El enfrentamiento institucional entre el Gobierno, el Senado y la entidad federal de control al Ejecutivo a causa de la derogación de la ley que indemniza a los trabajadores despedidos por causa injusta eleva la incertidumbre sobre la crítica economía de la isla.

El origen del conflicto está en la decisión del Senado de negarse a acabar con la Ley 80, requisito para garantizar más dinero para el nuevo presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad de control impuesta por el Congreso en Washington al Gobierno liderado por lidera Ricardo Rosselló para garantizar unas finanzas públicas saneadas.

La JSF exige para permitir un presupuesto con más partidas para varios departamentos, los municipios y la Universidad pública que se ponga fin a la Ley 80, una norma que garantiza una indemnización en caso de despido injustificado.

La entidad de control, que quedó establecida en 2016 con la aprobación de la Ley Promesa en el Congreso en Washington, esgrime que la Ley 80 supone un freno para el desarrollo de la economía local al desincentivar la inversión -en especial la foránea- a causa de los costes laborales por despido.

La votación el jueves en el Senado de rechazo a la eliminación de la Ley 80 puede provocar que se anule el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Rosselló y la JSF en torno al presupuesto, lo que deja en el aire partidas con las que ya contaban agencias gubernamentales e instituciones educativas.

El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico Jose Alameda señaló a Efe que el enfrentamiento institucional ya sobre la mesa tendrá un 'efecto nefasto' para la isla caribeña por la incertidumbre que generará entre potenciales inversores.

Alameda subrayó que en su opinión asistimos a una lucha entre poderes políticos que provocará que las diferencias se diriman en los tribunales, algo que, como dijo, no le conviene a Puerto Rico.

Martha Quiñones, expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, dijo a Efe que la decisión del Senado responde al intento de la Cámara alta de proteger los derechos de los trabajadores.

La economista indicó que la postura del Senado provoca que la JSF tenga que retomar sus prioridades, despues de evaluar, matizó, las consecuencias de derogar la Ley 80 y no encontrar nada positivo en esa medida.

La votación en contra del Senado a terminar con la Ley 80 provoca además una confrontación institucional entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la JSF encargada del control de las finanzas públicas.

Los tres implicados reaccionaron a la decisión comenzando por el gobernador, quien aseguró que Rivera Schatz apostó por continuar con las 'mañas del pasado' que han conducido a la situación actual.

Rosselló sostuvo que la decisión del Senado pone en peligro el acuerdo con la JSF que garantizaba salvar los beneficios de la paga navideña, los permisos por días de enfermedad y vacaciones para los trabajadores, además de asignaciones para los municipios.

El presidente de la JSF, Jose Carrión, aseguró que mantener la Ley 80, tal y como hizo el Senado, implicará volver al plan fiscal inicial que contempla recortes en las licencias por vacaciones, días de enfermedad y la paga navideña.

La decisión del Senado provocará, posiblemente, la modificación del Plan Fiscal, el documento guía para los presupuestos, lo que se traducirá en recortes de cientos de millones de dólares durante los próximos 5 años.

Los miembros de la JSF se reunirán a finales de la próxima semana para discutir el presupuesto del año fiscal 2019 que debe entrar en vigor el 1 de julio, cita en la que se esperan conocer más datos sobre las consecuencias de la decisión del Senado.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

La junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue establecida, precisamente, por EE.UU. para atender la grave crisis financiera de la isla, a la que se sumó la devastación causada en septiembre pasado por el huracán María.