Ante el repudio masivo generado por los casos de asesinato cometidos por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) de sus parejas, además de los cientos de casos de violencia de genero, el juez federal a cargo del proceso de la reforma policial, Gustavo Gelpí, urgió priorizar los asuntos de salud mental que ocurren en la Policía.

Durante la primera vista de la fase de cumplimiento de la reforma, celebrada en el Tribunal federal de Hato Rey, el director de la Oficina de Psicología de la Policía, Jose Centeno, indicó que en la actualidad cuentan con 15 psicólogos para todas las regiones policíacas. Centeno sostuvo que uno de los problemas suele ser el desgaste por el que pasan los agentes, que puede manifestarse en violencia.

Según indicó, en lo que va de año han ofrecido adiestramientos para evitar el desgaste a 3,218 agentes y 1,433 supervisores. Sin embargo, el juez Gelpí sentenció que la cantidad de psicólogos disponibles es muy poca, aún si el desempeño de estos profesionales lleva a resultados.

'A veces lo mejor lleva a menos', manifestó Gelpí en sala.

La vista de hoy marca el comienzo de la fase de cumplimiento de la reforma policíaca, etapa para la cual Gelpí designó a Alejandro Del Carmen para servir como Master Especial. En adelante, Del Carmen se ocupará de identificar las áreas de incumplimiento que persisten en la Uniformada y hará recomendaciones al juez sobre cómo manejar esos casos.

El juez Gelpí fue enfático que el Master Especial no supone ser un síndico ni podrá llevar directrices directamente a la Policía. Por su parte, el asesor de cumplimiento tecnico (TCA por su siglas en ingles), Arnaldo Claudio, continuará en su rol, pero sus funciones estarán centradas en monitorear los esfuerzos de la Uniformada en el proceso de reforma.

En cuanto el progreso de la reforma, el representante del Departamento de Justicia federal, Luis Saucedo, señaló que en adelante requieren saber las prioridades del Gobierno de Puerto Rico para cumplir con los requisitos de la reforma. En ese sentido, señaló que la Policía aún tiene que reestructurar la Unidad de Drogas, tener mayor contacto con la comunidad y contribuir a la estabilidad de la Academia de la Policía, la cual requiere $2.5 millones en reparaciones tras el paso del huracán María en septiembre de 2017.

Sobre ese particular, el comisionado auxiliar de Educación y Entrenamiento, Orlando Rivera, señaló que el huracán ocasionó daños mayormente al área del comedor. Sostuvo que el seguro ya desembolsó los fondos para esos arreglos y han progresado en un 90%, confiando que la infraestructura de la Academia estará preparada para recibir cadetes el próximo mes de febrero.

Cuestionado por el juez Gelpí sobre el tiempo que tomará entrenar los cadetes, Rivera señaló que en nueve meses deberán graduar nuevos reclutas y añadió que cuentan con más de 500 solicitudes de ingreso.

Por su parte, el principal asesor legal del Gobernador, Alfonso Orona, añadió que la administración continuará sus esfuerzos para llevar la Academia a un modelo de Alianza Público Privada (APP), por lo que anticipó que la clase del próximo año y el proceso de licitación correrán simultáneamente.

Por otra parte, la vista de hoy contó con la participación de las líderes comunitarias Cecilia La Luz y Carmen Villanueva, quienes enviaron al juez una carta para solicitar la creación de un observatorio ciudadano para velar por el cumplimiento de la reforma. Aunque Gelpí vio la idea con buenos ojos, señaló que el no puede autorizar la creación de dicho observatorio sin antes enmendar, junto a las partes, el acuerdo de reforma para incluir ese mecanismo.

Aun así, señaló que el observatorio ciudadano podría crearse mediante legislación u orden ejecutiva. Saucedo, por su parte, tambien favoreció la idea de crear este cuerpo, señalando que la supervisión ciudadana fue clave para la reforma policial del Departamento de la Policía de Los Ángeles.

A pesar que la investigación del monitor sobre los traslados motivados por represalias estuvo incluido en la agenda de la vista, el juez Gelpí determinó no ver ese asunto hoy. Explicó que debido a que hay una investigación federal sobre el uso indebido de helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) por parte de la Oficina del Gobernador, sentenció que el caso no es el foro apropiado para hacer determinaciones finales sobre la controversia.