Tras las críticas sobre su inacción ante el caso de hostigamiento sexual en la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, atribuyó la inactividad a la espera de que otros canales culminen sus respectivas investigaciones.

Es decir, aún el Departamento de Justicia no intervendrá legalmente contra, por ejemplo, el exdirector ejecutivo Jose Izquierdo II, ni sus alegados encubridores porque Turismo no ha finalizado sus labores de análisis internos y la Policía no ha comenzado.

Incluso, aunque la Oficina de Ética Gubernamental ya afirmó que investiga el suceso, el Departamento de Justicia esperará además por la voluntad de las víctimas para proceder con el caso.

'Una vez ellos terminen los procesos de proteger a las víctimas, dar esos servicios que se necesiten, si ellas están en disposición, porque tenemos que primero pensar si son voluntarias para participar de un proceso más allá del administrativo, pues lo investiga la Policía y entonces entra el Departamento de Justicia', explicó Vázquez Garced.

En Turismo, agencia que ahora se cataloga como una subdivisión del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se activó el protocolo de hostigamiento sexual posterior a la destitución de Izquierdo II, y meses despues de que funcionarios de La Fortaleza, alegadamente, advinieran en conocimiento de las denuncias.

El jueves pasado, Turismo divulgó un memorando para orientar a los empleados sobre su política pública contra el acoso sexual en el entorno laboral.

'Ustedes saben que una vez hay algún planteamiento de hostigamiento sexual se levanta el protocolo de manejo de esa situación en la agencia, así que nosotros estamos esperando a que se termine esa investigación en la agencia. Eso requiere una confidencialidad para las víctimas y nosotros vamos a garantizar esa confidencialidad para las víctimas', añadió Vázquez Garced.

Pese a que La Fortaleza no ha entrado en detalles sobre el asunto, se alega que tanto Izquierdo como Alfonso Orona Malvilla Amilivia y Christian Sobrino Vega --asesor legal y representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), respectivamente-- conocían de las imputaciones desde el mes de junio y no tomaron acción alguna para remediarlo.

La falta de proactividad por parte del Departamento de Justicia fue foco de críticas por parte del presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.