'No me corresponde esa determinación. Le corresponde a la Junta (de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica). En ese sentido yo cumplo con mi función como secretaria (del Departamento de Justicia) y como abogada del pueblo de Puerto Rico de decirle cuál es la ley'. Así reaccionó la secretaria del DJ, Wanda Vázquez Garced, al ser abordada sobre el exhorbitante contrato del principal oficial ejecutivo de la AEE, Walter Higgins III, y el contrato que la Junta otorgó al asesor Víctor Peña Vargas.

De mantener el contrato más bonificaciones de Higgins III, podrían duplicar su sueldo de $450 mil. 'Se puso la cláusula allí por lo que habíamos podido examinar, así que yo creo que en este momento cualquier comentario sería especulativo. Vamos a dar la oportunidad que ellos examinen los documentos', agregó la Secretaria sobre este asunto.

Vázquez envió una carta al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi, advirtiendo que las bonificaciones de Higgins III así como el contrato de su amigo Víctor Peña Vargas no se ajustan a la jurisprudencia y le hizo un llamado a la prudencia en la corporación pública que actualmente negocia su deuda con los acreedores bajo la Ley federal PROMESA.

'La intención de la carta era establecerles a ellos cuál era el estado de derecho dado la preocupación que había habido públicamente, no solo con el contrato de Walter Higgins, sino tambien con el contrato de Peña, posteriormente. Así que, habiendo una preocupación en el público o general que habíamos escuchado, lo que quisimos fue establecer el estado de derecho, tanto con los bonos como tanto la utilización de los fondos públicos. Como ustedes saben, ya el Secretario de la Gobernación interino se había expresado, así que esa era nuestra misión con esa carta', reconoció la Secretaria.

'Lo que pude observar y de lo que pude tener conocimiento es que el presidente de la Junta ha agradecido la misiva del Departamento de Justicia, que la ha examinado y que obviamente va a tomar conocimiento de los fundamentos que nosotros expusimos en la comunicación, así que esperamos que en la sana discreción de la Junta, la puedan examinar y tomar las determinaciones que ellos entiendan', agregó la funcionaria.

La Ley 66 establece que 'ningún contrato de empleo ni de servicios profesionales con cualesquiera Agencia, Corporación o Instrumentalidad Pública… podrá acordar, aprobar a algún contratista o funcionario cualquier remuneración o bono por concepto de productividad'. Asimismo, una determinación del Tribunal Supremo que señala que '... el desembolso indebido o ilegal de fondos -en sus formas múltiples, a veces burda y otras soficticadas - son actos incompatibles con el sistema de gobierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad humana y el dinero del pueblo como único soberano. No importa las modalidades que adopten ni la jerarquía el funcionario; las mismas son intolerables'.

Vázquez Garced sostuvo que con la carta enviada a Sgroi espera que la Junta 'tomen conocimiento de cuál es la ley y que ellos examinen sus actuaciones y si ellos entienden que la deben examinar y que tomen las medidas que la Junta entienda que deba tomar'.

El miercoles, el secretario interino de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín, admitió que le dio el visto bueno al contrato de Peña Vargas según la información que en ese momento se le hizo llegar, que fue una hoja de trámite, no el contrato. Previamente había ordenado la revisión del mismo.

El contrato, por un monto total de 315 mil dólares, fue firmado el pasado 9 de mayo y estará vigente hasta el 31 de mayo de 2019.

Adriana De Jesús Salamán colaboró en esta historia.