A la larga o a la corta, los eufemismos siempre quedan en evidencia.

Con su demanda ayer contra el gobernador Ricardo Rosselló, la Junta de Control Fiscal (JCF) abogó por lo que siempre hemos consignado los que le llamamos de 'Control' en vez del termino oficial de 'Supervisión': que la visión que tiene ese organismo sobre el alcance su poder es que ellos tienen el sarten cogido por el mango y no meramente sugieren que se use más sal o más salsa de tomate en el guiso.

El pleito radicado por la Junta no sólo abarca la reducción de jornada laboral, sino que también incluye los recortes a pensionados que también inyectó la JCF en el Plan Fiscal.

La Junta le saca en cara al Gobernador que, el 13 de marzo pasado, cuando aprobaron el Plan e introdujeron las enmiendas, ni Rosselló ni su entonces representante Elías Sánchez, objetaron la inclusión de la reducción de jornada. Además, que la Administración Rosselló no cumplió con el requisito de la Ley PROMESA de elevar una objeción formal al dictamen de la Junta ante el Presidente de los Estados Unidos y el Congreso dentro de los 90 días después de adoptado el Plan Fiscal. El Gobernador, como recalcó NotiCel en su momento, sacó pecho contra la reducción de jornada tarde porque la Junta había incluido ese lenguaje no sólo en el Plan Fiscal en marzo, también en el presupuesto aprobado en junio.

La Junta 'también busca un remedio interdictal que prohiba al Gobernador seguir rehusando cumplir con cualquier aspecto del Plan Fiscal, incluyendo la reducción de jornada y la reforma de pensiones', dijo el ente rector de las finanzas públicas al revelar el alcance de la decisión judicial que están buscando.

'No importa el camino mediante el cual la Junta certifica un plan fiscal, el Congreso la dotó de exclusiva y total discreción sobre las decisiones de certificación del plan fiscal. El Congreso también proveyó que dichas certificaciones están fuera del alcance de retos legales, quitándole a los tribunales federales la jurisdicción para atender cualquier impugnación de una decisión de la Junta sobre las certificaciones', añadió en un argumento que parece apuntar a otros pleitos pendientes que tienen acreedores en los que se plantea que la Junta violó la Ley PROMESA en el proceso que siguió para certificar y enmendar el plan fiscal del gobierno.

Y aunque todavía se interpreta por algunos que lo que protagonizan la Junta y el Gobernador es una pantomima, lo cierto es que la decisión judicial que puede salir de esta caso no va a ser una pantomima, va a ser ley y, de caer como la Junta lo está pidiendo, va a ser la corona del sometimiento político, va a ser una orden permanente para que ni este Gobernador, ni ningún otro, pueda negarse a cumplir con una orden de la Junta que responda al Plan Fiscal. Plan Fiscal que, de paso, sólo puede ser alterado por la Junta, según los argumentos de la propia Junta. Será, como decíamos de niños: 'Pum!, cayó la piedra'.

Como lo hizo desde el primer momento en que el nuevo representante del Gobernador, Christian Sobrino, comunicó la posición de la Administración Rosselló de no acatar la reducción de jornada, la Junta advirtió en el documento radicado ayer que, 'sin un interdicto (para obligar al Gobernador) la implementación del Plan Fiscal sería atrasada, pesada o de otra forma impedida, atentando así contra el futuro financiero de Puerto Rico y sus residentes'.

La solicitud de interdicto contra el Gobernador no fue el único movimiento de la Junta en las últimas horas para atar cabos.

También le exigieron más ajustes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para aprobar su plan fiscal y le 'recomendaron' al Gobernador y los presidentes legislativos que modifiquen la legislación vigente para que el Gobernador sólo pueda remover a los miembros de una junta directiva pública 'por causa' en vez de sólo por su capricho. Si se acepta la 'recomendación', se vería limitada la influencia de las fuerzas partidistas sobre estos nombramientos y se detendría el espectáculo de cada cuatro años cuando, indistintamente del color de la administración, los gobernadores llenan de leales las juntas que se suponen sean llenadas por profesionales con independencia de criterio y pericia.

Demanda de la Junta contra el Gobernador - NotiCel_26953

Carta de la Junta sobre Juntas de Directores en el gobierno - NotiCel_26954