En momentos en que el gobierno, la Asamblea Legislativa y la Junta de Control Fiscal (JCF) protagonizan un choque frontal en reclamos de mayor transparencia y a días de que el Partido Popular Democrático (PPD) se estremeciera tras hacerse pública la relación de dos de sus líderes con una firma de cabildeo de fondos buitres, duerme engavetada una legislación que obligaría a crear un Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 808 aportaría a conocer precisamente gran parte de los principales jugadores que hoy se mantienen tras bastidores en la enmarañada gestión de establecer política pública pero, mientras cada bando político se recrimina por los cabilderos que acogen en su seno, el proyecto permanece dormido.

La medida de la autoría del presidente cameral, Carlos 'Johnny' Mendez no sólo crearía el Registro de Cabilderos, sino que además establecería una política pública clara sobre el cabildeo y reglamentaría la profesión con penalidades de cárcel y/o multas a quienes la violenten.

Pese a que la medida fue aprobada en junio del pasado año en la Cámara de Representantes, desde diciembre está en espera de acción en el Senado. Según el trámite legislativo, la comisión senatorial de Gobierno rindió un informe enmendando el proyecto y la pieza está desde el 5 de diciembre en espera de que se ponga en calendario de votación.

Puerto Rico está rezagado en el tema de la transparencia gubernamental y las regulaciones mediante legislación a la práctica de los cabilderos que son las personas y firmas que, representando organizaciones, intereses y/o corporaciones, se dedican a influenciar a los funcionaros públicos a favor o en contra de proyectos o iniciativas gubernamentales.

Tanto el gobierno federal como el resto de los estados tienen regulaciones mediante ley de la profesión y en al menos 31 estados se prohíbe que legisladores se conviertan en cabilderos inmediatamente despues de salir de sus puestos.

Aunque el cabildeo es parte del proceso político, se presta para el tráfico de influencias indebidas, según el nivel de acceso de exfuncionarios y políticos e incluso contratistas del gobierno dijo a este diario el exsenador por el PPD, Ángel Rosa. Este propuso una medida similar durante el pasado cuatrienio, medida que no prosperó.

'Siempre va a haber resistencia. Sobre todo, si se prohíbe que políticos y contratistas puedan cabildear. Al menos deben existir un periodo de enfriamiento', dijo Rosa.

Por su parte el representante por el PPD, Luis Vega Ramos, sostuvo que la regulación de los cabilderos profesionales resulta necesaria en momentos en que individuos, empresas y grupos, incluso extranjeros, impulsan sus intereses, muchas veces económicos afectando la situación fiscal de Puerto Rico.

'Más aun, teniendo en cuenta las tensiones y pugnas que parecen suscitarse entre Legislativo, Ejecutivo y ahora la Junta Fiscal. No veo justificación para que esta legislación este detenida en el Senado. Debiera llevarse a discusión lo más pronto posible para obligar a una mayor transparencia y publicidad a quienes ejercen este negocio lucrativo y a los intereses que los contratan', insistió.

En medio de la espinosa situación por la que atraviesa el PPD luego de trascender que el presidente de ese partido Hector Ferrer y el exsenador y miembro de la junta de gobernó Roberto Prats trabajaron para la firma de cabilderos DCI Group, Vega Ramos propuso una resolución para obligar a que sus miembros divulguen sus clientes, negocios e ingresos. La resolución fue aprobada.

'Ahora que hay pocos recursos para proveer servicios esenciales y hay intereses buscando impulsar políticas que podrían limitarlos más, o aumentar contribuciones o propiciar privatizaciones, quienes cabildeen en Puerto Rico deben estar dispuestos a divulgarlo. Hay que propiciar eso a nivel del gobierno y de los partidos tambien', añadió.

Al momento, las cámaras legislativas tienen sendos registros de cabilderos que no ofrece información sobre las gestiones que han hecho ni los temas por los cuales han cabildeado. Se reduce una mera lista de nombres y las firmas. Tampoco se prohíbe que contratistas y expolíticos trabajen como cabilderos.

De aprobarse la medida hasta ahora detenida en el Senado, además de crear el registro, los cabilderos tendrán que rendir trimestralmente informes detallados sobre todas sus gestiones. Se excluirá del registro a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan violado la Ley de Ética Gubernamental y regulará cómo un político podrá pasar del bando gubernamental al privado, según enmendado por el Senado.

'Se prohíbe que cualquier exlegislador, exfuncionario legislativo o exfuncionario ejecutivo cabildee ante Oficiales de la Rama Ejecutiva y Legislativa durante el periodo de un (1) año posterior a que dicha persona haya cesado las funciones de su puesto o cargo. Así tambien, se prohíbe por un termino de dos (2) años a un exfuncionario legislativo o exfuncionario ejecutivo, de intervenir en asuntos que estuvieron bajo su consideración mientras prestaban servicios como funcionarios gubernamentales', dice la medida.

La pieza legislativa propone que, de incumplir con las disposiciones, el cabildero podría ser sancionado con hasta tres años de cárcel y/o una multa de hasta $5,000.00. En caso de ser una corporación la multa sería hasta $10,000.00 y en ambos casos estarán impedidos de practicar el cabildeo durante un termino no menor de diez años.