La prisa con la que Junta de Control Fiscal (JCF) pretende implantar recortes significativos para cuadrar la caja del gobierno podría estar relacionada a que cercano a esa fecha vencen los nombramientos de sus siete miembros, quienes hace semanas reciben presión de miembros del Congreso para que demuestren resultados tangibles de la ley PROMESA aprobada en verano pasado.

Arbitrariamente y sin ofrecer estudios o análisis alguno que sustenten la viabilidad, la Junta ha exigido desde enero pasado que el gobierno recorte $4,500 millones de su presupuesto en los próximos dos años fiscales lo que supone un duro golpe para la economía del país. Esos dos años fiscales vencen en 30 de junio de 2019; apenas dos meses antes de que se cumplan los tres años de los nombramientos de los miembros del organismo rector de las finanzas públicas.

Los miembros de la JCF fueron nombramos por el expresidente Barack Obama el pasado 31 de agosto y según dispone PROMESA en el artículo 101 'cada miembro asignado a la Junta ocupará su puesto por un período de 3 años'. Según la legislación federal y los estatus aprobados mediante reglamento interno por la JCF, los miembros podrán continuar en el organismo hasta tanto sean nombrados sus sucesores.

El factor tiempo juega un papel fundamental en el trabajo de los miembros de la junta, si desean presentar avances en la solución de la crisis fiscal de Puerto Rico dentro del término de sus nombramientos.

'Es un factor bien válido y fundamental en esa prisa que nadie entiende. Incluso para denegar ese tiempo adicional que está pidiendo el Gobernador. Ellos pueden querer decir que para esa fecha (cuando venzan sus nombramientos) hicimos algo', coincidieron el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez y la CPA Yazmín Colón Colón, expertos en el tema.

Tal y como adelantó NotiCel, el gobernador Ricardo Rosselló presentó la semana pasada un Plan Fiscal para cumplir con los requerimientos de la junta, pero en un término mayor de años. La propuesta deberá ser certificada por la JCF en marzo próximo.

Emmanuelli y Colón señalaron que los miembros de la JCF deben tener prisa de cuadrar la caja del gobierno para evitar que la situación fiscal del país empeore y se cuestione que su gestión no rindió frutos.

Según fuentes congresionales consultadas por NotiCel, la nueva administración republicana en el Capitolio Federal y en Casa Blanca espera resultados de la legislación aprobada hace seis meses antes de legislar o trabajar asuntos relacionados a Puerto Rico. El Congreso quiere acciones y ha condicionado posibles fondos a ver resultados en la tijera fiscal.

'Nosotros vamos periódicamente a Washington y dependiendo del tema, me acompañan distintos miembros de la Junta. Y es para esencialmente rendir cuentas. Para saber dónde estamos, cómo va el proceso. Ellos nos expresan sus preocupaciones, ellos también reciben presión de ciertos sectores para ciertas cosas y nosotros tenemos que rendirle cuentas', había admitido hace semanas el presidente de la JCF José Carrión III durante alocución ante el Caucus con el Gobierno auspiciado por la Asociación de Industriales en el Hotel Sheraton de Miramar.

Sin embargo, este solo podría ser un factor entre varios. La situación fiscal del país no se resolverá a corto plazo, a pesar de la predilección de algunos funcionarios.

Aunque evidentemente hay prisa, el economista y catedrático asociado en finanzas del Recinto Metropolitano de Universidad Interamericana, Antonio J. Fernós Sagebien, dijo que nadie parece tener la expectativa de que Puerto Rico logre encausar la economía para que crezca de forma positiva, sólida y sostenida a corto plazo y que, por ende, se reinserte en los mercados de deuda municipal americanos

'Debe tener algo que ver, pero no creo que sea la razón fundamental. Creo que la administración de Ricardo Rosselló conoce que el alcance de PROMESA establece que son 5 años y eso haría que se haga hincapié en los 5 años y no en los 2 años. Entiendo que los miembros de la JCF deben estar buscando que el informe de seguimiento y desempeño al Congreso muestre que han descargado sus funciones eficientemente', subrayó Fernós Sagebien.

El economista sostuvo que la JCF se tomó su tiempo en organizarse y ese tiempo opera en contra.

'Eso no es malo, pero el tiempo corre en su contra. Y eso, a su vez, podría ejercer presión adicional indeseada a la administración de Rosselló', afirmó.