Cifras de migración históricas que apelan a que el grupo poblacional que sale de Puerto Rico es más joven al que entra; datos que establecen que unas '28,343' personas con estudios post secundarios abandonaron la isla el pasado 2015, y otros '472' medicos que cada año se radican en Estados Unidos; llevan a que el gobierno de Puerto Rico, bajo el mandatario Ricardo Rosselló Nevares, intente crear un escenario que cobije un ejercicio de 'toma y dame' de beneficios para frenar la ola migratoria que no parece tener fin.

En constancia con la necesidad de este ejercicio, y fundamentados en los datos recopilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) entre los cuales figuran Carlos ‘Johnny' Méndez Nuñez, José ‘Pichy' Torres Zamora, María Milagros Charbonier Laureano y otros legisladores, radicaron el proyecto de la Cámara 5 para promulgar la 'Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos' y así evitar que estos profesionales continúen saliendo del país.

Según disponen las nuevas cifras del IEPR, la tendencia en el éxodo de puertorriqueños ha generado que 'el número de médicos en Puerto Rico disminuyera de 13,452 a 11,088, lo cual equivale a una pérdida promedio de 472 médicos por año o 1.29 médicos por día'. Tomando en cuenta los datos provistos y con el fin de evitar que continúe la disminución de 17.5% en la isla de estos profesionales de la salud, la legislación mencionada persigue otorgar un decreto que permita a los médicos acogidos por el mismo obtener una tasa fija de contribución sobre ingresos.

En esta línea, la tasa fija constaría de cuatro por ciento (4%) sobre su ingreso elegible generado en el desempeño de su práctica médica durante todo el período del Decreto. De igual modo, se esboza en el documento que los dividendos elegibles de estos profesionales estarán exentos del pago de contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico, 'hasta un tope de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares por año contributivo'.

Ante este escenario creado, el gobierno pretende recibir la garantía de que los médicos otorgan servicios en la isla, por lo que se le requiere cumplir con 'con el equivalente a ciento ochenta (180) horas anuales de servicios comunitarios sin remuneración'.

Cabe señalar que de convertirse en ley este proyecto, un médico acogido podrá gozar de estos beneficios por un periodo de 15 años. Asimismo, una vez culminado este termino, el profesional de la salud podrá, de igual modo, acogerse a una extensión por 15 años adicionales.

Esta medida, que había sido descargada, lo que significa que las comisiones a las que fue referido el proyecto ( \de Hacienda y Presupuesto, y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, PROMESA) radicaron moción para que según disponen las reglas de procedimiento se le releve 'de considerar o informar un asunto en particular que le ha sido referido', fue revisada y endosada por la Comisión de Salud, dando paso a que el pasado jueves 8 de febrero se discutiera la misma en la Cámara de Representantes.

La discusión estuvo rodeada de confrontaciones que aluden a que el proyecto tendrá un impacto en el fisco de cerca de '185 millones al año'. Sobre ello, el representante Manuel Natal Albelo sostuvo, durante su turno, que tras el gobierno 'pedir unos sacrificios adicionales a la clase trabajadora para poder cumplir con las obligaciones fiscales', considera contradictorio que 'por otro lado se le esté permitiendo a ciertas personas, en este caso un grupo privilegiado, evitar el pago de contribuciones'.

Esta particularidad tampoco hizo esperar reacciones que establecen la necesidad de que la Junta de Control Fiscal (JCF) revise la medida tras disyuntivas entre la legislatura y el economista Gustavo Vélez, quien remitió una carta a este ente fiscal buscando que supervisara los trabajos legislativos.

Sin embargo, lo esbozado por el legislador popular no evitó el endoso de la mayoría novoprogresista que dio un aval a la medida con 32 votos. Otros 4 legisladores votaron en contra del proyecto entre los cuales figuró Natal Albelo, Dennis Márquez, Ramón Luis Cruz y el expresidente del cuerpo, Roberto Rivera.

La aprobación de la medida en la rama baja de la Asamblea Legislativa concluyó en varias enmiendas entre las cuales datan reconocer como servicio comunitario de las 180 horas que deben cumplir los médicos, actividades como 'la prestación de servicios a pacientes del Plan de Salud del gobierno aunque el médico no tenga contrato sino que preste los servicios como empleado o contratista independiente'. Y además asegurar que 'que ningún médico quede fuera y que los esfuerzos no se pueden centrar en los médicos especialistas', como en un principio disponía la medida.

Estas dos enmiendas aprobadas fueron propuestas por la Comisión de Salud. Al presente, se espera que hoy, sábado, se discuta el proyecto en el Senado con miras a frenar el éxodo de médicos.

Los datos del IEPR detallan también que al seleccionar diversas ocupaciones de las personas que emigraron de Puerto Rico a los Estados Unidos, 'se encontró que entre 1,888 a 4,506 tenían ocupación de maestros'. No obstante, al momento, el gobierno no ha radicado medidas que intenten trabajar en la merma de esta cifra de profesionales educadores que salen a dar servicios fuera de la isla, a pesar de que en varias ocasiones, el Departamento de Educación (DE) ha sufrido la necesidad de llenar vacantes, en su mayoría, para la materia de inglés.

Otro esfuerzo del Gobierno centrados en ceder y recibir beneficios:

En la revelación del IEPR radica también el tema del movimiento neto de personas entrando y saliendo de la isla. Sobre esto se concluye que 'muchas más personas usan los aeropuertos de Puerto Rico para visitar la isla temporeramente o para transitar a otro destino'. Ante este particular, que se suma a los requerimientos de la JCF, cuerpo que solicita 'desarrollo económico', la rama alta de la Asamblea Legislativa radicó el proyecto del Senado 4 para adoptar la 'Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino'.

Dicha ley crearía la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como

Destino, Inc. que funcionaría como un ente privado sin fines de lucro y que perseguirá catapultar a Puerto Rico como una marca turística encargándose de que el movimiento hacia la isla incremente. De completarse el escenario planteado, esto se daría mediante la economía del visitante que propone que la corporación se encargue de establecer un vínculo directo con los visitantes a través del mercadeo.

En este caso el gobierno estaría dispuesto a ceder que la Compañía de Turismo asigne 'la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares mensuales para cubrir los gastos y las actividades iniciales de la Corporación' hasta el 30 de junio de 2017. De igual modo, como fuente adicional 'se establece la creación de un programa de pareo de fondos que se nutrirá de recursos privados y públicos a partir del Año Fiscal 2018-2019', dispone el documento radicado por los legisladores PNP Thomas Rivera Schatz, Larry Seilhamer Rodríguez, Carmelo Ríos, entre otros.

'La Compañía depositará en el Fondo una asignación progresiva y correlativa de hasta cinco millones (5,000,000) de dólares por año fiscal, para parear en igual cantidad los fondos recaudados o generados por la Corporación de fuentes no-gubernamentales', continúa explicando el documento.

Esta medida persigue trabajar para aumentar el porcentaje de turismo de Puerto Rico que ronda en el ' 7.2%', quedando por debajo del '9.8%' en promedio global. También pretende lograr que al igual que en el resto del mundo, 'uno de cada once empleos' sea producto del turismo.

Sin embargo, el documento, además de establecer que la economía del visitante ha reflejado' un marcado aumento en la inversión en dicho sector (turismo) en países y ciudades alrededor del mundo', al momento, no esboza cifras específicas que detallen cuánto podría beneficiarse Puerto Rico con el aval de este proyecto.

Este pudiera ser otro proyecto que traiga a la discusión pública la posibilidad de que la JCF revise legislaciones.