Nada impide que la Cámara de Representantes continúe las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la oficina del representante del Partido Nuevo Progresista (PP), Samuel Pagán Cuadrado, quien sometió su renuncia este lunes a su escaño legislativo.

El representante por el distrito 35 enfrenta además una querella etica en su contra por despedir a un empleado tras denunciar un patrón de hostigamiento sexual por parte de su esposa Nancy Malave, quien fungía como asesora del Senado.

Pero con su salida forzosa, a petición del presidente cameral Carlos 'Johnny' Mendez, el legislador de Las Piedras, Humacao y Naguabo no se zafa de la jurisdicción de la Comisión de Ética, coincidieron varios legisladores.

Tampoco se detienen auditorías e investigaciones internas sobre las irregularidades en contratos en su oficina. La Cámara no pierde jurisdicción y puede continuar las pesquisas y hacer los referidos pertinentes si se confirman las irregularidades.

'La renuncia es efectiva en 15 días. El Código Político se enmendó para que la renuncia de un legislador sea de inmediato; pero en el caso de haber una querella etica, la renuncia de ese legislador entra en vigor en 15 días', dijo a NotiCel el portavoz de la mayoría legislativa cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló, en referencia a la Ley 49 aprobada en enero de este año.

Pagán Cuadrado sigue siendo legislador, por lo que la Comisión de Ética cameral debe continuar el curso de investigación de la querella radicada por los próximos quince días antes de perder jurisdicción. El presidente de la Comisión, Ángel R. Peña, no contestó llamadas de este diario para conocer cómo se manejará la querella y que pasos tomarán antes de que se haga efectiva la renuncia del legislador.

'A los quince días es que la comisión pierde jurisdicción, porque deja de ser miembro de la Asamblea Legislativa. Hasta ese momento no puedo hacer expresiones sobre el contenido de la querella', dijo por su parte el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, miembro de la comisión.

El representante fue cuestionado por otorgar un contrato de $180 mil dólares a la empresa 'International Legislativa and Government Consulting Group', del empresario activista del PNP en Humacao, Isoel Sánchez Santiago.

El Presidente cameral ordenó la pasada semana una investigación sobre la facturación del contrato a la empresa que desde julio de 2017 tenía entre sus funciones subcontratar a los empleados de la comisión legislativa que presidía Pagán Cuadrado. El director de la Comisión, Hiram Delgado, figuraba como contratista de International y fue quien radicó la querella contra el todavía representante.

International Legislative devengó entre marzo de 2017 y junio de 2018, $238,000 en contratos con la Cámara de Representantes. El contrato fue cancelado efectivo el 30 de abril, justo antes de que fueran divulgadas las irregularidades en la oficina del renunciante.

El Presidente cameral tampoco contestó llamadas de este diario para conocer que ocurrirá con la auditoría que encomendó sobre los contratos.

Sánchez Santiago fue presidente de la Juventud del PNP en Humacao. En 2008 era estudiante de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y objetó públicamente la huelga de los estudiantes.

El activista fue contratado en 2012 por el Senado, según el registro de la Oficina del Contralor. Tiene, además, varias empresas que han mantenido contratos con el gobierno, todas con sede en la dirección física de su negocio 'Crepas' en Humacao.

Según el registro del Contralor, entre septiembre y noviembre de 2012, Instant Consulting obtuvo un contrato por $198,950.00 con la UPR para el programa Crece 21. Varios funcionarios de este programa, establecido en 2011 para readiestrar a maestros del Departamento de Educación, enfrentan cargos por utilizar fondos públicos para su uso personal. Enfrentan juicio el exrector del recinto de Arecibo, Juan Ramírez Silva, junto a su hijo Jonathan Ramírez Perez, la exrectora de Utuado y exdirectora de Crece 21, Yanaira Vázquez y Ada Liz López Hernández ,respectivamente; además del exrector de Cayey, Juan Varona.

Bajo la dirección del negocio de Crepas de Sánchez se encuentra registrada la compañía Global Instant Consulting Group, que según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, mantenía $60,000 en contratos con el Senado entre septiembre de 2017 y junio de 2018.

Global está registrada bajo el nombre de la pareja sentimental de Sánchez, Crystal Robles. Pero la joven, según una investigación de Jay y sus Rayos X de Telemundo, es empleada de la tienda de Crepas de su compañero y se mostró desentendida del contrato que la empresa bajo su nombre tenía con el Senado. Los contratos fueron cancelados el pasado 30 de abril.