Gobierno viola la Ley de Incentivos impunemente
Negligencia por parte de agencias públicas en el manejo de datos y dificultades con plataformas electrónicas han provocado que el Gobierno incumpla con la publicación estatutaria de informes sobre incentivos contributivos desde el 2015, lo cual violenta la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.
La carencia de información, atribuida a 'problemas tecnicos', ocurre de forma paralela al pedido por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la entrega de decretos de incentivos tributarios, uno que el Gobierno acató para el año fiscal 2017 según la propia entidad financiera. Sin embargo, ambos grupos se niegan a publicar los datos.
Igualmente, surge entre la elaboración y entrega del Plan Fiscal de Puerto Rico, documento que supone incluir cifras de este tipo para conocer la ruta económica de la Isla por los próximos seis años.
La Ley de Incentivos Económicos, conocida como la Ley 73 de 2008, establece un plazo de 180 días luego de cada cierre del año fiscal para que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Hacienda radiquen informes anuales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador sobre los incentivos otorgados.
En una vista pública ante la Comisión de Hacienda del Senado, el DDEC confesó que incumple con el estatuto desde el año fiscal 2014-2015, lo cual mantiene tras bastidores la cantidad de dinero destinado y las corporaciones beneficiadas por los incentivos contributivos.
Ese período transcurre desde los últimos años del cuatrienio de Alejandro García Padilla hasta la presente administración de Ricardo Rosselló Nevares.
El tracto de incumplimiento, según descrito por Gabriel Maldonado González --asesor legal general del DDEC-- comenzó en mayo del 2015 cuando la agencia adoptó una plataforma digital para que los solicitantes a estas ayudas enviaran sus informes. Sin embargo, la página sufrió 'un sinnúmero de problemas tecnicos' desde su lanzamiento, causando que los documentos fueran presentados en forma física.
'Los informes anuales presentados en formato físico nunca fueron entrados a una base de datos ni analizados, razón por la cual el Informe Anual del Año Fiscal 2014-2015 no fue preparado y por ende no fue presentado a la Asamblea Legislativa', declaró Maldonado González.
'Eventualmente, se corrigió el sistema para que durante los años fiscales subsiguientes los tenedores de decretos de la Ley 73-2008 pudieran radicar los Informes Anuales de sus entidades en la plataforma en línea. No obstante, una multitud de problemas continuaron afectando el sistema en línea, impidiendo que la data contenida en la plataforma pudiera ser sustraída de la misma', relató el asesor del DDEC.
Los incentivos que otorga el Gobierno van desde subvenciones a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y la construcción, hasta proyectos fílmicos, manufactura y la industria hotelera y provienen del DDEC, Hacienda y los municipios.
Pese a la alegada falta de información certera desde el 2015, el Gobierno ha incluido estimados de estos gastos en las distintas versiones del Plan Fiscal y ha puesto a disposición de la JCF informes de este tipo. Empero, se ha mostrado reacio a entregar los decretos incentivos tributarios para la pre-aprobación de la entidad financiera.
En una carta dirigida al asesor legal de la Junta, Jaime El Koury, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, mostró resistencia por entender que la publicación mostraría la discrepancia entre un incentivo y otro, y pondría en juego información confidencial de los proponentes.
La JCF requiere la información en virtud de la sección 208 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (PROMESA, por sus siglas en ingles).
La falta de transparencia en este renglón ha sido denunciada por la organización Espacios Abiertos (EA), quienes han abogado por la publicación de este registro en aras de que los beneficios que se han otorgado puedan ser evaluados por la ciudadanía a la par con los recortes que se proponen para los sectores más vulnerables del país.
En una carta a EA, la JCF aseguró que el Gobierno sometió un informe para el año fiscal 2017.
'Se pueden resguardar en que no está disponible pero está confirmado que de esa información el Gobierno ya hizo un informe el año pasado a la Junta de Control Fiscal, así que hay una información que sí está disponible. Es importante que esa información no se quede entre Junta y Gobierno, sino que se publique salvaguardando la privacidad', exclamó Cecille Blondet Passalacqua, directora ejecutiva de la organización.
En el 2017, EA presentó el informe 'Los privilegios contributivos y el presupuesto oculto: ¿dónde está nuestro dinero?', en cual se detalla que el Gobierno de Puerto Rico debe cumplir con el Governmental Accounting Standards Board (GASB) 77, que establece los estándares de información contable y financiera para los estados y gobiernos de los Estados Unidos que sigan los principios básicos de contabilidad.
'Medidas correctivas'
Durante la vista pública, Maldonado González aseguró que la administración de turno ha tomado medidas para corregir la situación desde su llegada en enero 2017. Sin embargo, y pese a su cumplimiento con la JCF, no ha entregado a la Legislatura los informes que le corresponden, acto que es motivo de investigación en la Casa de las Leyes.
'Estamos realizando las gestiones correspondientes para contratar a una firma que posibilitará el acceso a la data de los restantes años fiscales que se encuentra en el sistema. Además, dicho contratista tendrá la encomienda de corregir los problemas actuales de la plataforma para que en adelante el DDEC y PRIDCO puedan extraer la data sin la necesidad de contratistas independientes', afirmó Maldonado González.
Aunque se desconoce el resultado de los incentivos desde el 2015, en el Capitolio se discute la adopción de un nuevo 'Código de Incentivos de Puerto Rico' mediante el Proyecto del Senado 1013.
Mira la carta de AAFAF a la JCF:
Mira la circular de AAFAF sobre incentivos contributivos: