Este jueves 22 de septiembre, comienza un proceso judicial en el Tribunal Federal que va a determinar si el gobierno de Puerto Rico tendrá que destinar dinero de su presupuesto para el pago de las deudas a los bonistas que ha declarado que no puede pagar.

Desde las 9:00 a.m. el juez federal Francisco Besosa escuchará los argumentos para decidir si la suspensión automática de litigios que establece la Ley federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica para Puerto Rico (PROMESA) aplica o no en las demandas presentadas por varias firmas de inversión, bonistas en su carácter individual y aseguradoras de bonos municipales.

El bufete Adsuar, Muñiz, Goyco Seda & Pérez-Ochoa representará este jueves a la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corporation frente al juez Besosa, quien fue socio fundador de ese mismo bufete, que anteriormente llevaba el nombre de Adsuar, Muñiz, Goyco <><><><> Besosa. National Public Finance Guarantee Corporation es la aseguradora de alrededor de $3,800 millones de bonos del gobierno./p

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Besosa no es novato en este tema. Ya ha presentado dos órdenes, en casos separados, en las que sostiene que la suspensión de litigios de PROMESA solo aplica a las demandas que se hagan para exigir pagos de deuda. El juez ha dicho además que el detente no aplica a las demandas que exigen que el gobierno no use para otros fines los fondos que deben ser destinados para el pago de las Obligaciones Generales, que son bonos que tienen prioridad de pago y que están garantizados por la Constitución./p

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En el caso que se verá el jueves, rivalizan contra el gobierno de Puerto Rico fondos buitre como Aurelius Capital, representados por el bufete puertorriqueño McConnell Valdés y el estadounidense Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner <><><><><><><><><><><><><><><><><> Sauber, este último famoso por prevalecer en el llamado 'Juicio del siglo' en contra de Argentina. En ese caso, el periodista argentino Carlos Burgueño explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que los fondos buitre lograron el cobro de aproximadamente $9,500 millones y el gobierno argentino gastó cerca de $9,800 millones en multas y abogados./p

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El gobierno busca con su defensa que se aplique la suspensión de litigios que establece PROMESA para protegerse de las demandas de los acreedores, una de las razones principales por las que alegadamente apoyó la ley federal PROMESA./p

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Este podría ser el comienzo de un litigio largo, contencioso y costoso, donde se juega el quién decide cómo se usa el presupuesto del gobierno, el cual sería revisado además por la Junta de Control Fiscal, un cuerpo de siete miembros nombrados por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas del gobierno y que puede imponer sus decisiones sobre la legislatura y el ejecutivo de Puerto Rico./p

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'Se le va la vida al gobierno. Si el juez Besosa abre la pluma, los procesos de reestructuración voluntaria mediante negociación se van a ir por el chorro', estimó Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en procesos de quiebra./p

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Emmanuelli Jiménez entiende que bajo la Ley de Quiebra federal la determinación de no aplicar la suspensión de litigios no se sostendría. Según el abogado, esa regla también debería aplicar bajo la Ley PROMESA, la cual fue creada usando los reglamentos de las leyes de quiebra de Estados Unidos./p

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'Desde los primeros borradores de PROMESA he planteado que la inmolación del gobierno no iba a garantizar ninguna de las ventajas que reclamaba. La Ley de Moratoria fue sin duda un acto de emergencia y ‘defensa propia' frente a los acreedores, la justicia federal y el resto de los componentes del gobierno federal', analizó por su parte Carlos E. Ramos, abogado especializado en derecho constitucional./p

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'Sucedió lo que se esperaba: una interpretación de PROMESA que es plausible y posible sobretodo si la óptica es [priorizar] los intereses de los acreedores. Interpretar que un stay (suspensión) en cobro de deuda es distinto a cuestionar dónde y cómo el gobierno deposita su dinero en perjuicio de las reclamaciones una vez concluya el stay. Es, repito, legítima, pero muy restrictiva con los intereses de Puerto Rico y su gobierno. Muchos de estos casos están asignados a un juez y sistema de justicia federal que ya avaló estos enfoques restrictivos y contrarios a nuestros intereses colectivos', añadió Ramos./p

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