Se quedó también sobre la mesa la medida que enmienda la Ley 60, el proyecto que regula el aborto en menores, así como el de trasladar el Instituto de Cultura Puertorriqueña al DDEC.

Hasta agosto se queda la evaluación y aprobación del proyecto de ley que congela el impuesto al inventario, por ahora, por un término que va en los años fiscales de 2025 al 2027, con una tasa de contribución vigente para el año 2025-2026.

Esto a pesar de que el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, encargado de trabajar la medida, el representante Luis Pérez Ortiz, había garantizado a NotiCel hace unos días que aprobarían el Proyecto de la Cámara 420, haciendo la salvedad de que como único no lo podrían aprobar en esta primera sesión sería por diferencias muy marcadas entre los gremios y los legisladores.

El proyecto de ley desde un inicio había sido radicado por el líder cameral, Carlos "Johnny" Méndez, para que se congelara el impuesto por un periodo de cinco años. La ficha de tranque llegó cuando el Senado le redujo la congelación por tres años contributivos sin la garantía de eliminar el impuesto al inventario de raíz, tal como lo habían pedido varios comerciantes.

"Hay un compromiso programático de congelarlo por cinco años, lo que ocurre es que congelarlo no necesariamente resuelva el problema. Es un problema latente donde hay que armonizar la preocupación que tienen los empresarios con la preocupación que tienen los gobiernos municipales que son sus recaudos, estamos hablando de sobre $300 millones que le tocan a los municipios por concepto del impuesto al inventario", explicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

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"Originalmente propusimos reducir de cinco a tres sino hubiese otra alternativa se pagaba en el año de la venta... Lo que sugerimos es que se pague en el año en el que se vende. Alguna gente interpretó que eso es un aumento al consumidor, no lo es porque es un cargo que ya la gente está pagando... La queja de ellos era que lo pagaban en más de una ocasión, con este mecanismo pagarán cuando lo vendan. Por lo tanto, le genera la economía a ellos y además le genera una necesidad de abastecerse en términos de inventario para tenerlos para la venta local", agregó.

Por su parte, el portavoz de la Cámara de Representantes, José "Pichy" Torres Zamora, confirmó también que "se queda para agosto, es el proyecto insignia de Johnny Méndez por tres cuatrienios y con eso dicho Johnny va a trabajar para que el proyecto sea lo más robusto posible y dentro de la perspectiva de nosotros, primero que el pueblo entienda que es el impuesto al inventario, pero ver de que forma los municipios tienen el dinero que necesitan para operar y que puertorriqueño se libera tal vez de un pago que se está haciendo".

Mientras, José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y dueño de las cadenas de tiendas al detal Pepe Ganga, le reaccionó a NotiCel diciendo que "reafirmamos nuestra posición de que la eliminación del impuesto al inventario debe abordarse de manera integral y razonable, buscando alternativas que no generen nuevas cargas al comercio ni a los consumidores, que no impacte las finanzas municipales y esté en consonancia con el compromiso programático de este gobierno y su política pública de no imponer más impuestos. No olvidemos que, además de la salud fiscal de los municipios, este impuesto lo pagamos todos, individuos y comercios".

"Estamos convencidos de que, mediante un análisis exhaustivo y colaborativo, es posible identificar mecanismos de sustitución justos y viables para todas las partes involucradas. Para ello, lo más apropiado es no forzar la aprobación de la medida con un lenguaje lesivo al consumidor y la economía, permitiendo que se atienda la medida de una manera adecuada, a través del Comité de Conferencia, en la próxima sesión ordinaria".

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Se queda en el tintero proyecto controversial de la Ley 60

Otro proyecto de ley que se frenó en esta sesión legislativa, es el Proyecto de la Cámara 505 que extiende hasta el año 2055 la famosa ley 60 que, además, obliga a los extranjeros a pagar una tasa contributiva del 4%.

"Hay un beneficio jugoso para estas personas que vienen, que se le exige una inversión de compra de propiedad. Eso sin lugar a duda produjo una gran cantidad de dinero considerable para el gobierno pero, cuál ha sido la mecánica? Como tienen que comprar una propiedad como condición para recibir el decreto, la compran a través de una corporación. Cuando van a vender la propiedad, venden las acciones de la corporación, cuyo único activo es la casa. Por lo tanto, no hay visibilidad en la transacción de la venta de la casa y ahí no se paga CRIM, no hay visibilidad y las acciones no tributan", indicó Rivera Schatz.

"Dentro de las enmiendas estamos sugiriendo eliminar eso primero. Segundo, si compraste para tener el beneficio y la vendiste pues que estés obligado a comprar otra y además, que hagan inversión en la banca local... otras alternativas que nos están trayendo y vamos a discutir en agosto",apuntó.

Otra medida en el tintero fue el Proyecto del Senado 297 que crearía la Ley que establecería un protocolo para manejar casos de abortos en menores de 15 años o menos en Puerto Rico, con la idea de que se active un protocolo tan pronto la menor acuda a una clínica para efectuarse el aborto y exista sospecha de que ha sido abusada sexualmente.

También quedó sobre la mesa el Proyecto del Senado 273, que busca trasladar la conservación y custodia del patrimonio cultural de Puerto Rico al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

A preguntas de este diario digital, el autor de la medida y líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, adelantó que ya comenzó a reunirse con gremios de la cultura para finiquitar la medida y que la discusión de esta seguirá en el mes de agosto.

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