Desde afuera, el presupuesto de casi $30 millones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se cataloga como excesivo y hasta innecesario, pues a ese organismo no se le ha adjudicado una responsabilidad apremiante en años no electorales.

Además, mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) ordena recortes por todo lo ancho del Gobierno, muchos han sugerido reasignar los fondos correspondientes a la Comisión a otras áreas más vulnerables, como la Universidad de Puerto Rico y en las pensiones de los jubilados.

Incluso, los escándalos recientes que resultaron en la renuncia de su expresidente, Rafael Ramos Sáenz --así como miembros allegados al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en La Fortaleza--, y el horario de trabajo de Roberto E. Benítez Burgos, hijo de la actual comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, sirvieron para insistir sobre el reclamo contra la CEE.

Sin embargo, para la CEE, su presupuesto no da abasto, ya que cuenta con un deficit mayor de dos millones de dólares debido a los recortes sistemáticos. Como consecuencia de ello, de acuerdo al presidente interino, Nicolás Gautier Vega, no se han efectuado pagos a empleados, contratistas y otros prestadores de servicios.

'Las fotocopiadoras escasamente nos quedan dos o tres en todo el edificio que funcionan. Como no le pagamos a Xerox ni a Ricoh, no nos dan mantenimiento. Los empleados no han cobrado dietas y millaje, y así, ese tipo de cosas. Esto es una tragedia', señaló el licenciado Gautier Vega, días antes de que el gobernador recomendara un aumento en 28% en el presupuesto de la agencia, fijando la cifra en $37.7 millones para el año fiscal que se avecina.

El presidente interino mencionó que el sistema de aire acondicionado del edificio se apaga con frecuencia al igual que el Centro de Operaciones de la Comisión. Asimismo, la CEE no puede ni pagar un exterminador para combatir las cucarachas, ni reparar los daños dejados por el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.

Basado en datos divulgados por el Gobierno correspondientes al año fiscal 2017-2018, el grueso del presupuesto de la CEE fue destinado a gastos relacionados a la planificación y el desarrollo de actividades electorales y a la nómina y costos relacionados.

En febrero de 2017, la agencia contaba con 627 empleados y proyectó una reducción a 555 de cara al año en curso.

A estos gastos les sigue el pago de facilidades y servicios públicos. Es por eso que la CEE ha trasladado las operaciones de más de 40 centros de Junta de Inscripción Permanente (JIP) a instalaciones municipales, pues no pueden continuar con el pago de arrendamiento de los espacios.

'Los hemos movido a facilidades municipales donde no estamos pagando por la renta. Eso ha mejorado el estatus de los fondos de la Comisión. Empezamos hace aproximadamente unos siete u ocho meses a hacer gestiones con los municipios y la mayoría ha colaborado', afirmó Gautier Vega en referencia a las alrededor de 100 oficinas.

Como parte de los ajustes, las JIP en cada municipio han servido como agencias multifuncionales, en las cuales se integran servicios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Negociado de la Policía, y más reciente el Departamento de Hacienda, además de realizar los trámites electorales.

Estas medidas surgieron, de acuerdo al funcionario, en gran medida por la necesidad de 'educar al Gobierno' sobre los ahorros alcanzables mediante los convenios interagenciales. Del mismo modo, es una respuesta consciente a la percepción en las afueras del edificio de diez pisos que colinda con el Coliseo de Puerto Rico, Jose Miguel Agrelot, en la cual se alega que la CEE 'no hace nada'.

'Dentro de poco vamos a trabajar en esas Juntas como si fueran Colecturías de Hacienda porque las Colecturías de Hacienda cerraron tambien y [dicen que] no estamos haciendo nada. Aparte de eso estamos inscribiendo electores y dando tarjetas. Durante el huracán y los dos meses despues, el único sitio donde se conseguían tarjetas de identificación para que la gente se pudiera montar en un avión era en la Comisión Estatal de Elecciones, y no estamos haciendo nada', argumentó el licenciado.

Como parte de los servicios que han asumido las JIP se encuentra la entrega de duplicados para marbetes y certificación de multas, certificados de nacimiento tras el cierre de las oficinas del Registro Demográfico, y el certificado de Buena Conducta de la Policía, entre otros.

'Teníamos que educar al mismo Gobierno, porque el Gobierno no se había enterado de que tenía una oficina en todos los municipios. Tú sabes que en Maricao y Las Marías no existe un banco, no existe una oficina de Gobierno. La única representación que tiene el Gobierno es la JIP', relató Gautier Vega.

Gautier Vega ocupó la titularidad de la CEE tras la renuncia del exjuez Ramos Sáenz, quien está bajo investigación de la agencia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) tras destaparse un aparente esquema de consultoría a traves de la aplicación de mensajería WhatsApp.

La Oficina de Administración de Tribunales, por su parte, comprobó que Ramos Sáenz consultó sobre sus decisiones como presidente de la JIP en Moca sobre el voto de los encamados en las elecciones del 2016. Mientras, el Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) ante la posible comisión de delitos.