Una opinión del Departamento de Justicia en los últimos días de su mandato es la única base para emitirle dos pagos.

En sus últimos días en el cargo, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced procuró agenciarse una liquidación de vacaciones y enfermedad mediante un tratamiento de excepción que no está disponible para otros empleados públicos, que choca contra la reglamentación y práctica de los recursos humanos en el gobierno y que requirió una opinión de la exsecretaria de Justicia interina, Inés del C. Carrau Martínez para intentar sustentarla.

Para justificar esa liquidación, la opinión de Carrau Martínez plantea una interpretación que convierte a Vázquez Garced en una excepción dentro de la práctica regular del servicio público y sostiene la teoría de que en 2010, cuando pasó inmediatamente de fiscal a Procuradora de la Mujer, ocurrió algún tipo de “renuncia” en el servicio público que dejó en suspenso, por 10 años, un balance de licencias de vacaciones y enfermedad que tenía acumuladas hasta 2010 y que ahora, 10 años después, busca cobrar.

La Fortaleza confirmó a NotiCel que la liquidación asciende a $18,037.44 y está todavía pendiente de aprobación en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Sheila Angleró, portavoz del Primer Ejecutivo, indicó que esa liquidación es “por sus años de trabajo en el servicio público antes de ser gobernadora”. “La última certificación de acumulación de vacaciones la realizó el Departamento de Justicia, pero La Fortaleza fue la última agencia de donde se desvincula del gobierno por lo que corresponde realizarle la liquidación”, añadió.

Además, mediante una solicitud a través de la Ley 141 de Acceso a la Información, el Departamento de Justicia confirmó que a Vázquez Garced se le había hecho un pago el 6 de marzo de 2020 de $17,666.69 “como compensación final por ejercer como Secretaria de Justicia”, conforme a la Ley 125 que autoriza un “pago global de licencias acumuladas”.

Si OGP aprueba la liquidación pendiente, Vázquez Garced habría liquidado licencias en dos momentos distintos de una carrera laboral que nunca ha sido interrumpida. Ambos pagos sumarían $35,704.13.

Otro elemento es que la regla que aplica a todos los empleados públicos es que el cálculo de liquidación de licencias se hace basándose en el salario que tiene la persona al momento de hacer la liquidación. En el caso de Vázquez Garced, su salario como gobernadora es uno de los más bajos en el liderato gubernamental, unos $5,833 mensuales, pero la opinión de Carrau Martínez dice que este segundo cheque tiene que basarse en sus condiciones de empleo de 2010, como fiscal de Distrito, por lo que la base salarial serían unos $7,500. De esta manera, Vázquez Garced no solo liquidaría licencias dos veces, sino que lo haría con los dos salarios más altos que tuvo en su carrera.

La liquidación que está pendiente de evaluación en OGP causó sorpresa entre los expertos en Recursos Humanos y está tan dudosa en la ley que provocó una opinión de Carrau Martínez el 28 de diciembre de 2020, la última semana de la Administración Vázquez Garced.

Los principios básicos que gobiernan las liquidaciones de licencias a empleados público son: 1) ocurren una sola vez, cuando se registra “la desvinculación total y absoluta del servicio público por cualquier razón”, 2) los cambios de puesto, sean al servicio de confianza, a la secretaría de una agencia o, incluso, a otra rama de gobierno, no cuentan como una separación del servicio público siempre y cuando el empleo sea continuo, 3) el máximo de acumulación de vacaciones que se liquida es 60 días, el resto se pierde si no se disfruta mientras la persona es empleada, 4) los días por enfermedad no se liquidan, se pierden si no se disfrutan mientras la persona es empleada, y 5) están prohibidas las “bonificaciones” a secretarios y jefes de agencia más allá de reconocérseles el derecho a acumular vacaciones igual que lo hacen los empleados regulares y que, al liquidarse, tampoco debe ser de más de 60 días.

Pero el trámite con Vázquez Garced presenta aspectos irregulares que, como explicaron los expertos consultados, solo podrían explicarse si se le reconoce que se “desvinculó total y absolutamente” más de una vez del servicio público y que hace 10 años dejó pendiente de cobrar liquidaciones que reclama ahora cuando se acoge al retiro después de extinguir su término como gobernadora constitucional. El problema con esa alternativa es que el historial laboral de Vázquez Garced refleja una carrera continua que nunca ha tenido el tipo de interrupción que se conoce como una desvinculación “total y absoluta” del servicio público.

Ese historial está consignado oficialmente en el informe senatorial para su nombramiento como Secretaria de Justicia. Allí se señala que, entre 1987 y 1988, comenzó como Abogada I en el Departamento de la Vivienda, pasó a Justicia en 1989 como fiscal especial, en 2011 pasó a la Procuradoría de las Mujeres, en 2017 a la Secretaría de Justicia y en 2019 a la gobernación mediante el mecanismo de sucesión tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. En su historial no hay separación, sino una línea de servicio ininterrumpida de unos 32 años que termina ahora con su jubilación. Por tanto, el momento real y definitivo de una separación del servicio ocurrió ahora, que se jubila como Gobernadora, y no en 2019, cuando dejó de ser Secretaria, o en 2011 cuando de fiscalía pasó a la Procuradoría.

De hecho, si por algún concepto se le hubiera contado que la separación ocurrió cuando dejó de ser Secretaria en 2019, entonces el cheque de marzo de 2020 se supone que hubiera cubierto todos sus balances de licencias pendientes bajo un solo pago que tenía un tope de 60 días, quedando nada para liquidar ahora porque ni la Constitución del Estado Libre Asociado ni ninguna ley le reconoce a un gobernador el derecho a acumular licencia de vacaciones.

La opinión de Carrau Martínez

La opinión de la exsecretaria interina, a quien Vázquez Garced nombró al cargo, está dirigida a la exjefa de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Sandra Torres López por una consulta que ésta hizo el 23 de diciembre. Pero la opinión resulta ser un boomerang porque, aunque se dirige a la OATRH, vuelve a rebotar a Justicia porque la OATRH no emite pagos de liquidaciones sino que se trata de la propia agencia del empleado la que tiene que fundamentar, certificar y autorizar la emisión del pago de liquidación de licencias.

Desde el punto de vista legal, la conclusión es que Vázquez Garced puede tener una “compensación final” como Secretaria, que sería el cheque de marzo de 2020, y puede también tener un “pago global” de sus licencias, que sería el cheque pendiente de autorización en OGP.

Pero el razonamiento para llegar a que esos dos pagos son distintos, responden a distintas cosas y se pueden hacer en distintos momentos de la carrera del funcionario está lleno de lagunas y de instancias en las que sencillamente Carrau Martínez opta por proponer una teoría sin base legal clara. Para la exsecretaria interina era “muy confuso” pensar que un empleado regular que se convierte en secretario de una agencia simplemente sigue cargando con un mismo balance de vacaciones por lo que concluyó que debían ser dos cosas distintas.

El propio documento consigna que Vázquez Garced solicitó “en su momento” la liquidación como fiscal de Distrito pero le fue denegada. No dice exactamente cuándo ni en qué circunstancias pero esta aseveración lleva a la conclusión de que, en otro momento, ya Justicia se había enfrentado con este mismo cuestionamiento y había decidido que no, que no procedía una liquidación como fiscal de Distrito.

“[E]s nuestra opinión” que la ley tiene “dos liquidaciones distinguibles una de la otra”, dice ahora Carrau Martínez para justificar los dos pagos separados.

“[P]procede la liquidación de esos balances, según se hubiese realizado en el año 2010, basado en el derecho vigente a esa fecha, lo cual, distinto a la compensación final, constituye un pago global”, concluyó.

Con esta opinión legal, la exgobernadora podría hacer lo que ningún otro empleado público puede, viajar en el tiempo a un momento en que se podía cobrar hasta 60 días por vacaciones y hasta 90 por enfermedad.

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