La aprobación de la ley federal PROMESA representa un elemento de incertidumbre en las negociaciones a las que ya ha llegado el Departamento de Justicia y el gobierno de Puerto Rico con los demandantes de tres pleitos controversiales en la historia jurídica del País.

Uno de los casos que tuvo un litigio de poco más de una década lo es el pleito de clase sobre el cobro indebido del seguro compulsorio desde 1998 hasta 2010 a titulares de vehículos de motor quienes ya habían adquirido un seguro privado. Según estimados del portavoz legal de los demandantes, el licenciado Antonio Amadeo, el monto del reembolso que le correspondería hacer a Hacienda ascendería a unos $100 millones si todas las personas con derecho reclamaran. Además se acordó un pago de honorarios legales por el Departamento de Hacienda de $375 mil a los 90 días de acoger el acuerdo mediante sentencia y $250 mil anuales por cuatro años.

Sin embargo, la llegada de una Junta de Control Fiscal en los próximos meses podría teóricamente dar al traste con los acuerdos a los que ha llegado el gobierno estatal. 'No sé la contestación a esa pregunta,' expresó Amadeo al preguntársele sobre cuál sería el impacto de la ley federal PROMESA en el pleito sobre el seguro compulsorio. 'La Junta de Control Fiscal puede dejar sin efecto cualesquiera obligaciones que haya asumido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podría decretar que no se paguen o se paguen de otra manera. Nosotros estamos en la misma situación que todas las personas que tienen sentencias por cobrar contra el Estado Libre Asociado'. Quedaría por verse entonces qué remedios tendrían disponibles los acreedores por sentencia del gobierno ante los tribunales locales o federales.

El resarcimiento a los demandantes en el caso sobre la negligencia del Estado en ofrecer servicios a los niños participantes del programa de Educación Especial aún no se ha determinado, pues el Tribunal ha dictaminado que le corresponde a cada demandante el peso de la prueba sobre los daños sufridos y el nexo causal con la actuación negligente del gobierno. Hasta el 31 de octubre del presente año, se estarán recibiendo los formularios de los representantes de los menores impactados y cada caso se deberá examinar de forma independiente si así lo determina el Tribunal. Nuevamente, de recaer una sentencia en daños y perjuicios favorable a los demandantes que presenten sus reclamaciones fundamentadas, podría quedar en suspenso su cumplimiento a la luz de la nueva Junta de Control Fiscal.

Los acuerdos en el caso federal Morales Feliciano serían los que menor impacto sufrirían con la llegada de la Junta de Control Fiscal. Las estipulaciones de este pleito se dieron en el marco de la severa crisis económica que sufre el erario, por lo que la oferta de transacción del gobierno local se enfocó en beneficios y compensaciones que representaran la menor cantidad de desembolso de fondos públicos.

Según un comunicado de prensa divulgado por la oficina de prensa del Tribunal de Distrito de Puerto Rico a nivel federal, el grupo de demandantes está compuesto por confinados y ex confinados que hayan hecho su ingreso en cárceles del país en algún momento desde 1980 hasta el presente por un periodo mayor de 48 horas. Entre los beneficios disponibles a los miembros de la clase se incluyen estudios profesionales y educación continuada a través de 11 de los recintos de la Universidad de Puerto Rico; acceso a programas de educación postsecundaria en el Departamento de Educación de Puerto Rico; acceso a cursos especializados para el desarrollo del deporte y recreación; ayuda con materiales de construcción y un programa de rehabilitación de viviendas a través del Departamento de la Vivienda.

'Se ofrecerán otros beneficios por parte del Departamento de Salud, Compañía de Parques Nacionales, Administración Metropolitana de Autobuses, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Departamento de Estado, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de Agricultura y el Departamento de Corrección y Rehabilitación', se añade.

El impacto de PROMESA y la Junta podría darse de forma indirecta sobre las partidas de presupuesto que le permitan operar a las agencias estatales comprometidas a brindar servicios en el caso.