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La Calle

Causa para arresto a exfuncionario de Com. Especiales

La juez, Yazdel Ramos, del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto el miércoles contra José L. Contreras Santana, empleado de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OCGFSA) por apropiación ilegal agravada e infracciones a Ley de Ética Gubernamental en relación al fraude al Programa de Comunidades Especiales.

Así lo informó en un comunicado de prensa el encargado de la investigación, el fiscal Rodolfo G. Ocasio Bravo, quien además dijo que al imputado se le fijó una fianza global de 7 mil dólares y que la vista preliminar quedó pautada para el 11 de julio.

Bravo explicó que Contreras Santana cambió cheques destinados a un contratista de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, que éste recomendó y se quedó con parte del dinero como pago por su labor.

Surge de la investigación realizada por el Departamento de Justicia (DJ), en colaboración con la Oficina del Contralor de Puerto Rico que Contreras Santana recomendó a las compañías WIRAVI, Corp. Corporation y RB Quality Development Corporation para que brindaran servicios de mantenimiento de los aires acondicionados en el Centro de Apoyo a la Autogestión y Desarrollo Económico Comunitario (CAADEC) de Arroyo.

Durante el periodo de abril de 2004 a agosto de 2005, ambas compañías formalizaron contratos por cerca de 160 mil dólares con la OCGFSA y el CAADEC para brindar mantenimiento a los aires acondicionados. A su vez, el imputado llegó a un acuerdo con el presidente de ambas compañías, donde éste le pagaba entre 1,000 y 1,500 dólares mensuales por laborar con él brindando los servicios de mantenimiento.

La pesquisa que realizaron las autoridades arrojó que entre julio a diciembre de 2004 el imputado recibió seis cheques pagaderos a WIRAVI, Corp. por 21,980 dólares y los cambió en diferentes centros de cambio de San Lorenzo, reteniendo cerca de 10,500 dólares como pago por sus servicios.

Las actuaciones del imputado constituyeron infracciones al artículo 166 (Apropiación Ilegal Agravada) del Código Penal de 1974 y al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental, ya que se benefició económicamente, tras recomendar el contratista a la coordinadora de la Oficina en la que laboraba.

Contreras Santana fungió como chofer de Luz Laboy Santos, ex ayudante de la Coordinadora General de la Oficina de Comunidades Especiales, quien también enfrenta un proceso judicial por haber violentado la Ley de Ética Gubernamental, tras haber obtenido un vehículo de uno de los contratistas de la Oficina que administraba.

El asunto fue referido al DJ por la División de Auditoría Legal de la Oficina de la Contralor de Puerto Rico y la investigación fue dirigida por el fiscal Ocasio Bravo, en colaboración con la agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del DJ, Edna Cruz y la auditora de la Oficina del Contralor, Ivette Hernández Adorno.

Según la representante Elizabeth Casado, presidenta de la Comisión cameral que investiga el fraude en Comunidades Especiales, 'con la acusación del día de hoy, ya son 11 las personas acusadas por actos relacionados a mal manejo en las Comunidades Especiales, incluyendo a Linda Colón y dos subalternos de ésta. Es lamentable que esto suceda, pero ya todo el País se sospechaba que habían irregularidades en el Programa y con nuestra investigación y las acusaciones del Departamento de Justicia, se ha confirmado'.

Para la legisladora, 'el hecho de que cerca de un 30% de los acusados esté relacionado con la doctora Colón, nos levanta muchas interrogantes. Por eso fue que deseábamos hacerle varias preguntas, pero se amparó a la quinta enmienda y no pudimos obtener su testimonio', mencionó.

Casado Irizarry, finalizó mencionando que la investigación que realiza la Cámara de Representantes, espera citar en los próximos días al arquitecto en entrenamiento, Magdiel Pérez y Madelyne Cajigas. Ambos ya comparecieron ante el organismo legislativo, pero surgió 'nueva evidencia' que es necesaria corroborar para hacer los correspondientes referidos.

Representante Elizabeth Casado, presidenta de la Comisión cameral que investiga el fraude en Comunidades Especiales. (NotiCel/Archivo)
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