Al exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Luis Rodríguez Ruiz, se le radicaron dos cargos criminales en relación a la contratación de un empleado fantasma en la oficina legislativa y a irregularidades en la creación y la designación de fondos a organizaciones sin fines de lucro instituidas durante el corto tiempo que ocupó su escaño.

Rodríguez Ruiz, quien fue expulsado de la Cámara de Representantes el pasado 15 de febrero por supuestamente agredir a quien ahora figura como su coacusada, se le imputan violaciones a los artículos 202 y 254 del Código Penal por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, respectivamente.

Se trata de las organizaciones Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, creadas a principios de enero del año en curso y que lograron asignaciones de fondos pese a que no cualificaban para recibir donativos, pues no contaban con historial de servicio comunitario, sede, documentos del Departamento de Estado ni exención contributiva del Departamento de Hacienda.

De una investigación de la Cámara de Representantes se desprende que ambas organizaciones pudieron haber recibido $70 mil en fondos.

En total, a Rodríguez Ruiz se le impuso una fianza de $30,000 que prestó al momento y se podría enfrentar a 11 años de cárcel.

El exrepresentante del distrito 27 --que comprende los pueblos de Aibonito, Coamo, Santa Isabel y Salinas-- acudió a su cita al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, con una batería de abogados.

Aunque no realizó comentarios, su abogado principal --Lorenzo Román-- expresó que su cliente se sentía tranquilo. No obstante, a su salida de la vista el licenciado cuestionó que los cargos hayan sido presentados mediante declaraciones juradas, por lo que no se pudieron defender, y que el juez realizó la determinación en poco tiempo, pese a que la cantidad de documentos en el caso alcanzaban las 400 copias.

La defensa de Rodríguez Ruiz es conformada por Chaca Bermúdez, Luis Pinto Andino, y otros dos licenciados que fueron referidos como Rodríguez y Náter.

Los cargos fueron presentados por la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI), mediante el licenciado Guillermo Garau Díaz.

Las imputaciones a Rodríguez Ruiz distan de los diez cargos que le fueron radicados a su exempleada Soniel Torres Suárez, quien fuera la administradora de su oficina en el Capitolio y la alegada víctima de agresión por el entonces funcionario público.

Entre ambos, según Garau Díaz, figuró el concierto y común acuerdo de cometer fraude en cuanto a la contratación de un empleado en el Capitolio que por espacio de tres meses no realizó el trabajo designado, pero cobró $6,000.

El empleado fantasma ostentaba un contrato por servicios profesionales en el Capitolio de 40 horas, a toda vez que fungía como empleado a tiempo completo en el Colegio Católico San Antonio en Guayama.

Aunque se presume que ambos consintieron al fraude, fue la mujer quien recibió el grueso de las denuncias porque fue quien firmó los cheques, falsificó facturas y firmas tanto del empleado, como del exrepresentante.

'Ella es la que firma el contrato con el, ella es la que llega a un acuerdo con el. Ella es la que recibe algo a cambio y por eso se le radicó todo a ella', señaló Garau Díaz.

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A Torres Suárez se le encontró causa para arresto por violaciones al Código Penal en: tres cargos referentes al artículo 264 de malversación de fondos, tres cargos por el artículo 212 de falsedad ideológica, uno por el artículo 282 de engaño a testigos y uno por el artículo 202 de fraude.

El empleado fantasma es la figura principal en la larga lista de testigos del Ministerio.

Al ser abordado sobre la fortaleza de la prueba con la que cuenta, el fiscal subrayó 'firme no, yo tengo un caso bien sólido. Bien sólido, bien sólido, bien sólido lo tengo'.

A Torres Suárez tambien se le imputaron dos cargos de perjurio por hechos relacionados a la querella de violencia de genero de la cual posteriormente se retractó.

A principios de noviembre del 2017, la mujer apuntó al exlegislador como quien la agredió en el rostro, por lo que recibió atención medica. Días despues, Torres Suárez retiró su versión original mediante una declaración jurada en la que eximió a Rodríguez Ruiz, pero no identificó quien fue el verdadero autor. A preguntas de un oficial investigador, atribuyó su cambio de parecer a que fue sometida a 'coacción e intimidación'.

Por cada cargo se le impuso una fianza de $3,000, para un total de $30,000, que fueron prestados por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). En total, se podría enfrentar a más de 20 años de cárcel.

'Yo soy inocente. Simplemente ha sido un proceso bien atropellado, pero yo se que voy a salir bien de todos los cargos que se imputan contra mí', expresó Torres Suárez, en compañía de su abogado, Mario Moczó.

La vista preliminar del caso está pautada para el 10 de octubre.