El Municipio de Guaynabo develó el primer reglamento contra el hostigamiento sexual y laboral en el ayuntamiento, el cual propone sanciones de entre 15 días de suspensión de empleo y sueldo, hasta la destitución de quienes sean encontrados culpables de conductas impropias.

El reglamento es único en su clase, puesto que no se contaba con uno aprobado por la Legislatura Municipal.

'Anteriormente solo existía un manual, pero la mayor transformación que se produce al adoptar este reglamento es que las querellas se atienden de manera integral, desde que se presenta la queja, la investigación, adjudicación y la imposición de sanción', señaló el alcalde, Ángel Perez Otero.

La iniciativa es respuesta directa del patrón de hostigamiento bajo el mando del exalcalde, Hector O'Neill, cuyas denuncias impulsaron su salida del puesto y ahora enfrenta siete cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, dos violaciones a la Ley 54 que abordan la modalidad de maltrato y agresión sexual, además de un caso por acoso sexual en el empleo.

El documento dispone que el Municipio debe atender las querellas dentro de un período de tres a 20 días, en aras de inyectar urgencia al proceso. Para someter la querella, en cambio, no hay un plazo definido, pero el ejecutivo municipal instó a las víctimas a realizar los señalamientos tan pronto ocurran.

El reglamento además supone aplicar a empleados, legisladores, suplidores, contratistas y visitantes del municipio y, entre sus incisos, incluye un orden de sucesión en caso de que las querellas sean contra funcionarios en puestos de alto mando.

Perez Otero realizó el anuncio junto a la procuradora auxiliar de la Mujer, Carmen Lebrón González, con quien se había reunido el pasado 30 de agosto para dar paso a la alianza.

Dentro del reglamento se define lo que se considera como una conducta prohibida y sus implicaciones.

'Estos pueden ser piropos de carácter sexual no bienvenidos, mirar, tocar, ofrecer algo a cambio de favores sexuales, chistes de doble sentido', ejemplificó Lebrón González, antes de añadir que 'tal vez no esten dirigidos a ti ni a mí, pero hace incómodo el ambiente de trabajo'.

El alcalde y Lebrón González insistieron en que la reglamentación provee vías y controles adicionales que salvaguardan la seguridad de los empleados municipales, que se estima son 2,300 personas.

Para ejecutar las nuevas medidas, Guaynabo contará con una empleada adscrita a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) que fungirá como intercesora legal en la Alcaldía. La designada, Heidy Irizarry, es trabajadora social y ofrecerá servicios de consejería a toda persona que lo necesite y desee.

Como parte de sus tareas, laborará de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el segundo piso de la Alcaldía.

De la misma forma, se entregará una copia del reglamento a cada empleado y contratista, al igual que el Municipio ofrecerá capacitación sobre las disposiciones del estatuto, vigente desde hoy.

El próximo 20 de marzo, la jueza asociada del Tribunal Supremo, Mildred Pabón Charneco, impartirá una charla sobre el tema a los directores de las dependencias municipales.

Tanto Perez Otero como Lebrón González enfatizaron que la presencia de la intercesora legal no pretende 'limitar' la responsabilidad del municipio en cuanto a la atención meritoria de estos casos.

Igualmente, no debe representar un escollo para las víctimas, quienes tambien pueden acudir a la OPM, al Departamento de Justicia, y a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

El Municipio de Guaynabo cuenta con cuatro casos activos de hostigamiento, dos en Recursos Humanos y dos en los tribunales.

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