[OPINIÓN] El editor senior de NotiCel, Oscar J. Serrano, analiza las implicaciones de la posición de un sector de los galenos sobre comentarios públicos de dos analistas radiales.

Para comenzar con algo fuera de la cotidianidad asfixiante de Puerto Rico, hoy me llamó la atención una pelea de pesos pesados entre el comentarista conservador de Fox News, Sean Hannity, y uno de los principales diarios del mundo, The New York Times.

A Hannity no le gustaron unas referencias que el Times hizo de él y su trabajo en dos artículos y una columna de opinión y mandó, a través de su abogado, una carta de 12 páginas llenas de ‘cariño’ hacia el Times y el trabajo de sus reporteros y editores.

En plan de amenaza de demanda por libelo, Hannity acusó al Times de “indignante y evidente indiferencia a la verdad al caracterizar erróneamente (mi) cobertura de la pandemia del coronavirus y en (culparme) por la muerte trágica” de un dueño de barra víctima del coronavirus de quien su hija le había dicho al Times que se pasaba viendo Fox News y que entendía que la pandemia estaba suficientemente controlada como para irse de viaje a España.

Hannity se tiró al ruedo con el abogado Charles J. Harder, quien también representa al presidente Donald Trump y quien lideró el caso de libelo que acabó con la publicación digital Gawker.

El Times cumplió ayer con el plazo de 24 horas que le había dado Hannity con una misiva, de menos de una página, firmada por su abogado principal, David E. McCraw, en la que dicen “las columnas son precisas, razonablemente no implican lo que usted y el Sr. Hannity alegan que implican y constituyen una opinión protegida”.

“En respuesta a su exigencia de una disculpa y retracción, nuestra respuesta es no”, concluyó con un nivel de solidez y concisión que generó admiración de los defensores de la libertad de expresión en redes sociales.

No sé dónde acabe la pelea de Hannity con el Times (aunque conozco la trayectoria de McCraw así que mis chavos están con él), pero me pareció una anécdota muy congruente para comentar el sal pa’ fuera que han formado ciertos grupos médicos por expresiones que hicieran los comentaristas Jay Fonseca y Mayra López Mulero sobre la Orden Ejecutiva mediante la cual la gobernadora Wanda Vázquez Garced extendió la inmunidad del Estado a profesionales e instalaciones de la salud en su respuesta a la pandemia del coronavirus.

Como recordarán, es aquella orden que casualmente la Gobernadora firmó y emitió el 22 de abril, justo cuando en la Cámara de Representantes el coordinador del “Task Force'” médico del gobierno, el doctor Segundo Rodríguez Quillinchini, admitía que había recomendado que le dieran “pa’ lante” a la sospechosa transacción en la que el gobierno adelantó un pago de $19 millones a una empresa de construcción para que suplieran un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y otras siete organizaciones del sector de la salud objetan que López Mulero y Fonseca hayan usado el término “licencia para matar” en sus discusiones sobre el contenido y extensión de la orden de la Gobernadora. Según han dicho ambos comentaristas, el término se refería a lo que entienden son deficiencias legales y amplitud excesiva de la inmunidad y a que podría abarcar actuaciones como, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que el “Task Force” ha dado y sobre los que sus miembros podrían tener responsabilidad, como la compra de las pruebas.

A pesar de que ambos comentaristas se disculparon, ayer el Colegio y los grupos rematan con un anuncio de página entera en periódicos de papel (buena suerte con cuánta gente se enteró en momentos en que los periódicos de papel apenas se mueven) en la que llaman a un boicot mediático y a que los anunciantes les “nieguen su apoyo comercial”, específicamente “las organizaciones de servicios de salud (las aseguradoras) que auspician sus programaciones”.

Lo que me llama la atención es que algunos representantes de un sector profesional tan distinguido caigan tan bajo en la discusión pública, poniéndose al nivel de “trolls” con batas blancas, para un asunto básico: la libertad de expresión que todos tenemos incluye la libertad de tener opiniones. Si esas opiniones son apropiadas, suenan bonitas, están fundamentadas o son exageradas no viene al caso porque la doctrina legal ha resuelto, de manera consecutiva y hace mucho tiempo, que opiniones hay tantas como hay seres humanos en la sociedad.

¡Ah!, ¿que usted entiende que alguien ha dicho algo falso sobre usted y que eso le ha causado un daño evidenciable? Pues su derecho a reclamar daños por una expresión falsa que le afecte está protegido, tírese al ruedo y que el tribunal decida. Pero, ¿de verdad todos esos recursos se han movido porque algunos directivos de organizaciones profesionales tienen una diferencia de opinión con dos figuras públicas?

Y ahora vamos a la vuelta de tuerca en la historia, el “plot twist”.

En su defensa, Fonseca publicó en sus redes sociales lo que presentó como la imagen de un mensaje de texto escrito por el doctor Juan Salgado, uno de los miembros del “Task Force”.

“NO AUSPICIO DE PLANES MÉDICOS A ESTAS PERSONAS. Nosotros podemos controlar los planes médicos que nuestros pacientes escojan”, así, con todo y mayúsculas dice el mensaje de Salgado, cuya fecha no se conoce pero cuyo plan está completamente reflejado en el anuncio de las organizaciones pidiendo que las aseguradoras nieguen auspicio comercial a Fonseca y López Mulero.

A la hora de este escrito, ya un día después de publicado el mensaje de texto, Salgado no lo ha negado ni lo ha contextualizado.

Este mensaje, y su eco en el anuncio de periódico, echa más sombra sobre la clase médica que las referencias que dos comentaristas puedan hacer a una supuesta “licencia para matar” porque, viniendo directamente de un médico, puede provocar que alguna mente inocente, ingenua, concluya que entre los médicos opera un cartel económico.

Esto, tomando en cuenta que la definición de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) de lo que es un cartel económico incluye elementos como la manipulación de los mercados y la fijación de precios.

Doctor Salgado, esto es de mucho cuidado, porque que un periodista o comentarista opine que los médicos se comportan como un cartel puede ser materia de discusión en una demanda civil por libelo, pero que un médico, en sus propias palabras y en referencia a su clase profesional completa, hable de usar el poder que tienen sobre sus pacientes para influenciar una actividad comercial puede ser materia de discusión en un caso criminal.

Y son sus propias palabras… “a confesión de parte, relevo de prueba”, dirían en el tribunal.