A menos de dos semanas de la divulgación de las guías para implementar requisitos de empleo a ciertos beneficiarios de Medicaid, tres grupos defensores de los derechos del consumidor presentaron el miercoles una demanda contra la Administración Trump para frenar que los estados puedan imponer estas condiciones.

El estado de Kentucky ya había recibido la luz verde para solicitar el requisito de trabajo a los adultos sin discapacidades, que tambien puede cumplirse con trabajo voluntario, entrenamientos u otras actividades. Como parte del permiso otorgado a este estado, los beneficiarios tambien deben pagar ciertos servicios y les excluye del programa por seis meses si incumplen con alguna regla.

La demanda de 79 páginas presentada a nombre de 15 beneficiarios de Kentucky por el programa National Health Law, el Kentucky Equal Justice Center y el Southern Poverty Law Center describe la situación de un hombre de 62 años de edad, paciente de diabetes, artritis y alta presión, quien muy posiblemente no podrá cumplir con el requisito de empleo y menos pagar por tener una cobertura medica.

La intención de los republicanos en el Congreso para imponer requisitos de empleo a los beneficiaros del Medicaid viene de tiempo junto a los infructuosos intentos de revocar el Obamacare. La administración del presidente Donald Trump tambien motivó a los estados a presentar dispensas para transformar la red de servicios. Desde entonces, al menos nueve estados, esperan por la aprobación de dispensas para agregar requerimientos de trabajo y otras provisiones.

Un portavoz para los Centros de Servicios Medicare y Medicaid no quisieron comentar sobre la demanda, pero CNN reseña que la adminitradora, Seema Verma, se ha expresado antes a favor de los requisitos de trabajo para que los beneficiarios alcancen su independencia.

El programa Medicaid beneficia a cerca de 75 millones de ciudadanos estadounidenses. Con el Obamacare, 11 millones de ciudadanos con bajos ingresos cualificaron a la cobertura. Bajo la administración Obama no se aprobó ninguna dispensa solicitada por los estados para mantener la misión de llegar a más personas en desventaja económica.