La Administración Rosselló llegó a un acuerdo con bonistas de los Sistemas de Retiro para que estos retiren la demanda que tenían contra la moratoria de la Ley PROMESA, a cambio de que el gobierno ponga en una cuenta separada los fondos que están en controversia.

La solución había sido sugerida en la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston del 11 de enero pasado en la que ese foro apelativo mantuvo la legalidad de la moratoria de pleitos de la Ley PROMESA. Además de aprobar la transacción en el caso de Retiro, el juez federal Francisco Besosa archivó sin prejuicio otros dos casos afectados por la decisión apelativa en la que grupos de bonistas retaban la constitucionalidad de la moratoria.

En el caso de los bonistas de Retiro, encabezados por el grupo de inversión Altair Global Credit Opportunities Fund, dispone que en un plazo no mayor de cinco días desde la transacción, se abrirá una cuenta en el Banco Popular en la que la Administración de los Sistemas de Retiro depositará las contribuciones patronales que estaban en controversia porque Retiro entiende que podía ponerlos en su cuenta para gastos operacionales bajo los decretos de emergencia de la Administración García Padilla mientras que los bonistas reclamaban protección de ese dinero para que no se perdiera y no estuviera disponible para repagar los bonos de la controvertible emisión de 2008.

La estipulación deja sin efecto la vista que estaba señalada para el caso este viernes.

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Orden transaccional Caso Altair - NotiCel_22762