Vecinos del sector Sabana Llana en Juana Díaz presentaron una demanda e interdicto ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra las empresas Soluwise Inc., Wise Towers LLC, el presidente de ambas, Carlos Collazo Maldonado, y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), para anular el permiso de construcción de una torre de telecomunicación y ordenar su remoción.

Desde marzo, la comunidad radicó una querella ante la OGPe pero aún aguarda respuesta de la agencia.

'La torre objeto de esta acción se construyó a base de un permiso de construcción nulo por haberse emitido mediante engaño y en violación al debido proceso de Ley de los aquí demandantes. La OGPe emitió un permiso de construcción a favor de una entidad que no existe (Soluwise Inc.) y luego traspasó ilegalmente dicha autorización a Wise Towers, LLC., presidida por la misma persona natural aquí demandado, Carlos Collazo Maldonado', cita la demanda.

Los demandantes sostienen que Soluwise Inc. no existe porque nunca estuvo organizada como una corporación bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A su vez, consideran que la torre representa un riesgo a la comunidad por su cercanía a las residencias y a una gasolinera.

'Soluwise Inc. presentó ante la OGPe información engañosa al certificar mediante declaración jurada que la Torre era absolutamente necesaria. Soluwise Inc. no certificó que tenía por lo menos un contrato con una compañía de telecomunicaciones para la instalación de antenas y además no ha estado en uso y función por más de un año, en violación al reglamento conjunto', añade la demanda.

Por otra parte el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, ha expresado de manera reiterada su oposición al proyecto de torre de antenas negando el endoso del municipio. El Alcalde había solicitado a la empresa Soluwise, Inc. la celebración de una vista pública a lo cual la empresa hizo caso omiso.

'Tenemos toda la evidencia que prueba que la Torre fue construida de manera ilegal y se debe ordenar su remoción inmediata', reiteró la portavoz de los vecinos, Brunilda Moreno.

La empresa es investigada por otras agencias gubernamentales y el Senado de Puerto Rico por denuncias de comunidades de Sabana Grande y Bayamón.