Ponce - Aunque no puede precisar cuántos agentes tiene la Policía de Puerto Rico, el secretario del recien creado Departamento de Seguridad Pública, Hector Pesquera, consideró que ese cuerpo no cuenta con el andamiaje necesario para cumplir con el proceso de capacitación a los uniformados en el tiempo requerido por el Acuerdo de Reforma Policial.

Las manifestaciones de Pesquera surgieron durante su participación en las vistas de seguimiento a la Reforma de la Policía, proceso que se llevó a cabo hoy en la corte federal de Ponce donde además argumentó, que se requieren cuatro años para que la uniformada pueda levantar su infraestructura y entonces comenzar con el proceso de reformar el organismo.

'No tengo ningún problema de cómo se estaba implementando el Acuerdo; el Acuerdo está escrito y si se sigue como se establece, se va a cumplir. Lo que se tocó en la vista con el juez, es que ese proceso de capacitación vino porque la Policía no estaba equipada como en cualquier policía de Estados Unidos y decirle que en 180 días tiene que hacer esto...', manifestó el secretario de Seguridad Pública sobre el caso número 12-2039 que preside el juez federal Gustavo Gelpí.

'La Policía no estaba equipada para eso, y por eso es el proceso de cuatro años para que le dé tiempo a la Policía a levantar su infraestructura, su entrenamiento, hacerlo todo para entonces empezar con el proceso', acotó Pesquera quien aseguró que su participación en intervenciones policiacas se realizará en operativos grandes y no así en el funcionamiento diario.

Durante el procedimiento judicial, afloraron varias preocupaciones por parte de representantes de organizaciones de derechos ciudadanos, en cuanto al rol de la ahora comisionada de la Policía, Michelle Hernández y la confusión que esto pueda crear en la ciudadanía.

'La seguridad va a estar bajo el departamento (de Seguridad Pública), y es el secretario quien va a tener la función y toda la obligación. La comisionada de la Policía lo que va a ejercer son las funciones diarias, pero la política pública, las normas y la reglamentación van a ser la autoridad del Secretario y eso nos preocupa, porque la reforma de la Policía establece que esas normas se iban a aprobar dentro de la Policía', estableció Georgina Candal Segurola, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico.

'Otra de nuestras preocupaciones son los efectos de la Ley 20 sobre la Reforma, particularmente en asuntos de cómo va a quedar la Academia de la Policía, ya que ahora bajo la Ley 20 va a entrar un Centro de Capacitación pero no se indica si se va a eliminar la Academia de la Policía', indicó Candal Segurola en su ponencia ante el juez federal.

De igual manera se expresó el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al cuestionar la autoridad que pueda tener la comisionada Hernández bajo las disposiciones de la Ley 20.

'Tenemos varias objeciones en cuanto a esta Ley 20, porque creemos que desautoriza a la Superintendencia de la Policía, no está claro el mando, a quién le responden los policías. Eso lo vimos el 1 de mayo (Paro Nacional), y aún no había sido confirmado el Secretario de Seguridad Pública y ahí vimos claramente que eso no funciona', afirmó el director ejecutivo de la ACLU.

Ramírez explicó que durante las manifestaciones del Paro Nacional, no se cumplieron con los protocolos de Uso de Fuerza y Agentes Químicos ya que 'no se dio aviso, que es requerido, de que se iban a utilizar agentes químicos como requieren los protocolos', dijo, al indagar sobre la inclusión del Negociado de Investigaciones Criminales (NIE) dentro de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.

'Es inconcebible que un investigador de un departamento, investigue a la Policía de Puerto Rico donde la última palabra y quien responde por esos actos es el secretario de Seguridad Pública quien a la vez es su jefe', señaló el portavoz de la ACLU.

Por su parte, Alfonso A. Orona Amiliva, principal asesor legal del gobernador Ricardo Roselló extendió una invitación al Departamento de Justicia Federal y al equipo asesor de cumplimiento en el Acuerdo de Reforma, para que se integren al Comité Ejecutivo encargado de implementar la Ley 20, quienes tendrán su segunda reunión mañana martes, 23 de mayo.

'Una de las preocupaciones que tenía el juez para esta vista que era la Ley 20, que de ninguna manera debe haber preocupación. Todo se ha contemplado dentro de las disposiciones de la ley y cualquier otra preocupación que surja en el proceso de implementación va a estar el Comité Ejecutivo', dijo Wanda Vázquez, secretaria del Departamento de Justicia.

La próxima vista pública sobre la Reforma de la Policía se realizará entre agosto y septiembre de este año, según dijo el juez federal Gustavo Gelpí al concluir el proceso.