El guardia correccional que cargaba un racimo de esposas plateadas se acercó y me preguntó si venía 'a entrevistar a los que se van'.

'Cuántos son los que se van', le preguntó a una funcionaria correccional. 'Hay como 89 [confinados] identificados', dijo la mujer.

En la cárcel Guayama 500 hay 456 reclusos en total. Es una prisión de custodia mínima calificada como 'protectiva', porque alberga a reclusos que por su seguridad no pueden convivir con el resto de la población penal, como por ejemplo policías que cumplen una condena. La cárcel está ubicada en el municipio sureño de Guayama, en una zona árida, cerca de fábricas y farmaceuticas.

Detrás de la primera de varias puertas de seguridad, hay un camino cercado que conecta con una estructura en donde hay varios salones, parecida casi a una escuela abandonada o un hospital viejo. Pero aquí hay guardias armados.

En uno de los salones, 27 confinados se sentaron en pupitres. Algunos parecen acabados de graduar de escuela superior, otros tienen aspecto de maestros de larga trayectoria y sabiduría. Todos están sentados como alumnos, con uniformes caqui, miradas recias, y una sentencia a cuestas.

En una pizarra se proyectan imágenes e información de Tallahatchie County Correctional Facility, la cárcel privada de Mississippi en la cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) les promete que van a estar mucho mejor que aquí.

El traslado a Mississippi comenzaría el 30 de septiembre

Luego de más de cuatro meses de cambios en la información sobre el rumbo final, el DCR decidió que esa cárcel de Mississippi administrada por la empresa CoreCivic, será donde se reubicarán por lo menos 1,200 confinados que participen de la primera fase del programa de traslados que propuso la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. La meta es que en cinco años se trasladen a cárceles privadas de Estados Unidos 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal de Puerto Rico; poco más del 30% de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente.

El primer vuelo saldría el 30 de septiembre, si la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso de Estados Unidos para controlar las finanzas de Puerto Rico aprueba el contrato entre CoreCivic y el DCR, que comenzaría en $25 millones al año, por cinco años, lo cual al final costaría $125 millones, según Erik Rolón, secretario de Corrección.

El programa de traslados es presentado por el DCR como voluntario. Cinco reclusos entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que se apuntaron para ser evaluados a ver si cualifican al programa, dijeron que no han sentido presión directa para ser trasladados. Recalcaron, sin embargo, que las condiciones de las instalaciones y el trato que reciben de parte del sistema correccional en Puerto Rico, los impulsa a querer explorar lo que el DCR les presenta como una mejor opción a las cárceles de la isla.

'Por lo menos ahí en el papel, por lo que nos dicen, pues, nos interesa porque hay más beneficios que aquí, más cosas que nos pueden ayudar', dijo al CPI el confinado Jorge Morales, sentado junto a cuatro compañeros en una pequeña biblioteca adjunta al salón donde se dio la orientación.

'Sinceramente nos vamos más por el área educativa, porque no tenemos para coger clases, no tenemos na'. No tenemos pa' matar el ocio. Aquí nos ofrecen trabajo, y el trabajo nunca existe. Nos ofrecen villas y castillas, y eso nunca aparece; nunca. Estoy en una custodia mínima. Pero aquí eso de custodia mínima no existe, en el sentido de que los privilegios que tiene la custodia mínima, aquí [ en Guayama 500] no nos los están dando. Aquí tenemos una custodia que le podemos llamar media alta', mencionó el confinado Jose Ortega.

Es el martes, 27 de agosto en la mañana, y esta es la segunda orientación que reciben los confinados de Guayama 500 interesados en ser trasladados. La cárcel de Mississippi que el DCR les presenta hoy, fue la misma que propuso la empresa CoreCivic inicialmente en mayo para trasladar a los confinados de Puerto Rico. Luego, Corrección la cambió por La Palma en Arizona, porque alegadamente no había espacio en Mississippi. Tres meses más tarde, La Palma en Arizona fue descartada por Corrección y se decidió finalmente por Mississippi.

¿Que pasó que ahora sí hay espacio en esa cárcel de Mississippi?, preguntó el CPI a Erik Rolón, secretario de la agencia.

'Desde el lado de acá, nosotros nos limitamos a decir lo que queremos. Por ejemplo, nosotros dijimos que queremos de 1,000 a 1,200 espacios en la primera fase. En mayo, hubo una situación, parece que [los funcionarios de CoreCivic] llegaron a unos acuerdos con otras entidades y por lo menos la facilidad que nos habían ofrecido inicialmente, pues no estaba disponible. Quizás ellos tuvieron que hacer sus ajustes en las instituciones que ellos manejan', dijo Rolón, sentado en su oficina en el piso 15 de la sede de Corrección en Hato Rey.

'Lo que sí que es bien importante es que en ese contrato que yo voy a firmar yo no voy a permitir que ellos [CoreCivic], por hacer negocios con otros estados, me muevan mi población. Así que por eso fue que te mencione que quizá ellos tienen unos contratos con unas entidades que les permiten ese tipo de cambio de forma flexible. Pero con nosotros no va a ser así porque cuando yo tome la decisión, es porque esa es la institución que queremos, porque esa fue la que inspeccionamos, esa fue la que nosotros entendemos que garantiza los derechos', añadió el Secretario.

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