Resultados de pruebas toxicológicas reactivan pesquisa sobre Ramírez Lluch
El Ministerio Público ha retomado la investigación del ahorcamiento del juez Jose Ramírez Lluch luego de haber culminado una primera ronda de entrevistas y haber recibido los resultados de las pruebas toxicológicas y de autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Pero más que cerrar el caso y hacer declaraciones públicas sobre los hallazgos, Justicia confirmó que volverán a la carga con más indagaciones.
Las pruebas de toxicología son estándar en todas las muertes violentas, eidentifican la presencia de algún medicamento o sustancia controlada en el cuerpo del occiso.
Semanas después del supuesto suicidio del juez, trascendió en algunos medios de prensa que este había dejado una nota donde detallaba que tenía cáncer. Esta información surgió luego de que las autoridades policíacas negaran rotundamente que hubiera alguna carta que confirmara la intención de suicidio, y pese al convencimiento de los familiares de que Ramírez Lluch no se quitó la vida.
El teniente Raúl Negrón, jefe de homicidios en Bayamón, confirmó a este diario que también se estudiará si el juez tenía o no cáncer mediante la autopsia delICF, otra de las pruebas estándar en estos casos de muertes violentas.
Mientras el caso quedó paralizado, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico aprobó en asamblea a finales de julio una resolución paraexigirle a la Rama Judicial y al Departamento de Justicia que se divulgue el informe administrativo relacionado a la queja o querella que se presentó contra el juez administrador del Centro Judicial de San Juan. Esto permitiría que se evalúe si se siguió el debido procedimiento o si hubo mal manejo en el caso del juez. A preguntas de este diario, la jueza administradora Isabel Llompart Zeno comunicó que no había recibido la resolución, por lo que no podía emitir comentarios.
Ramírez Lluchfue encontrado muerto por su hijo de 16 años, con quien había llegado de un viaje a Europa un día antes. Su muerte coincidió con la celebración de la vista por la moción de nuevo juicio del caso de Pablo Casellas, a quien había sentenciado a 109 años de prisión.