La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) radicó sendas demandas contra la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y la Administración de Seguros de Salud (ASES) por presunta falta de fiscalización a las aseguradoras de Mi Salud, posibles irregularidades en la contratación de estas y reducciones de tarifas arbitrarias a los proveedores de servicios.

En el recurso legal contra ASES, la ALC solicita al Tribunal que ordene a ASES a entregar todos los contratos suscritos desde 2013 entre la agencia y las aseguradoras que ofrecen servicios en el plan de salud del gobierno y evidencia de que estas no tienen deuda con el gobierno.

Tambien pide que la agencia entregue todos los informes de auditorías que por ley tiene que hacer ASES a las aseguradoras y copia de los estudios actuariales que utilizó la agencia para imponer unilateralmente recortes a las tarifas que se pagan a los laboratorios en el plan del gobierno.

Aunque la funcionaria explicó que la decisión se tomó basada en un análisis actuarial de los servicios ambulatorios cubiertos por la Reforma, hasta el momento no los ha hecho públicos.

De igual forma, la ALC alega en la demanda que ASES ha extendido contratos para la administración del Plan de Salud del Gobierno ('Mi Salud') a aseguradoras privadas que no cumplen con los requisitos básicos de contratación con el sector público, en particular, por las deudas 'exorbitantes' que tales compañías de seguro medico mantienen con muchas dependencias e instrumentalidades del Gobierno.

De otra parte, en una segunda demanda radicada en abril, los laboratorios clínicos exigen a la Oficina del Comisionado de Seguros que ejerza su función de fiscalizar a las aseguradoras de salud y pasar juicio sobre la determinación de ASES de recortar las tarifas y si la agencia incumple al contratar compañías de seguros con deudas al gobierno.

Aunque el asunto fue referido por escrito a la OCS en diciembre, la agencia se negó a investigar alegando que no tiene jurisdicción para evaluar controversias relacionadas con las reclamaciones por servicios prestados cubiertos con fondos del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Según la OCS, ASES es la agencia con jurisdicción para evaluar y atender las mismas.

Pero, según los demandantes, en 2016 la OCS sí intervino en un caso en el que ordenó la paralización de reducciones de tarifas, la restitución inmediata de estas y la imposición de multas no menor de $100 mil a cada aseguradora de salud imputada, resolución, que, según los demandantes no se ha cumplido.

'Ante la negativa de la OCS en atender lo reclamado en la misiva del 7 de diciembre de 2018, esta ha faltado a su deber ministerial de ordenar a las partes querellantes a cesar las prácticas ilegales, y conceder los remedios solicitados por la compareciente', dice expresamente la demanda a OCS.

'Tambien se informó que tampoco se han restablecido las tarifas del 100% de las tarifas de Medicare, ni se han pagado las diferencias e intereses, causando así serios daños a los laboratorios. Tambien se resaltó la propia querella resuelta por la OCS en contra de MMM/PMC, FP y MSO de diciembre de 2016 sobre las reducciones unilaterales de mayo de 2016, pero que al presente no se ha cumplido con la restitución de las tarifas, el pago de las diferencias, el pago de los intereses y la solicitud de imposición de una multa no menor de $100,000 a cada aseguradora por violar la Ley 104 e incumplir con la resolución. 6. Por tanto, en vista de lo anterior, se solicitó a la OCS su intervención y aplicación del Código de Seguros en cuanto a la contratación de proveedores, la cual incluso ha sido realizada mediante intimidación y presiones indebidas', alega la ALC en su recurso legal.

Las partes están citadas para una vista judicial mañana en el Tribunal Superior de San Juan.

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