Hasta finales de agosto tendrá el alcalde de Cabo Rojo por el Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Ramírez Kurtz, para pagar $4,000 en multas impuestas por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en caso de que no apele la resolución en 20 días.

La OEG presentó una querella en junio de 2017 por violaciones a los incisos i, j y s del artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. Los hechos de la denuncia se remontan al 9 de noviembre de 2016, día siguiente a las elecciones generales, cuando el Alcalde recibió en su oficina una caja que contenía un bizcocho con un el logo del PPD, el jíbaro con la pava.

'El querellado posó en varias fotos utilizando el bizcocho, que contenía un distintivo y los colores que identificaban al PPD, en las instalaciones de su oficina en la Casa Alcaldía', dice el punto 10 de la querella. Agrega en el punto 12 que el Ejecutivo municipal, 'mientras se encontraba en funciones de su trabajo, utilizó en su persona, propiedad bajo su custodia, la cual contenía un distintivo que identificaba al PPD y que a su vez tuvo el efecto de promover los intereses del partido al cual pertenece el querellado'.

Según la resolución de Ética 'un servidor no puede utilizar en los bienes mubeles e inmuebles del gobierno cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, pegatina, calcomanía, rótulo, insignia, aplicación tecnológica, mensaje escrito u otro distintivo que identifique o promueva directa o indirectamente los intereses electorales de cualquier partido o candidato político'. Asimismo, en horas laborables tampoco puede 'utilizar en su persona, propiedad o en cualquier propiedad bajo su custodia' ningún símbolo que identifique alguna colectividad. Mucho menos puede 'llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental'.

No obstante, Ética reconoce que los actos de Ramírez Kurtz no pusieron 'en duda la integridad o imparcialidad de las funciones oficiales que corresponde realizar al municipio'.

Lea la resolución de la OEG a continuación.