Uno de los empleados del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) fue suspendido de manera sumaria, con intención de despido, por colaborar con la investigación realizada por la Cámara de Representantes a la agencia.

La revelación surgió en medio de una vista pública celebrada por ese cuerpo legislativo, que busca investigar las operaciones del NCF y el almacenaje de cadáveres, particularmente en los vagones ubicados en las afueras del edificio.

'Yo fui suspendido ayer por abrirle la puerta a usted el día de la vista', exclamó Edgardo Vera López, quien labora como investigador forense I.

El empleado se dirigía al representante Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud quien lidera la pesquisa.

Los señalamientos se basan en una investigación realizada por el NCF, en la cual Vera López 'sin autorización ni facultad para ello, escoltó a un grupo de personas por áreas altamente restringidas del Negociado' el pasado 20 de julio tras una visita sorpresa por parte de los legisladores.

La misiva está firmada por la comisionada interina del NCF, Mónica Menendez Larrauri y tiene fecha de ayer, 2 de agosto. Sin embargo, le fue entregada al empleado, según sus declaraciones, por un guardia de seguridad del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera.

En la vista, identificó al oficial y mensajero como Michael Aviles.

Vera López labora en el NCF desde el 2012 y entre sus tareas como Investigador Forense I se encuentra la inspección y análisis de todo tipo de vehículo. Sin embargo, desde enero le prohibieron tomar casos que forman parte de sus obligaciones porque, alegó, ha colaborado con las investigaciones en curso contra la agencia.

De acuerdo al documento, se le suspendió por, entre otros asuntos, 'utilizar su posición oficial para fines político partidistas o para otros fines no compatibles con el servicio público' y 'violaciones a órdenes, instrucciones o directrices administrativas'.

En total, la carta recibida enumera seis faltas que están contenidas en la Ley 20 de 2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, la Ley 8 de 2017, conocida como la Ley para la Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, y lo dispuesto en el Reglamento Interno de Medidas Disciplinarias del Instituto de Ciencias Forenses.

Durante la vista, el representante Morales Rodríguez lució sorprendido por el hecho de que el NCF haya utilizado los sucesos del 20 de julio como fundamento porque en horas de la mañana la subcomisionada Menendez Larrauri aseguró bajo juramento que dicha investigación no había finalizado.

López Vera acudió ante la Comisión de Salud junto a otros empleados del NCF, como Jessica Ortiz, de la Oficina Garantía Calidad, y portavoces de la Federación de Transportistas y Funerarios de Puerto Rico.

Ante este panorama, Morales Rodríguez preguntó a los demás deponentes si habían enfrentado problemas para cumplir con su citación so pena de desacato en el día de hoy. Los presentes mencionaron dos casos adicionales, como el de 'otro compañero a quien le relevaron de las funciones y le pusieron un interino encima por estar cooperando con la Comisión'.

'Es altamente cuestionable que se ha dado el esquema para fundamentar la suspensión de un servidor público que no está haciendo otra cosa que cumplir con el pueblo y el servicio público', lamentó el representante del Partido Nuevo Progresista Jose Perez Cordero.

Mientras, su correligionario Denis Márquez Lebrón aludió a que el NCF ha demostrado un trato adverso hacia la Cámara de Representantes. Cuestionó, además, la carta de suspensión al empleado, pese a que existen leyes en Puerto Rico que protegen a los 'whistleblowers'.

'De su faz es una serie de amenaza. Aquí se señaló el delito de obstrucción a la investigación legislativa pero además en Puerto Rico hay leyes que protegen a los testigos, al famoso whistleblower y ellos tienen causas de acción contra el Gobierno y sus patronos', catalogó el representante del Partido Independentista Puertorriqueño.