Isabella, una niña dotada de gran capacidad y con hambre insaciable para aprender, se enfrenta a un sistema que la invisibiliza, que no la escucha y que la margina cada vez más.

Desde agosto de 2024, Isabella Estrada Ramírez, de 13 años, autista y dotada, enfrenta no tan solo los desafíos propios de su condición, también la indiferencia y la negligencia de un sistema que parece haberle dado la espalda.

Su madre, Betzaida Ramírez Alers, y su padre, Eric I. Estrada Pabón, han tocado todas las puertas posibles en busca de justicia para su hija, pero cada día que pasa sin respuestas es otro golpe para el bienestar emocional y académico de la adolescente.

Isabella fue matriculada en la Escuela Ángel P. Millán Rohena, de Carolina, con la esperanza de recibir la educación a la que tiene pleno derecho. Sin embargo, desde el inicio la institución falló en cumplir con su deber. Nunca se encontró evidencia de su prematrícula y no fue hasta que sufrió una crisis de ansiedad que la directora accedió a convocar la primera reunión para elaborar su Programa Educativo Individualizado (PEI).

La espera, no obstante, solo marcó el comienzo de un doloroso camino de trabas y excusas.

Los padres de Isabella claman por la intervención urgente del Secretario de Educación, Eliezer Ramos, pues entienden la escuela ha incumplido con su responsabilidad de proveerle los acomodos razonables que necesita Isabella para aprender y desarrollarse plenamente.

Su aprovechamiento académico, su integración social y su estabilidad emocional están en juego. Todo mientras, las autoridades educativas guardan silencio y muestran indiferencia.

Como si la negligencia académica no fuera suficiente, Isabella también ha sido víctima de acoso escolar. En septiembre de 2024, la escuela ignoró una denuncia de “bullying”, que en febrero de 2025 escaló hasta convertirse en amenazas a su seguridad física, comentarios crueles sobre su vida e incluso acoso sexual degradante.

Cuando finalmente la escuela se dignó en llevar a cabo una entrevista sobre el caso, se intentó excluir a sus padres de la reunión; lo que refleja, en todo su apogeo, la falta de transparencia con la que la institución ha manejado la situación.

Para Katy Castro, intercesora de la familia, la falta de voluntad por parte del personal escolar ha sido evidente desde el principio.

“La poca voluntad y disposición del personal escolar fueron obvias desde el principio porque ni siquiera respondían los ‘emails’ de la familia o la intercesora. Cuando finalmente logramos reunirnos gracias al apoyo de la Oficina Regional de San Juan, vimos el desconocimiento que tiene el plantel sobre los procesos de educación especial, que van desde lo más básico”, explicó Castro a NotiCel.

Tan deficiente ha sido el manejo del caso a manos de la institución que aún no se han podido firmar tres minutas de reuniones realizadas en octubre y noviembre, a pesar de la participación de la facilitadora Nerlín Vázquez. La madre, notablemente afectada por la revictimización que su hija ha sufrido, expuso el dolor que esto ha significado para su familia.

“Ya esto es intolerable. Isabella fue maltratada institucionalmente a su corta edad de seis años en la Escuela Juana Rodríguez Mundo de Canóvanas, y ahora, a una estudiante llena de deseos de formar parte de la sociedad y de vencer los retos del autismo, la revictimizan negándole acomodos para tomar sus exámenes y diciéndole que le van a poner cero en sus trabajos, estando ella en estado emocional frágil”, expresó Ramírez Alers a NotiCel.

A pesar de las múltiples gestiones, Isabella sigue en espera. El PEI de la menor de 13 años aún no ha sido modificado para incluir cambios recomendados por dos médicos especialistas desde hace semanas.

“El Departamento de Educación tiene una doble deuda con nuestra hija. Necesitamos que el secretario tome cartas en el asunto y ordene que la próxima reunión, programada para este viernes 14, se realice en un lugar neutral y no en la escuela”, urgió su padre.

El impacto en Isabella no es solo académico, sino también humano. Una niña de gran capacidad y deseo de aprender se enfrenta a un sistema que no la ve, que no la escucha, que la margina.

“Las acciones y omisiones a los derechos constitucionales de mi hija y a la Ley IDEAA, ley de educación especial, le están causando angustias mentales y empeoran su condición, están retrasando su desarrollo e inserción en la sociedad y le están interrumpiendo su proceso de adaptación escolar y su progreso académico”, denunció su madre con impotencia vía entrevista con Noticel.

Isabella no es la única; esta es la triste realidad de muchas familias que enfrentan el peso de un sistema educativo que, en lugar de ser un refugio, se convierte en un obstáculo.

“Ya la Oficina de Servicios al Ciudadano de La Fortaleza tiene conocimiento de este asunto, el Secretario de Educación tiene conocimiento de este asunto, la Región Educativa de San Juan tiene conocimiento de este asunto, las superintendentes Kenia Caraballo y Patricia Estrella tienen conocimiento de este asunto, y no sé qué está pasando a nivel central que a pesar de las comunicaciones no se han tomado las medidas para garantizar que la escuela cese y desista de este patrón de posponer y obstaculizar los planes de estudios de mi menor”, expresó la madre.

En su lucha, la familia exhorta a otros padres a informarse sobre los derechos de sus hijos y ser vocales y activos en su defensa. Para ayudar a otros en esta misma situación, la madre de Isabella ha creado la página de Facebook Voz Escolar PR, donde comparte información vital sobre educación especial y los derechos de los estudiantes.

Por lo pronto, Isabella sigue esperando justicia, esperando comprensión, esperando el derecho básico de cualquier niño: una educación digna.

NotiCel intentó comunicarse con el Departamento de Educación en busca de algunas expresiones respecto a la situación de Isabella pero, al igual que la menor y sus padres, este diario digital se encuentra en espera de una contestación.