La Junta de Control Fiscal (JCF) desplegará los poderes investigativos que le otorga la ley PROMESA para pesquisar supuestos arreglos turbios en los contratos de asesoría legal en el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, tanto de sus representantes legales en el proceso como de los representantes del gobierno.

Así sostiene un informe publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal que ha provocado revuelo en la clase política y que presenta la información sin revelar fuentes oficiales para ello.

Christian Sobrino, actual representante del gobernador Ricardo Rosselló en la JCF, dijo en entrevista en WKAQ 580 que llamó a la JCF para ofrecer ayuda a ese cuerpo en la investigación pero dijo que el ente le negó que fueran el origen de la información. Sin embargo, la Junta no ha emitido declaraciones a los medios sobre las alegaciones del artículo.

La historia fue publicada originalmente el viernes en la noche, pero no generó reacciones hasta hoy.

El control de la Junta a los contratistas del caso de quiebra vendría a traves de la implantación de requisitos de divulgación para que se tengan que consignar 'negocios paralelos no revelados o subcontratos y si cualquier tercera persona actuó como portero ('gatekeeper') de contratos públicos mediante un esquema de sobornos ('pay-to-play')'.

Sin vincularlo directamente con alguno de estos mecanismos, el informe del WSJ menciona las críticas que recibió Elías Sánchez cuando se convirtió en representante del Gobernador en la Junta por sus contactos y relaciones con firmas de cabildeo.

El proceso de quiebra de Puerto Rico es el más grande de su tipo, deuda pública, que se ha registrado en los Estados Unidos.

El dinero público que se proyecta sea consumido en el caso en los próximos seis años es de al menos $1,100 millones. Esto es aparte del financiamiento de las operaciones de la JCF, que se espera acumule un gasto de $430 millones hasta el 2023.

Tras el escándalo de Whitefish el año pasado, la JCF emitió criterios de evaluación de contrataciones que parten de contratos mayores a los $10 millones.

La tarifa promedio por hora que están cobrando los abogados en el caso de quiebra es de $700, aunque algunos llegan a $1,000.