Portavoces de varias comunidades detallaron las violaciones en que se están incurriendo.

Portavoces de comunidades de Humacao, Corozal y Aguadilla denunciaron ante una comisión senatorial actividades que amenazan la supervivencia de importantes terrenos conservados por su valor ecológico y de distintas especies locales, mientras aparentemente las autoridades pertinentes no actúan para detenerlas.

La ocasión fue una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado que, bajo la presidencia de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, investiga las denuncias ambientales en distintos puntos del país y que este miércoles concentró en la Reserva Natural Efraín Archilla Diez en Punta Santiago, Humacao; el Bosque Oubao-moin en Corozal; y en el sector de Playuela en Aguadilla.

“Las voces de las comunidades son las que dan la voz de alerta para defender nuestro entorno. Cada comunidad va sumando sus voces a favor de mantener el entorno natural en Puerto Rico…esto no quiere decir que estamos en contra del desarrollo. Estamos hablando de desarrollo sostenible”, manifestó Rivera Lassén, quien cuestionó los procesos que realiza la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la otorgación de permisos.

La bióloga marina Lesbia Montero compareció en representación de un grupo de ciudadanos de las comunidades de Humacao y denunció las amenazas de desarrollo en la Reserva Natural Efraín Archilla Diez en Punta Santiago

“La reserva natural se encuentra bajo mucha presión a causa del desarrollo y el cambio en el uso de los suelos…uno de los desarrollos que afecta la reserva es el Proyecto Pollito Pío LLC., que propone un proyecto mixto: residencial, comercial, industrial, agrícola y turístico en unas 19.6 cuerdas de terrenos colindantes con la reserva”, explicó.

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Destacó que el área propuesta para el desarrollo de dicho proyecto está clasificada como un Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico.

“Las comunidades han dado la voz de alerta mediante decenas de querellas a la oficina del Cuerpo de Vigilantes del Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales ya que el predio objeto de desarrollo fue impactado mediante deforestación y movimiento de tierra”, puntualizó Montero.

El planificador José Rivera Santana presentó detalles adicionales de esta denuncia y cuestionó igualmente la inacción gubernamental.

Explicó que en marzo de 2022 la empresa Pollito Pro LLC. solicitó un permiso único en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para ubicar y construir un proyecto complejo y abarcador que incluye actividades agrícolas, turísticas, comerciales, de hidroponía, establos para caballos, siembra de palmas, 35 contenedores turísticos, lagos artificiales, zoológico, construcción de estacionamiento, entre otras actividades en una finca de 19.67 cuerdas que colinda con la Reserva Natural de Humacao.

Agregó que en junio de 2022, el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) emitió sus comentarios rechazando el proyecto propuesto indicando que “la deforestación, el movimiento de terreno en Ia totalidad del predio en colindancia con una Reserva Natural y el tipo de proyecto propuesto no es compatible con el propósito de Ia calificación y clasificación del predio y el Plan de Manejo de Ia RNH”.

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Por su parte, señaló, el Departamento de Agricultura (DA) en abril de 2022, mediante una carta escueta de un párrafo, emite sus comentarios favoreciendo el proyecto.

Denunció entonces que el proponente comenzó a realizar movimiento de terrenos y remoción de material de la corteza terrestre, aun sin haberse emitido una decisión final sobre el permiso.

En abril de 2023, y en respuesta a querellas recibidas de ciudadanos, la Unidad de Asuntos Ambientales adscrita a la Oficina de Planificación del Municipio Autónomo de Humacao realizó una inspección al predio y confirmó que se ha removido terreno sin ningún tipo de medida de mitigación, lo que implica una violación de las reglamentaciones y un claro incumplimiento ambiental.

Esto, señaló Rivera Santana, lleva a la Oficina de Permisos del Municipio de Humacao a investigar lo que está ocurriendo y concluye que efectivamente se estaba llevando a cabo una acción en violación de la Regla 6.1.24 del Reglamento Conjunto 2020 de la Junta de Planificación.

En mayo del 2023 emite una carta, acompañada de fotos, en la que reconoce que el proponente removió terrenos en varias secciones de la finca y concluye que esto "ocasionará un impacto significativo a la topografía de la finca, provocando una posible contaminación a los cuerpos de agua (lagunas), debido a los desechos de animales y sedimentos por las escorrentías."

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Explicó que, con esta evidencia en junio de 2023, el Municipio de Humacao solicitó al tribunal una orden de Entredicho Provisional e lnjuction Permanente contra Polllto Pro, LLC.

Cuestionó que, sin embargo, el proceso terminó el 24 de agosto con una orden de desistimiento por parte del Municipio, a pesar de la evidencia levantada por su Unidad de Asuntos Ambientales y por el Departamento de Agricultura.

En ese mismo mes, la OGPe archivó la Consulta de Ubicación radicada por Pollito Pío, LLC., por no cumplir con el Reglamento Conjunto vigente.

Es a raíz de esa situación y al hecho de que los vecinos siguen denunciando las actividades en los terrenos de la finca, sin que exista evidencia de permiso alguno, que surge su cuestionamiento.

“La pregunta que nos hacemos es ¿quién le pone el cascabel al gato cuando las leyes y los reglamentos son violentados? Tanto al Municipio Autónomo de Humacao, como al DRNA, la OGPe y la Junta de Planificación, les corresponde actuar”, dijo.

Ante estas denuncias, la senadora del Distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, advirtió que “si una agencia no ha otorgado un permiso para realizar acciones o trabajos a un desarrollador, este no puede realizar trabajo alguno”.

“No hay respeto. Si hay un asunto de conocimiento público, hay querellas contra un desarrollador que no está respetando los procesos, esto levanta mucha preocupación”, advirtió la legisladora.

Sobre la problemática en el municipio de Corozal, el presidente de Naborias del Bosque Oubao-moin Inc. y guardabosques comunitario, Ramón Rodríguez de Jesús, denunció varias situaciones debido al desarrollo residencial sin planificación adecuada y solicitó a la Legislatura respaldo legal y político urgente para proteger este ecosistema.

“Entre el año 2022 y 2023 se han eliminado de la ribera del Río Mavilla la cantidad de 423 árboles y 294 arbustos, la empresa Jorge L. Díaz y Asoc. Inc. ha realizado actividades sin permisos de remoción de corteza terrestre, deforestación y está promoviendo la instalación de pozos sépticos cerca de cuerpos de agua”, explicó y aseguró que el área es de alto valor ecológico donde el uso de los suelos rústicos debe ser regulado.

Suzette Quirós, portavoz del grupo comunitario “Salvemos a Playuela” también expresó preocupación con la situación que viven los residentes de esa comunidad de Aguadilla debido a la construcción del hotel Christopher Columbus Landing Resort de la compañía Caribbean Management Group.

Según Quirós, “el informe sobre la consulta de ubicación del proyecto revela que a pesar de que los dueños de terrenos privados dentro del valle costero de Playuela no tiene intención de vender sus propiedades, las compañías proponentes del proyecto han realizado trámites en las agencias gubernamentales para edificar en los mismos sin autorización”.

En contraposición a las denuncias de los portavoces comunitarios, la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Vanessa Piñeiro Solano, afirmó que la empresa Pollito Pío cuenta con un permiso vigente emitido por el Departamento de Agricultura para realizar prácticas agrícolas autorizadas y aseguró que las actividades que conllevan movimiento de corteza terrestre se han realizado conforme al marco legal.

“El plan de desarrollo agrícola de la finca Pollito Pío, contempla principalmente, la crianza de gallinas ponedoras en semipastoreo, complementado con siembras hortícolas, como frutales y vegetales. Este plan integra prácticas de conservación del suelo, para controlar escorrentías y evitar la erosión de este recurso. Las actividades realizadas al momento se limitan a la apertura de brechas, pequeñas siembras de vegetales y siembra de palmas de coco”, explicó.

A eso la senadora Trujillo respondió que “yo pertenezco a esta comunidad que ha levantado su voz. No se están haciendo ataques, se están defendiendo los predios de la reserva natural. Nos gustaría que el desarrollador converse con la comunidad”.

Esta audiencia pública se realizó en torno a la Resolución del Senado 209, que ordena a dicha comisión realizar una investigación sobre la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América, se informó.

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