El empresario Tomás Ramírez llama a reducir la carga impositiva que representan los servicios básicos gubernamentales sobre los ciudadanos y las empresas.

Estimados conservadores indican que la burocracia, la ineficiencia, la corrupción, y el uso irresponsable de fondos públicos en nuestras instituciones públicas, generan pérdidas millonarias, valoradas en sobre $1,200 millones anuales.

Como empresario, reflexiono sobre la natimuerta reforma contributiva, y el resultante incentivo reintegrable, y su posible beneficio individual y colectivo en nuestra sociedad. Ciertamente, toda reducción contributiva, aunque sea momentánea y para unos pocos, es necesaria y es bienvenida.

Sin embargo, mientras discutimos una pequeña devolución contributiva, observamos un aumento substancial en las quiebras de individuos y comercios, guiados por los aumentos indiscriminados en los costos de los seguros, las utilidades, y los servicios esenciales provistos por agencias y corporaciones públicas, y las alianzas público-privadas. Simultáneamente, sufrimos una disminución en la calidad y el acceso a los servicios públicos, obligándonos a contratar proveedores y gestores privados para obtenerlos, aumentando nuestros costos.

Abogamos por una reducción significativa en el costo y la burocracia gubernamental que impulse el desarrollo y el crecimiento de las empresas de capital local. Nuestro gobierno podría mejorar su ejecución, con solo reclutar gerentes y supervisores competentes, e implantar sistemas de calidad total altamente probados, para eliminar el desperdicio, múltiples prácticas burocráticas e impuestos obsoletos e irracionales que dificultan el progreso empresarial. Una gerencia y supervisión calificada, es crucial para combatir el despilfarro de fondos públicos en nuestras instituciones gubernamentales.

Los recaudos del gobierno han aumentado significativamente, impulsados por la inflación en todos los servicios y productos esenciales, y es obligatorio replantearnos como devolvemos o reinvertimos este superávit inteligentemente, priorizando en la educación, salud, y el fortalecimiento de nuestras empresas pequeñas. Dato importante: muchos de los que contribuimos en el progreso y transformación de Puerto Rico, fuimos beneficiarios de programas gubernamentales, estatales y federales, que nos facilitaron el acceso a una educación pública de calidad y a la Universidad de Puerto Rico.

Necesitamos fomentar la exportación de bienes y servicios que resulten en la distribución de la riqueza de manera justa y sostenible en los 78 municipios. Puerto Rico es mucho más que el área metropolitana, y sobre 26 municipios están al borde la quiebra. Todos, incluyendo los ayuntamientos mejor administrados, necesitan un empujón.

Como requisito mínimo, nuestro aparato gubernamental debería cubrir internamente gran parte de sus aumentos operacionales, mejorando su eficiencia y efectividad. Tienen sobre $1,200 millones de grasa. Esto les permitiría congelar las tarifas de los servicios básicos, y entre muchos otros, reducir los impuestos en la gasolina, el impuesto de ventas (IVU), los aumentos en los peajes, y las primas del Fondo del Seguro del Estado. Inclusive, anualmente podría distribuir el exceso en los recaudos, en créditos para aquellos que pagan primas y contribuciones, en vez de distribuirlos en bonos extraordinarios, que no se ganaron, a ciertos empleados públicos.

Cada dólar que mantengamos en manos del sector productivo representa más recursos disponibles para reinvertir en los negocios y las comunidades. Al fomentar un entorno que respeta y respalda al empresario responsable, donde todos contribuyen equitativamente, podremos avanzar hacia una sociedad más próspera e inclusiva con mejores oportunidades para todos.

Si realmente deseamos impulsar un desarrollo socioeconómico sostenible, es imperativo promover la verdadera autonomía económica individual y colectiva, impulsando la educación y el trabajo como valores primordiales, mientras reducimos la carga impositiva que representan los servicios básicos gubernamentales sobre los ciudadanos y las empresas.

Cuando todos los componentes de la sociedad, asumimos nuestras responsabilidades ciudadanas con ética profesional y honestidad, ganamos la libertad económica necesaria para tomar decisiones inteligentes, forjar nuestro destino, y prosperar en todas las áreas de nuestra vida.