El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) informó hoy que otorgó 40 días adicionales a la investigación del chat de Whatsapp tras conocer que otros funcionarios tambien pudieran estar involucrados.

En su resolución, la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, dice que 'en su escrito, los fiscales Ramón Mendoza Rosario e Iris Melendez Vega, nos informan que durante el curso de la investigación de este asunto, han surgido nuevos elementos que apuntan a que otros funcionados públicos pudieron haber incurrido en actos indebidos o constitutivos de delito. Ante lo expuesto, solicitan que se les autorice ampliar la encomienda I inicial para que esten debidamente autorizados a investigar los actos conductas de esos funcionarios conforme surge de la investigación realizada hasta este momento'.

'Luego de la consideración correspondiente de los meritos esbozados en dicha solicitud, declaramos Con Lugar lo peticionado por dichos fiscales', agrega la resolución.

Cotto Vives dio plazo hasta el lunes 24 de septiembre para la presentación del informe final.

El pasado 2 de mayo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, reveló los resultados de la investigación que llevó a cabo personal de esa agencia sobre la participación de funcionarios del gobierno en la mencionada conversación en la aplicación de mensajería WhatsApp, cuya controversia culminó con la renuncia del pasado presidente de la CEE, Rafael Ramos Sáenz.

El DJ recomendó la designación de un FEI para Ramos Sáenz. Ese mismo día Villafañe renunció a su cargo, mientras se le pidió la renuncia al resto de los funcionarios.

La pesquisa realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia destaca que se cuenta con prueba que demuestra causa suficiente para realizar dicha recomendación.

La misma indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local 037 de Moca, pudo haber incurrido en violación de: el Artículo 250 (Enriquecimiento ilícito); Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos); Artículo 291 (Influencia indebida en la adjudicación); Artículo 264 (Malversación de fondos públicos) del Código Penal. Tambien pudo haber violado los Artículos 12.005, 12.007 y 12.015 del Código Electoral del Siglo XXI.

Lo anterior, además de posible violación de los Cánones de Ética Judicial que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ramos Sáenz luego renunció a su puesto en la judicatura.

Además de la investigación de Justicia, la CEE tambien investigó el asunto y la refirió al Departamento de Justica.

'La Comisión unánimemente decidió aceptar los informes de los oficiales investigadores y referir los tres informes a la Secretaria de Justicia para evaluación y determinación final sobre los referidos de violación al Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21', sostuvo el presidente interino Nicolás Gautier Vega en declaraciones escritas.

Lee aquí la resolución: