Los administradores del sistema de AutoExpreso en la isla enfrentan una demanda de clase que alega que las multas de $50 emitidas contra conductores que carecen de fondos al pasar los peajes son ilegales.

La demanda fue radicada el 30 de agosto pasado en el Tribunal Federal por por Carlos Rodríguez, Ibrahim Centeno, Carlos Negrón Sierra y Jose García, quienes solicitan representar, mediante una certificación de clase, a todos los usuarios de AutoExpreso.

El pliego alega que los administradores, Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico LLC, Abertis Infraestructuras, S.A., Goldman Sachs Realty Management LLC, GILA LLC y Kapsch Trafficcom USA han utilizado los $50 en multas para llenar los bolsillos de sus ejecutivos.

De un juez federal fallar en contra de los demandados se podrían ver obligados a restituirle unos $5 millones en multas emitidas.

Los demandantes se han amparado al artículo 22.02 de la ley de Vehículo y Tráfico de Puerto Rico, ley 22-2000 citando el segundo párrafo: 'Cualquier persona que viole las provisiones de este Artículo,[…] incurrirá en una falta administrativa y se le impondrá una multa de quince (15) dólares por cada infracción más el pago del peaje no pagado'. Ahí, argumentan, está la ilegalidad de la multa de $50, porque la ley se limita a $15,

'Cada demandado tiene un incentivo financiero fuerte para perseguir estas tarifas impropias y recolectar lo más posible de los conductores por acuerdo secretos entre los demandados de dividirse entre ellos la cantidad que han recolectado. Cada demandado recibe un porciento del dinero adquirido de los conductores', lee el documento.

Entre las prácticas cuestionables que se alega han llevado a cabo en el sistema de AutoExpreso se encuentra el cierre de todos menos un solo carril para recargar la cuenta de los consumidores, sumado a la remoción de las luces identificadoras que daban a los transeúntes una idea de cuanto dinero quedaba en sus cuentas.

El documento tambien informa que aquellas personas que tienen la intención de pagar en la página de internet son incapaces de hacerlo puesto a que el saldo del peaje que adeudan no se refleja hasta varios días despues, lapso de tiempo donde cáe en efecto la multa.

Por otro lado, si un conductor cruza el peaje con una tarjeta que no tiene los fondos o si la transacción es declinada, AutoExpreso no lo informa, haciendo pasar el error por desapercibido hasta que se emite la multa en contra del conductor.

De acuerdo a la demanda, este 'esquema' le ha costado a conductores del país millones de dólares, mientras otros han perdido sus registros de vehículos y medios de transporte.

'La práctica de los demandados en multar a los ciudadanos es inmoral, poco etica, opresiva e inescrupulosa y/o es substancialmente hiriente y causó daños reales a los consumidores', denuncian los demandantes.

'Los demandados han convertido el sistema de AutoExpreso en un centro de ingresos que impone cargos injustos e impropios en los conductores que usan los puentes y autopistas de Puerto Rico imponiendo tarifas y penalidades más altas que el pago del peaje', indican los demandantes representados por dos bufetes de Estados Unidos y un representante local, el licenciado Francisco E. Colón Ramírez.

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