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Negocio de la Salud

Subasta de Mi Salud violentada por deudas públicas millonarias de aseguradoras

Cuatro de las cinco entidades seleccionadas para manejar las regiones de Mi Salud tenían deudas con el Gobierno que antecedían el 2013, lo que violentaba los requerimientos para participar del proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en ingles) que culminó con la adjudicación de los contratos que comenzaron este mes.

NotiCel corroboró que Triple-S mantiene una deuda de $3 millones con la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), cuya cuenta por cobrar data desde el 2010. No queda claro cuánto de la deuda corresponden a servicios brindados a beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG) y cuánto es de su cubierta comercial. Asimismo, se supo que las aseguradoras MMM y PMC le debían a ASEM unos $900 mil, de una deuda que tienen desde el 2012. Se desconoce cuánto de la deuda corresponde a la cubierta Platino y cuánto es de la cubierta privada del plan Medicare Advantage. Por su parte, First Medical le adeudaba $500 mil a ASEM, por compromisos contraídos desde el 2014. Pero tampoco se conoce cuál era el balance entre la cubierta Platino y la privada.

Mientras tanto, el Departamento de Salud informó que tanto Triple-S, como MMM, y First Medical le debían dinero al Hospital Pediátrico Universitario. Al 31 de marzo de 2015, la deuda de Triple-S bajo la cubierta de Mi Salud con el Pediátrico ascendía a $18.9 millones. El plan médico mantenía esta deuda desde el 2011. De su cubierta comercial, Triple-S, le adeudaba $4.6 millones al Pediátrico. La deuda comenzó desde el 2008.

En cuanto a los contratos bajo el anterior modelo del PSG que finalizó al 30 de septiembre de 2010, Triple-S le dejó una deuda al Pediátrico de $2.2 millones. A su vez, First Medical le adeudaba a la institución $1.1 millones por compromisos contraídos desde el 2010.

De otra parte, la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe también reportó que las cuatro aseguradoras les debían dinero. Triple-S bajo la cubierta de Mi Salud le debía alrededor de $3.2 millones por una deuda que tienen desde el 2012. Mientras, bajo su cubierta comercial le debían $954 mil por compromisos contraídos desde el 2011 o antes. Y bajo Triple S Advantage le debían casi $1.4 millones por deudas desde el 2011 o antes. En el caso de MMM la deuda con la Corporación era de aproximadamente $2 millones (desde el 2011 o antes) y la de PMC era de unos $324 mil (desde el 2011 o antes). Por su parte First Plus, tras su fusión con MMM, le debía a la Corporación $237 mil. Y First Medical (International Medical Card) desde el 2013 tiene una deuda que ya alcanza los $1.5 millones.

En otros aspectos, se supo que para el 2014-2015, el Hospital Universitario de Adultos tenía cuentas por cobrar que ascendían a $10.6 millones. De estas, $4 millones es lo que le debían de Reforma, $1.1 millones es lo que les debía First Medical, Triple-S comercial les adeudaba $1 millón, los Medicare Advantage $2.6 millones y el restante eran deudas de otros planes médicos.

La deuda con la Corporación, el Hospital Pediátrico Universitario y la ASEM (entidad que administra la Sala de Emergencia, las Clínicas Externas y el Hospital de Traumas del Centro Médico), lo que implica es que tanto Triple-S como MMM, PMC y First Medical se supone que hubieran sido descalificadas desde el inicio del proceso de RFP para la nueva ronda de Mi Salud porque le debían dinero al Gobierno.

Sin embargo, la Administración de Seguros de Salud (ASES) le adjudicó un contrato a Triple-S para manejar las regiones de metro-norte y oeste. Mientras a MMM le asignaron la región noreste y a PMC la región sureste. A su vez a First Medical le tocaron las regiones de San Juan, Norte y Virtual.

Relacionado a esta suma de deudas, el pasado 31 de marzo la jueza federal Carmen Consuelo Cerezo le devolvió a la ASES un procedimiento administrativo que tenían en contra de Triple-S, y que podría concluir con la determinación de que procede una multa de $6.8 millones contra la aseguradora por exponer información confidencial de los beneficiarios de la cubierta Platino.

Según Cerezo, Triple-S no estaba actuando bajo la dirección de oficiales federales en el contrato con ASES y el traslado del caso a la esfera federal fue un movimiento inapropiado.

Para marzo de 2014, Triple-S solicitó el traslado del procedimiento administrativo al Tribunal Federal, y estipuló que únicamente el regulador federal, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), podían determinar la comisión de violaciones e imponerles sanciones.

La movida se dio un mes después de que la ASES le emitiera una notificación sobre la intención de imponerle una multa de $6.8 millones, luego de que en el 2013 la entidad expusiera información confidencial de los beneficiarios a subcontratistas y en el exterior de un folleto informativo enviado por correo postal. La información confidencial incluía los números de Seguro Social de los beneficiarios. Además, la agencia alegó que Triple-S les proveyó información falsa para inducirlos a error.

Recientemente, el director de la ASES, Ricardo Rivera, argumentó sobre este caso federal que a pesar de que el RFP de Mi Salud prohibía la adjudicación de contratos a entidades que tuvieran multas o deudas con el Gobierno, la disposición no le aplicaba a Triple-S porque todavía la sanción no era final y firme.

Destacó que luego de la reciente decisión del Tribunal Federal, comienzan a contar los 90 días para que un oficial examinador de la agencia evalúe el caso y determine si es final y firme la sanción. De haber inconformidad con la decisión del oficial examinador, Triple-S puede acudir al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo en búsqueda de algún remedio sobre el proceso administrativo. Y aun, si Triple-S se ve sujeta a pagar la multa, Rivera planteó que esto no es razón para cancelarles el nuevo contrario.

En cambio sostuvo que lo que pudiera llevar a la cancelación del contrato, es que la aseguradora cometa alguno de los 'pecados capitales', que definió como la obstaculización del acceso a los servicios de salud a los pacientes o que cometan abuso en contra de los proveedores.

(Josian Bruno/NotiCel)
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