Un proyecto amplía considerablemente la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Seguros y el otro permite que especialistas y subespecialistas puedan negociar colectivamente con los planes médicos.

El Senado tiene ante su consideración sendos proyectos de ley que le dan Código de Seguros de Puerto Rico y le reconocen facultades a los especialistas y subespecialistas para negociar colectivamente tarifas con los planes médicos.

El Proyecto del Senado 1267, del senador popular Ramón Ruiz Nieves pero radicado por petición del Colegio de Médicos, le reconoce al Comisionado de Seguros jurisdicción para atender quejas sobre prácticas desleales o ilegales “que afecten al ecosistema de la industria de la salud, sobre cualquier seguro médico que se anuncie...”-, reza el proyecto.

Además, le permite al Comisionado de Seguros ordenar un cese y desista de ciertas prácticas de los planes médicos, exigir el pago de honorarios a favor de la parte querellante y le permite a este funcionario imponer multas englobadas de hasta $100,000 diarios y multas de $500 por cada mañana o tarde que el querellante tenga que invertir en una vista relacionada a una querella.

“En el ejercicio y para la protección de la jurisdicción del Comisionado de Seguros, se prohíbe por ley mecanismos, prácticas o directrices que tengan como efecto dilatar la acción vindicatoria de derechos de los querellantes”, reza el proyecto.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 1641 busca establecer definiciones para que se agrupen por especialidad o subespecialidad aquellos proveedores que no lo posean pero, que ejerzan una misma práctica. Así como tarifas, términos y condiciones de sus contratos con los aseguradores de salud.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, convocó una vista pública de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico para atender ambas medidas.

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) avaló el PS 1267.

“Este Proyecto propone conceder herramientas adicionales a nuestra función fiscalizadora aumentando las penalidades actualmente dispuestas en el Código de Seguros de Puerto Rico con el propósito de disuadir cualquier tipo de práctica desleal o ilegal por parte de los planes médicos en Puerto Rico. Por tanto, apoyamos esta o cualquier medida que conceda mayores facultades al Comisionado para velar por el cumplimiento de las leyes bajo nuestra jurisdicción, incluyendo la imposición de sanciones más severas a las actuales, entre otros remedios”, expuso Alexander Adams Vega, Comisionado de Seguros.

Según señala la Exposición de Motivos del Proyecto, en Puerto Rico casi tres millones de puertorriqueños utilizan algún tipo de plan médico, fuera comercial o gubernamental.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1641, le reconoce a los proveedores de salud negociar colectivamente las tarifas, términos y condiciones de sus contratos bajo una sola área geográfica y así las corporaciones no excedan el 40% de los proveedores para dicha especialidad o subespecialidad.

Adams Vega expuso que “conscientes de la problemática del éxodo de médicos y otros profesionales de la salud, y la crisis por la que pasa el sector hospitalario en Puerto Rico, la OCS entiende que es fundamental buscar soluciones y proveer alternativas viables para garantizar una negociación justa de las tarifas que se paga a los proveedores de servicios de salud del sector comercial en Puerto Rico”.

Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico

Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico se opuso al PC 1641.

“Se concede el derecho a negociar a los proveedores de servicios de salud que se agrupan por especialidad o subespecialidad. Se obliga a las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud a negociar. Cabe destacar que, este Artículo no especifica ningún tipo de limitación a la negociación colectiva autorizada y podría prestarse para confusión”, detalló.

“Tampoco provee directrices ni limitaciones en cuanto a las tarifas o negociaciones para los miembros de especialidad o subespecialidad que no participen de negociaciones colectivas. ¿Qué sucederá con las tarifas de estos otros especialistas o grupos con la misma práctica?”, cuestionó.

En su turno, Pernas resaltó que la Federal Trade Commission de los Estados Unidos (FTC), ha presentado comentarios desfavorables a propuestas de legislación similar en otros estados.

En cuanto a la posición de la Asociación respecto al PS 1267, que faculta al Comisionado a llevar a cabo penalidades, también hubo oposición.

“Esta medida aumenta desproporcionalmente las multas y penalidades e impone carácter reparador a las acciones del asegurador, sin mediar una definición clara de los daños o del mecanismo de valoración de éstos, dejando a la entera discreción del Comisionado de Seguros lo que constituye una sanción adecuada”, expuso Pernas.

“Por tanto, la Asociación no endosa la aprobación del Proyecto 1267”, sostuvo.

Colegio de Médicos Cirujanos

Entretanto, el Colegio de Cirujanos de Puerto Rico endosó las enmiendas en el marco de las multas y penalidades por parte del Comisionado.

“El asegurador de salud es un simple intermediario que reparte riesgo y debería abaratar costos para beneficio social, con márgenes estrictamente regulados de ganancias. Sus operaciones deberían ser celosamente auditadas para solventar la solidez de sus reservas y minimizar la especulación, la concentración de mercado y los juegos financieros que merman la cubierta efectivamente recibida por los asegurados”, detalló en su ponencia Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio.

“La mitad de los profesionales de la medicina ha tenido que marcharse del país en la pasada década, mientras que cada profesión de la salud ha visto una emigración, comparablemente alta, de sus miembros. A la emigración forzada por tarifarios virtualmente congelados o recortados, excepto recientemente en el Plan Vital, se suma el "envejecimiento” y consecuente retiro o el retiro prematuro por el ambiente tóxico generado por la manera de hacer negocios, de las aseguradoras de salud”, indicó.

“Cabe destacar como elementos centrales de la toxicidad creada por las aseguradoras las variaciones unilaterales a los términos de sus contratos con los proveedores; el impago o el pago tardío o incompleto por los servicios prestados; las acciones de recobro que permiten retro activizar ajustes en el pago y hacer retenciones que, en ocasiones, pueden descarrilar una práctica profesional”, destacó.

El Colegio, también endosó las disposiciones para una negociación colectiva.

“El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico endosa el proyecto de ley, con la petición expresa de que sea enmendado para reconocer la facultad de todos los médicos, incluyendo los generalistas, de organizarse para negociar en grupos con las aseguradoras de salud y que se establezcan claramente los objetivos que deben seguir las agencias administrativas para reglamentar la negociación colectiva”, puntualizó el Presidente.