Los contribuyentes puertorriqueños han pagado a esta fecha, por lo menos, $80 millones en gastos de la Junta. El presupuesto de la entidad para el nuevo año fiscal añade sobre $60 millones a la cuenta.

A juicio de la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, la Junta es cuidadosa, selectiva y hace 'lo mejor posible' para controlar el gasto en servicios profesionales 'de calibre mundial', según lo califica. 'Los problemas de Puerto Rico son muy complejos, únicos. Requieren las mejores soluciones posibles.

Cuando miras el plan fiscal ves que no fue escrito por alguien con un par de ideas…', sostuvo durante una entrevista con el CPI, al justificar el gasto incurrido en las firmas contratadas, luego de resaltar el carácter temporero de la Junta.

Sin embargo, Jaresko contestó que 'no sabría decir' sobre hasta cuándo permanecerá en funciones la Junta, y con ella, el gasto de fondos públicos relacionado a la entidad.

'Necesitamos por lo menos cuatro años de balance fiscal y no hemos llegado a eso. Por lo que,

mínimo, cuatro años más', añadió.

Como ocurre con muchas de las firmas y bufetes relacionados a la quiebra de Puerto Rico, Proskauer conoce bien a su cliente. En el 2014, el bufete con sede en Nueva York fue contratado por el entonces gobernador Alejandro García Padilla. Bienenstock fue el autor intelectual de la Ley de Quiebra criolla, un intento legislativo del gobierno de Puerto Rico para tener acceso a un regimen de quiebra dentro de los confines de un tribunal. No tuvo exito. En el verano de 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en contra del Gobierno e invalidó la controversial pieza legislativa por entender que es un campo del Derecho que le corresponde regular exclusivamente al Gobierno federal. El Congreso de Estados Unidos actuó y aprobó PROMESA, una ley experimental que se pone a prueba cada día. Dos años despues,

Bienenstock lidera la consultoría y representación legal de la Junta.

Para el exjuez de quiebra federal, Gerardo Carlo Altieri, la reestructuración de la deuda de Puerto Rico es única en la historia de Estados Unidos; un 'mega caso' al nivel de Detroit, Argentina, Grecia, Jefferson County (Alabama), Orange County y San Bernardino (California).

Tambien comparten muchos de los abogados y consultores que han trabajado estas quiebras. 'Este es un grupo de abogados súper especializados que se dedica a ir alrededor del mundo a atender estos asuntos de insolvencia de Gobierno y cobran muchísimo. Eso se sabía', apuntó Carlo Altieri.

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