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Junta Fiscal

Decepcionados los integrantes de la JSF con la Legislatura boricua

Porque no pudieron ponerse de acuerdo para aprobar a tiempo el presupuesto

17 de septiembre de 2021 - Reunión ordinaria de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir el plan de pensiones. En la foto: John Nixon, Justin Peterson, Antonio Medina, David Skeel, Andrew Biggs, Pedro Pierluisi Urrutia
Foto: Archivo/Juan R. Costa

El presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel lamentó el viernes que no se pudiera aprobar un presupuesto entre La Asamblea Legislativa, el Gobierno de Puerto Rico y el ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“La Legislatura no fue capaz de enviarnos el presupuesto a tiempo, pero el presupuesto que certificamos tiene muchas de las prioridades que discutimos con el gobernador y la Asamblea Legislativa”, dijo Skeel durante su mensaje en la reunión virtual del presupuesto del Gobierno Central, varias corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico.

“Con el presupuesto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la primera vez que ni siquiera tuvimos que enviar una carta de notificación de violación. Nos enviaron un presupuesto que era certificable y lo certificamos. Y también, el presupuesto para COSSEC (Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico) certificamos el que nos enviaron. Y eso son excelentes noticias”, añadió.

Por su parte, Antonio Medina, quien no participó de la reunión por estar de viaje expresó en una declaración leída por el presidente Skeel que estaba “altamente decepcionado que este año no se pudiera lograr un proceso similar al del año pasado”.

“A pesar de que la Junta permitió múltiples extensiones, la poca disposición de algunos individuos que antepusieron sus interés políticos o personales a los del pueblo de Puerto Rico provocó que la Junta certificara su presupuesto. Esto es un ejemplo de cómo la politiquería afecta al Estado Libre Asociado y también el comportamiento que ha llevado a Puerto Rico a la bancarrota”, expresó.

“Los otros días compartía con unos empresarios que me decían que no les gustaba la presencia de la Junta Fiscal, pero reconocían que sin la Junta no se iban a poder poner las finanzas de Puerto Rico en orden y, por lo tanto, la Junta tenía que asegurarse de que se institucionalicen las prácticas de manejo de finanzas y buen gobierno antes de irse. También, hay mucha gente en el país que me dice que están preocupados de que volvamos a la quiebra tan pronto se vaya la Junta. A nadie en Puerto Rico, incluyéndome a mí, nos gusta el concepto de que una Junta sea la que resuelva los problemas que se supone que los políticos electos atiendan. Pero la realidad es que la Junta se ha convertido en la malla de seguridad para que se tomen las decisiones correctas y también sea el villano para culpar cuando hay que tomar las decisiones difíciles, mientras nuestros políticos viven de presentar leyes que agradan a unos sectores del pueblo, pero no tienen formas de pagarse. Espero que este proceso de aprobar este presupuesto les traiga una enseñanza para que no repitan los errores del pasado”, añadió.

Medina alegó que, si la Junta no estuviera y no se hubiese aprobado su presupuesto, se repetiría la historia del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, el cual tuvo que cerrar porque la Asamblea Legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), no pudo lograr un acuerdo con el presupuesto.

También, criticó al presidente de la Cámara de Representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez por intentar incluir en el proyecto que enmienda el impuesto a las empresas foráneas con los cambios estructurales al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

La Junta certificó en la tarde del jueves, un presupuesto consolidado del Gobierno de 28 mil millones de dólares para el año fiscal, 2022-2023. En resumen, son 12,400 millones de dólares al Fondo General para las operaciones diarias del Gobierno de Puerto Rico, el Fondo de Ingresos Especiales de 4,500 millones de dólares destinado a usos particulares, así como 11,200 millones de dólares de financiamiento del Gobierno federal de los Estados Unidos.